En medio de fuertes críticas a la política económica de la administración de Mauricio Macri , la oposición convirtió en ley en el Senado, con 37 votos a favor de la norma y 30 en contra, el proyecto que retrotrae el valor de las tarifas a noviembre del año pasado y que ya tiene garantizado el veto del Presidente.
El oficialismo se aferró a denunciar el alto costo fiscal que tendrá la iniciativa, que calificó de ilegal e irracional, y a reivindicar el veto de Macri.
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Salvo un imponderable de último momento, la eventual alianza del PJ que conduce Miguel Pichetto (Río Negro) y el kirchnerismo, más algunas expresiones menores de la oposición, contaba ayer con el número suficiente para sancionar la polémica iniciativa tal cual fue aprobada por la Cámara de Diputados hace tres semanas.
Además de retrotraer las tarifas a sus valores de noviembre último, el texto impulsado por la oposición limita los futuros aumentos de los servicios públicos a la variación de los salarios, eleva de dos a tres salarios mínimos (casi 30.000 pesos) el universo de hogares alcanzados por la denominada tarifa social y ordena la devolución de los incrementos cobrados por las empresas.
Durante el extenso debate, más de 50 senadores se anotaron pata hablar, casi nadie defendió el proyecto opositor, sino que casi todas las intervenciones de la oposición se centraron en criticar la política tarifaria y, sobre todo, el rumbo económico del Poder Ejecutivo.
«Cómo no va a haber emergencia si hay gente que no puede cumplir con lo básico; esto no va a terminar bien», aseguró José Mayans (PJ-Formosa) en el inicio del debate, quien cuestionó «la brutal transferencia de fondos al sector privado» que lleva adelante el Gobierno a través de su política de tasas altas por las letras del Banco Central (Lebac).
Desde el oficialismo se cuestionó la irresponsabilidad fiscal del proyecto, cuyo costo el Gobierno estimó en más de $110.000 millones. «Es demagógico», lo calificó Esteban Bullrich (Pro-Buenos Aires). El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda también dijo que la iniciativa era «inconstitucional, porque interfiere en la facultad de las provincias y al gobierno nacional de fijar el cuadro tarifario» de los servicios públicos.
