Exhaustivo análisis de los balances de productoras, transportistas y distribuidoras de gas. Las empresas gasíferas tuvieron ganancias extraordinarias el año pasado y en la primera mitad de este ya ganaron más que en todo 2017. Únicas beneficiadas por el shock tarifario del Gobierno, también consiguieron socializar el impacto negativo de la devaluación
Han registrado ganancias anuales abultadas y hasta algunas contabilizaron en el primer semestre de este año utilidades superiores al total del año pasado. Todas las empresas que conforman el complejo gasífero se están beneficiando de la política de shock de tarifas que aplica el gobierno de Macri. No sólo están cobrando por el servicio público de provisión de gas un valor desproporcionado en relación a los ingresos de la mayoría de la población y del estado de situación de pequeños y medianos comercios e industrias. También han conseguido socializar el impacto negativo de la devaluación en su cuadro de resultados. Lo han logrado pese a que son productoras de gas, transportistas y distribuidoras que han acumulado ganancias fabulosas el año pasado y en la primera mitad de este año.
El diario PáginaI12 analizó cada uno de los balances de empresas del complejo gasífero presentado en la Bolsa de Comercio. El saldo en 2017 es impresionante.
Seis distribuidoras (son nueve las que integran la red nacional) que cotizan en la Bolsa, lo que permite conocer los números de los respectivos ejercicios económicos, registraron utilidades totales por 4379,4 millones de pesos.
Las dos transportistas (TGS y TGN) ganaron en conjunto 3635 millones de pesos.
De las seis productoras dominantes en el mercado, cuatro (YPF, PAE, Tecpetrol y Pampa) sumaron un resultado neto de 21.462 millones de pesos (las otras dos, Total Austral y Wintershall no cotizan en la plaza bursátil local).
En total, el año pasado, el complejo gasífero que puede ser analizado con balances de acceso público anotó una ganancia global de 29.476,4 millones de pesos.
La impactante magnitud de esas utilidades queda expuesta cuando son comparadas con las del año anterior. Las distribuidoras habían perdido en conjunto 805,5 millones de pesos; las transportistas habían ganado apenas 671 millones; y esas cuatro petroleras habían perdido 21.558 millones de pesos. Los balances 2016 de Metrogas –controlada por YPF–, Camuzzi Pampeana, Camuzzi Sur, TGN y de YPF explican en gran medida esos saldos negativos; el resto tuvieron ganancias. En ese año empezó a impactar los aumentos de tarifas, lo que explica la relativa mejora en la mayoría de los ejercicios, para luego contabilizar utilidades fabulosas en 2017.
En la primera mitad de este año, pese a la devaluación, todas las empresas (menos Metrogas) de cada uno de los tres eslabones del complejo gasífero han registrado ganancias, y varias por encima del total del año anterior. Igual reclamaron la compensación por el dolarazo macrista, que el gobierno concedió.
Tarifazo
Juan José Aranguren (ex CEO de Shell) fue como ministro de Energía el responsable del diseño de un esquema tarifario muy beneficioso para las compañías. Marcó un sendero de ajuste alcista abusivo de los consumidores, además de dolarizar las tarifas. Su reemplazante, Javier Iguacel (ex vicepresidente de Pluspetrol), buscó hacer leves retoques en el margen de ese cuadro para evitar tarifazos aún más desmedidos. En vez de un aumento del 75 por ciento, pactó un alza del 50 por ciento a partir de este mes, aunque fue presentado en sociedad como un incremento promedio del 35 por ciento. Con ese aumento ya aprobado, como explicó en detalle en este diario Fernando Krakowiak, el tarifazo de gas acumula 1600 por ciento desde fines de 2015. Iguacel insiste con que las tarifas de gas subirán 35 por ciento en promedio, sin aclarar que para las dos categorías de menor consumo, que concentran el 55 por ciento de los clientes, el alza en el Área Metropolitana llega al 50,4 por ciento y en un año acumula un incremento de 218 por ciento.
El castigo
En la persistente tarea de castigar a los usuarios, Iguacel anunció el recorte de la tarifa social que Aranguren había introducido al comienzo de su gestión, para atenuar el impacto del tarifazo en los sectores de menores recursos. Además, eliminó la bonificación de 10 por ciento para los usuarios residenciales que pudiesen reducir su consumo un 20 por ciento respecto al mismo período de 2015.
