El juez Ercolini decidió mandar a juicio oral a Cristóbal López y Echegaray


El 28 de abril pasado, la Cámara Federal de Casación Penal, en voto dividido y en tiempo récord, había ordenado la segunda detención de López (había sido liberado el 16 de marzo) y su procesamiento por “administración fraudulenta agravada”, por la evasión de ocho mil millones de pesos, que la petrolera Oil Combustibles recaudó como agente de retención del impuesto a los combustibles líquidos.

En aquel entonces, hace ya casi un mes y medio, en las puertas de la corrida cambiaria de mayo que obligó a la alianza gobernante a recurrir una vez más la FMI, los jueces Gustavo Hornos y Eduardo Riggi consideraron que, mediante una “compleja maniobra delictiva”, los imputados desviaron plata que debían entregar a la AFIP y la usaron para financiar al Grupo Indalo. El agravamiento de la acusación mediante el cambio de carátula, pedido el día anterior por el fiscal Raúl Pleé, incluyó en la causa al ex titular de la AFIP, aunque en su caso no se ordenó la prisión preventiva. La jueza Ana María Figueroa, en disidencia, consideró que no había ningún motivo que justificara la intervención de Casación y priorizó “respetar el debido proceso y las garantías constitucionales y convencionales”.

Caras visibles del Grupo Indalo, que incluye a uno de los pocos canales (C5N) con espacios críticos al gobierno de Mauricio Macri, López había sido detenido el 20 de diciembre pasado por orden del juez federal Julián Ercolini, quien les había negado la libertad a pesar de que los delitos de los que eran acusados eran excarcelables.

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