A cuatro años de cumplirse la totalidad de la pena, el Tribunal en lo Criminal N°1 de Morón analizará este jueves el pedido de libertad condicional presentado por el padre Julio César Grassi (68), condenado a 15 años de prisión por dos hechos de abuso sexual infantil y corrupción de menores agravados. El creador de la fundación ”Felices los Niños”solicitó que se le conceda el beneficio de su salida anticipada de la Unidad Penitenciaria N°41 de Campana tras alcanzar más de dos tercios de la condena. Sin embargo, el abogado querellante ya anticipó que se opondrá a ese pedido en virtud de la “repercusión negativa” que le generaría a la psiquis de la víctima.
La audiencia judicial para tratar el planteo del sacerdote se llevará a cabo en los tribunales de Morón este jueves 22 de agosto las 11 de la mañana. Por primera vez en un proceso de esta índole, el condenado se representará a sí mismo ante los jueces, el fiscal de ejecución y el particular damnificado. Y es que Grassi se recibió de abogado durante su estadía en la cárcel, por lo que decidió prescindir de los servicios de sus antiguos defensores.
La condena a 15 años de prisión del cura mediático se conoció el 10 de junio de 2009, luego de nueve meses de debate y el testimonio de 130 testigos. Grassi había llegado imputado por 17 hechos, pero los jueces lo encontraron “autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual agravado por resultar sacerdote, encargado de la educación y de la guarda del menor víctima, reiterado en dos hechos, en concurso real entre sí, que a su vez concurren formalmente con corrupción de menores agravada por su condición de encargado de la educación y de la guarda”. Estos ilícitos, cometidos en la fundación, fueron perpetrados “en fecha indeterminada, en la mañana de un día sábado o domingo de la última quincena del mes de noviembre de 1996 y el 7 de diciembre de 1996, en la localidad y partido de Hurlingham (…) en perjuicio de O.A.A.”.
En 2010, la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense desestimó las impugnaciones y confirmó la sentencia condenatoria. Tres años después, la Suprema Corte de Justicia provincial rechazó los recursos extraordinarios y luego la Corte Suprema, en 2017, dejó firme la condena tras declarar inadmisible un planteo presentado por la defensa del religioso. Con la firmeza del caso, se realizó el cómputo de la pena, que se fijó hasta agosto 2026 por aplicación del instituto procesal conocido como “dos por uno”.
Apelación mediante, ese cálculo quedó bajo revisión de la Cámara de Apelaciones de Morón, que en junio del año pasado declaró la inaplicabilidad de ese beneficio y ordenó fijar la culminación de la condena para el 30 de mayo del 2028, computada desde la detención del cura en 2013.
Así las cosas, el padre Grassi ejercerá este jueves su propia defensa para argumentar sus razones respecto del pedido que le dirigió al presidente del tribunal con el fin de que “dicte resolución concediendo mi libertad condicional a la cual me asiste derecho a partir del día 24 de mayo de 2023″. El Código Penal, en su artículo 13, establece que los condenados a prisión por más de tres años con dos tercios de la pena cumplida “podrán obtener la libertad por resolución judicial, previo informe de la dirección del establecimiento -penitenciario- e informe de peritos que pronostique en forma individualizada y favorable su reinserción social”. Ese cuerpo legal también aclara que este beneficio no se aplica para los delitos contra la integridad sexual.
El abogado querellante Juan Pablo Gallego, representante del Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en Argentina (Casacidn), en diálogo con Infobae adelantó que va a rechazar “que se le conceda el beneficio de libertad anticipada” al sacerdote. “En primer lugar, porque el propio Código Penal lo prohíbe cuando se trata de condenados por delitos sexuales. No obstante esa valla insalvable y suficiente para que se dicte el rechazo, voy a fundamentar el pedido en la negativa que tuvo Grassi para ser periciado en este incidente a fin de determinar cómo se asume actualmente como pedófilo y autor de los delitos por los que fue condenado”.
El letrado también fundará su negativa a la solicitud del condenado “en el informe del Servicio Penitenciario que no lo considera apto para una externación”. También se apoyará en “la presentación de la víctima y la certificación psiquiátrica del daño que le fue causado por Grassi y la repercusión negativa que tendría en su psiquis la obtención de este beneficio indebido por parte de su victimario”.
“Estas razones me convencen de que resulta imprescindible el cumplimiento estricto de la pena fijada”, concluyó.
Además del querellante, formará parte de la audiencia el fiscal de Ejecución Mario Ravizzini. El padre Grassi será trasladado hasta la sede judicial desde el pabellón N°6 de la Unidad Penitenciaria N° 41 de Campana, sector donde se alojan los presos con buena conducta.