El anuncio que los usuarios debían compensar a las empresas por la devaluación un monto a pagar en 24 cuotas se dio en ese contexto de nueva ronda de tarifazos, recorte de la tarifa social y quita del beneficio por ahorro. Sólo funcionarios que se ocupan de cuidar el negocio de las empresas energéticas pueden avanzar sin inhibiciones en ese combo de medidas regresivas.
La propuesta original del secretario de Energía que sigue actuando como si fuera ministro, Javier Iguacel, era que los usuarios de gas transfirieran a las empresas unos 10 mil millones de pesos en 24 meses, con intereses, para compensarlas por el aumento del tipo de cambio en el primer semestre del año. Ante la reacción social y política a ese despropósito, y el mismo día que el presidente Macri había avalado esa medida, el Gobierno informó que el Estado se hará cargo de esa cuenta.
Sin que el directorio del Fondo todavía haya aprobado el acuerdo que incluye la promesa oficial de déficit cero, esa decisión para preservar los extraordinarios márgenes de ganancias de las gasíferas, pone en tensión la relación con el organismo financiero internacional del que depende la economía macrista. El ministro Nicolás Dujovne tendrá que convencer a los técnicos del FMI de que hará recortes en otras partidas para liberar esos recursos para las gasíferas.
Esta medida refleja que el Gobierno ordena su gestión con la primordial tarea de cuidar los intereses de las gasíferas y que, ante la resistencia social a convalidar otra vuelta del ajuste, retrocede un poco, aunque si descuidar la ecuación económica de las empresas porque ahora la cuenta será cargada al fisco. Esa protección no tiene una raíz ideológica o tecnocrática basada en una concepción ortodoxa, sino que exhibe por su rusticidad en la elaboración de las resoluciones la misión de hacer cada vez más rentable el negocio de amigos, allegados o socios del macrismo. Los nombres de los dueños de empresas energéticas lo deja en evidencia: Nicolás Caputo (distribuidoras Cuyana y del Centro), Marcelo Mindlin (Pampa Energía y TGS), Paolo Rocca (Distribuidora del Litoral, TGN y Tecpetrol), Alejandro Macfarlane (Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur).
Injusto y regresivo
El argumento básico, para justificar el aumento desproporcionado, injusto y regresivo de las tarifas de gas, dice que existe una pauta de consumo de derroche en los hogares. El presidente Mauricio Macri encabeza esa cruzada repitiéndolo una y otra vez cuando no existe evidencia empírica ni respaldo en investigaciones en el área energética para sostener esa afirmación. En la defensa enfática de garantizar ganancias extraordinarias a conglomerados energético vía tarifazos, el Gobierno carga la responsabilidad de los aumentos en sectores vulnerables, desde clases medias y bajas hasta pequeños y medianos comercios e industrias.
La demanda de gas natural está definida por la temperatura, por eso es mayor en las provincias más frías, y es bastante inelástica respecto de los cambios tarifarios y el nivel de ingreso. Esto último significa que la utilización de gas no sube o disminuye significativamente según el nivel de la tarifa y el monto de los ingresos de los hogares.
Esto queda claro en los balances generales de las dos gasíferas de Nicolás Caputo, el “hermano del alma” del presidente Macri, Distribuidora Gas del Centro, que presta el servicio público de distribución de gas natural por redes en Córdoba, Catamarca y La Rioja, y Distribuidora Gas Cuyana, Mendoza, San Juan y San Luis. En la primera firma, el volumen total de gas entregado el año pasado “disminuyó 2,56 por ciento respecto a 2016” por distintos factores. Uno de ellos fue “debido a una crónica térmica más cálida para el año 2017”. Ambas compañías contabilizaron ganancias crecientes. La primera anotó 770,5 millones de pesos el año pasado, cuando en el anterior había registrado 141,6 millones; mientras que la otra ganó 588,5 millones, cuando un año antes la utilidad había sido de 136,6 millones. El saldo en el primer semestre de este año ha sido excepcional para ambas distribuidoras: ganancias por 608,9 y 544,2 millones de pesos, respectivamente, casi el mismo monto que el registrado en todo 2017.
Devaluación
El recorrido por los ejercicios anuales presentados en la Bolsa de Comercio, eligiendo firmas representativas de diferentes eslabones de la cadena energética, permite observar las utilidades originadas por el tarifazo y a cuáles de ellas el dolarazo tuvo un mayor impacto.
Gas Natural BAN, controlada por los españoles de Gas Natural Fenosa, es la segunda distribuidora del país en cantidad de clientes (5,5 millones) y participa del 14,8 por ciento del total de ventas del mercado residencial y comercial. En 2017, ganó 543 millones de pesos, y en el primer semestre de este año, 568,6 millones. Sin deuda en dólares de relevancia, la megadevaluación macrista no la afectó.
