Es por la adjudicación de una obra por parte del municipio que comanda Sebastián Balochi a la empresa «Ledesma y Cía. SRL», para la construcción de una Escuela de Artes y Oficios.
Por pedido de la fiscal Laura Castagno, el juez Jorge Novarino resolvió formalizar la investigación preparatoria de juicio contra el intendente Sebastián Balochi; el secretario de obras públicas Rubén Camarda y el ex asesor contable, Daniel Miguenz, como presuntos autores del delito de abuso de poder.
La causa penal se inició en 2016. Los investigadores reformularon la calificación legal. Se trata de la adjudicación de una obra a la empresa “Ledesma y Cía. S.R.L”, para la construcción de una Escuela de Artes y Oficios.
La audiencia de apertura de la investigación se desarrolló en la sala de audiencias de la oficina judicial. El juez Novarino se conectó mediante el sistema webex. En forma presencial asistieron la fiscal Castagno y el abogado Mateo Roscio en representación de la Municipalidad de Sarmiento.
En la ocasión, la fiscal Castagno explicó que había solicitado la audiencia en razón de haber modificado la plataforma fáctica y también la calificación jurídica de la causa iniciada en 2016, publica hoy el diario El Patagónico.
En este sentido, sostuvo que los hechos a investigar son los registrados entre los meses de mayo y diciembre de 2015, consistente en el incumplimiento deliberado por parte de los imputados de los deberes previstos en la Ordenanza 049/12, más precisamente en sus artículos 4, 19 y 26.
A ello, agregó que el artículo 4 de esta norma establece que: “corresponde al Concejo Deliberante autorizar la contratación de ejecución de obras públicas municipales, su conservación y mantenimiento. En el acto de autorización el Honorable Concejo Deliberante establecerá las modalidades de contratación y aprobará el pliego de bases y condiciones dentro de lo establecido en la ley XVI n. 46”.
Se modificaron bases y condiciones
Por otra parte, el artículo 19 de la Ordenanza N° 49/12 postula que: “no serán tomadas en cuenta las propuestas que modifiquen las bases y condiciones de la licitación, por ventajosas que sean”. Finalmente, el artículo 26, último párrafo, dice: “En todos los casos la oferta seleccionada deberá ajustarse a las bases y pliegos de la licitación”.
Según los investigadores, la Licitación Pública N° 01/15 fue llevada adelante por Sebastián Balochi y Rubén Camarda -ambos en su carácter de Intendente y Secretario de Coordinación de Gabinete- y Daniel Miguens, como Secretario de Hacienda.
Esta contratación tiene por objeto la construcción de una Escuela de Artes y Oficios Municipal. La obra fue adjudicada mediante Resolución N° 1206/15 la Empresa Ledesma y Cía. S.R.L, luego que se realizará un primer llamado -declarado desierto- y se realizará una prórroga del plazo.
Castagno afirmó que esta adjudicación se realizó por un monto mayor al originario. El Ejecutivo municipal aceptó la modificación de los pliegos de bases y condiciones, autorizando un importante incremento.
Así las cosas, para la representante del Ministerio Público Fiscal se incumplió con lo previsto en los artículos 19 y 26 de la Ordenanza N° 49/12.
En este marco, manifestó que el Ejecutivo Municipal realizó el pago del anticipo financiero a favor de la empresa adjudicada, consistente en el 20 % del monto de la licitación. Este pago fue afrontado por dinero proveniente de las arcas municipales, a pesar que dicho proceso licitatorio no contaba con la autorización del Concejo Deliberante.
Según la investigadora, Balochi, Camarda y Miguens omitieron deliberadamente cumplir con los deberes impuestos en la referida normativa. Por último, la representante de la fiscalía indicó que la calificación legal de la conducta que se atribuye a los imputados, es la de presuntos autores del delito de abuso de autoridad.
