Dicen que «no todo lo que brilla es oro», en efecto, en estos momentos la joya más preciada del Gobierno es el petróleo de Vaca Muerta. Sin embargo, esta «promesa» para la Argentina tiene un lado muy oscuro, aquel del que prefiere no hablar ni el oficialismo y mucho menos YPF.
Tras el derrame de gas no convencional y petróleo que duró 36 horas desde el viernes 19 de octubre en el pozo Bandurria Sur del yacimiento de Vaca Muerta, YPF reportó «un episodio de surgencia de agua, gas y lodo base agua ocurrido el pasado viernes 2 en un pozo convencional en el yacimiento Loma La Lata», en la localidad de Añelo, parte de la cuenca neuquina, aunque recién lo informó ayer y lo hizo sin dar detalles del impacto ambiental del derrame.
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Confederación Mapuche Neuquina ya presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal neuquino para que se investiguen las responsabilidades penales por el derrame en el Yacimiento Bandurria Sur, que opera YPF.
Greenpeace apoyó la denuncia realizada por estas organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos que busca responsabilizar a los funcionarios públicos del área de ambiente, así como al secretario de Estado, Jorge Lara y el subsecretario de ambiente Juan Lucchelli.
En la misma se exige también una investigación exhaustiva sobre las responsabilidades penales de YPF y sus directivos.
Según detalla Greenpeace, el impacto cobró, como mínimo, un área de 85 mil metros cuadrados, equivalente a 8 canchas de fútbol, a sólo 11 kilómetros de la localidad de Añelo en Neuquén. Sin embargo, a dos semanas del derrame cuando, de acuerdo a información de la empresa a cargo, un pozo no convencional quedó fuera de control durante 36 horas, se informó otro incidente en Neuquén, esta vez en Loma La Lata, mientras se realizaban trabajos de terminación de un pozo convencional.
Según Leonel Mingo, vocero de la campaña de energía en Greenpeace, «lamentablemente este no es el único impacto del fracking, verdugo del ecosistema patagónico. Los últimos incidentes provocarán serios problemas ambientales, por eso desde Greenpeace apoyamos esta denuncia. Más petróleo equivale a más contaminación, contribuye al cambio climático provocando sequías e inundaciones cada vez más intensas y frecuentes que afectan a los argentinos y los recursos del país.»
La denuncia se fundamenta en la Ley Nacional N° 24.051 de Residuos Peligrosos, que incorporó en el Código Penal Argentino la figura de los delitos o crímenes ambientales, «para el supuesto de quien, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general». La Ley establece además, una responsabilidad especial cuando la contaminación sea producto de imprudencia o negligencia o por impericia en el propio arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas.
Asimismo, se destaca que «cuando alguno de los hechos se hubiesen producido por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o, representantes de la misma que hubiesen intervenido en el hecho punible, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales que pudiesen existir.»
Dos derrames de YPF en menos de un mes
YPF reportó ayer «un episodio de surgencia de agua, gas y lodo base agua ocurrido el pasado viernes 2 en un pozo convencional en el yacimiento Loma La Lata», en la localidad de Añelo, parte de la cuenca neuquina. No dio, como se mencionó anteriormente, detalles del impacto ambiental del derrame.
Según informó la agencia ‘ANRed’, la empresa, que depende del Gobierno nacional, comunicó que «investiga las causas de un episodio de surgencia de agua, gas y lodo base agua ocurrido el pasado viernes en un pozo convencional en el yacimiento Loma La Lata». Asimismo, informó que «el producto derramado, una mezcla de lodo base agua y gas, se contuvo mayormente dentro del perímetro de la locación», que «se calcula que el volumen fue de 0,6 metros cúbicos» y que «no hubo afectaciones de ningún tipo al personal».
También agregó que «una vez controlada la situación, se iniciaron los trabajos de caracterización, limpieza y remediación de la locación y el entorno. Al mismo tiempo, se dio aviso a las autoridades de aplicación». Pero la empresa no dio detalles sobre el impacto ambiental del derrame.
Es el segundo hecho en menos de un mes en un yacimiento explotado por la petrolera estatal en Neuquén.
El anterior fue ocultado por varios días tanto por el gobierno de Mauricio Macri como por la empresa YPF, hasta que tomó estado público a partir de videos tomados por la población local que empezaron a circular en las redes sociales.
Recién ahí YPF salió públicamente a reconocerlo y sostener que fueron afectadas 45 hectáreas, mientras que las organizaciones ambientalistas FARN y Greenpeace difundieron imágenes satelitales que demostraban que el área afectada era equivalente a más de 80 hectáreas.
A los pocos días se conocieron también más imágenes que demostraban el gran impacto ambiental que tuvo el derrame en la zona. En esas fotos se puede apreciar a un tractor de YPF trabajando en medios de auténticas la gunas, pequeños riachuelos y piletones repletos de petróleo.
«Las petroleras están demostrando total incapacidad en la protección del medio ambiente en la Patagonia. El viernes pasado, YPF y la chilena ENAP fueron responsables del mayor derrame de petróleo en los últimos veinte años de Chile; ahora, la empresa argentina junto a su socia Schlumberger derraman petróleo en el núcleo de uno de los proyectos petroleros que mayor impacto podrían tener en el cambio climático: Vaca Muerta. La era de los combustibles fósiles debe llegar a su fin», concluyó Mingo.
Santiago Cané, coordinador de asuntos legales de FARN, señaló: «Con el afán de bajar los costos de producción y de continuar con la extracción de hidrocarburos a cualquier precio, las autoridades desconocen sus obligaciones, ocultan los peligros que provoca la actividad y subestiman sus riesgos, provocando estos desastres.»
También en ese momento el Observatorio Petrolero Sur recordaba que YPF tiene un «historial de no proveer la información adecuada» en este tipo de casos, como cuando en octubre de 2016 en una explotación que la empresa tiene en la localidad de Allen, Neuquén «tuvo un derrame en la locación donde se encuentran los pozos gasíferos EFO 360 y 362. El hecho ocurrió en octubre del 2016, pero se conoció varias semanas después».
O como el derrame sucedido en 2014 en la ciudad de Neuquén donde «una pileta clandestina de una planta de tratamiento de residuos petroleros cedió y una calle se convirtió en un río de hidrocarburos. Entonces se aplicó un multa de $ 2.100.000 que todavía no se cobró».