En 2017, TGS (Mindlin) ganó 2793 millones de pesos, un 200 por ciento más que los 930 millones del año anterior. En el primer semestre de este año, acumula una utilidad de 2835 millones –más que todo lo registrado en 2017–, pese a tener un resultado financiero muy negativo, de 1688 millones de pesos, porque la devaluación recortó esa ganancia fabulosa. En el balance explica que, pese a que la deuda de TGS está denominada en dólares, no evaluaron necesario “contratar instrumentos de cobertura de moneda”. O sea, fue una decisión propia de la compañía no cubrirse de una eventual devaluación, incluso informó que su apuesta financiera fue en pesos. Detalla que “durante 2017, considerando el alto nivel de liquidez de la Sociedad a lo largo del ejercicio y aprovechando las tasas reales positivas, una considerable parte de las disponibilidades fue destinada a colocaciones denominadas en pesos”.
Una situación similar se puede observar en Camuzzi Gas Pampeana (Macfarlane). El año pasado ganó 824,9 millones de pesos, y en el primer semestre de este año, apenas 98,6 millones. Esa caída del resultado positivo se debió a que por la devaluación contabilizó en el ítem diferencia de cambio neta una pérdida de 517 millones de pesos.
Otra empresa que recibió de lleno el golpe de la devaluación fue Metrogas. En 2017, ganó 774,8 millones, cuando un año antes tuvo una pérdida de 604,4 millones. En el primer semestre de este año, las pérdidas ascendieron a 2200 millones de pesos. Con deudas en dólares de corto plazo, el ajuste de la paridad de 20 a casi 40 pesos por dólar implicó una diferencia de cambio negativa sobre pasivos financieros de más de 2000 millones de pesos y sobre la deuda comercial de 1000 millones de pesos. Metrogas compró contratos dólar futuro, lo que le reportó una ganancia de 447 millones de pesos en ese período, suma que no le alcanzó para compensar el quebranto general. La deuda en dólares le genera una situación crítica. El 8 de febrero pasado, Metrogas instrumentó un préstamo no garantizado por 250 millones de dólares, a 36 meses, con la exigencia de compromisos en cuanto a indicadores financieros, que a mitad de año no pudieron ser cumplidos. Los acreedores la perdonaron, manteniendo el plazo de repago trimestral de la deuda a partir de febrero próximo. El 70 por ciento de Metrogas está en manos de YPF y está en venta, operación que está siendo manejada por el Citibank. Cuatro empresas pujan por ese paquete accionario: CGC, la petrolera de Corporación América, el holding que encabeza Eduardo Eurnekian; Integra, una firma encabezada por José Luis Manzano; Camuzzi, controlada por Disvol de Alejandro Macfarlane, y Gas BAN.
Más balances
Transportadora de Gas del Norte, controlada por el grupo Techint, reportó ganancias de 842 millones de pesos el año pasado, y en el primer semestre de éste anotó utilidades por 371 millones. Ese monto hubiera sido mucho más abultado si no fuera por las pérdidas de 1246 millones de pesos por resultados financieros. En el balance deja constancia que es una firma que está “expuesta al riesgo de tipo de cambio”, siendo que la mayor parte de sus ingresos están denominados en pesos y parte de sus costos y la totalidad de la deuda financiera es en dólares. La firma de la familia Rocca amenaza con que, “si se diera el caso de una devaluación o inflación significativa, sin un adecuado ajuste de las tarifas, la Sociedad podría enfrentar dificultades en honrar sus compromisos financieros”. Después aclara que parte de las inversiones están colocadas en instrumentos financieros que se ajustan por la variación del dólar o están directamente emitidos en dólares, “lo que permitiría paliar parcialmente el riesgo devaluatorio”. Calcula el impacto potencial en el estado de resultado de cada punto porcentual de devaluación del peso, que representaría aproximadamente una pérdida de 23 millones de pesos, considerando que otras variables económico-financieras relevantes para la compañía se mantuvieran constantes.
Los ejercicios de estas compañías muestran que fueron decisiones propias, en base a la evaluación que hicieron sobre la marcha de la economía, qué hacer con sus recursos, cómo protegerse ante alteraciones en el mercado cambiario y cuáles fueron las opciones elegidas de inversiones financieras. Estudiando los balances de las empresas, que permiten descubrir cómo son manejadas, aparece con nitidez que ni los usuarios ni el Estado tienen que “compensar” a las empresas del complejo gasífero por una devaluación.
