El tiempo apremia. Solamente quedan 9 días hábiles para que finalicen las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, el 30 de noviembre. Por eso el Gobierno sabe que su proyecto para eliminar las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) juega contrarreloj. Como todavía no se decidió el llamado a Extraordinarias, lo más probable es que este martes ya se envíe, a sabiendas de que lograr un dictamen para su tratamiento será complicado, más aún con el Presupuesto 2025 trabado.
Además de prescindir de las PASO, vigentes desde 2009, se impulsa una modificación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos con el propósito de mejorar su representatividad y algunas modificaciones de relevancia en lo referido al financiamiento que reciben los partidos.
La decisión que adoptó el Ejecutivo no cayó bien en los sectores de la oposición dialoguistas, quienes se quejaron de la falta de un consenso previo que permita avanzar sobre el tema. Desde la bancada del PRO, por ejemplo, recordaron que ya habían presentado su propia iniciativa que consistía principalmente en quitarles a esos comicios el carácter de obligatorios.
“Nos llama la atención que el Ejecutivo anuncie ahora que enviará un proyecto de eliminación de las PASO, a menos de un mes de la finalización del período ordinario de sesiones. Quedando su tratamiento inevitablemente para el año próximo. Siempre sostuvimos que no es correcto cambiar las reglas de juego en años electorales”, explicaron desde ese espacio.
Aunque no es una regla que figure por escrito, en el ambiente legislativo consideran que tratar proyectos cuyo objetivo es modificar el sistema electoral en años de elecciones no es conveniente.
Una de las reuniones que encabezaron Karina Milei y el vicejefe de Gabinete, Lisando Catalán, con diputados dialoguistas en la Rosada.
Un punto en el que sí hay coincidencias es el de “la austeridad que se suele usar en este tipo de iniciativas y justamente por eso desde nuestro espacio siempre impulsamos la Boleta Única de Papel (BUP)”, señalaron. De acuerdo a sus cálculos “con la reciente sanción de la BUP, estábamos ahorrando un 61% en impresión de boletas respecto a la PASO 2023 (costaron $11.360 millones de pesos según un informe de CIPPEC vs los 6.900 millones que está estimando con BUP la DINE para estar año)”.
La denominada Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral, “propone eliminar el régimen de Primeras Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), modificar la Ley Orgánica de partidos políticos y modificar el sistema de financiamiento”, según adelantó el viernes el vocero presidencial Manuel Adorni. Resaltó, además, que las PASO – hasta el momento- “han funcionado como una encuesta millonaria al servicio solo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos”.
Adorni destacó que en las últimas Primarias el desembolso que debió hacer el Estado superó los 45 mil millones de pesos. Otro de los argumentos que esgrime el gobierno libertario es que muy pocas agrupaciones políticas lo utilizan para determinar a sus candidatos. “Por otro lado, se va a modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos con el objetivo de mejorar su representatividad y evitar los famosos sellos de goma partidos políticos cuyo único objetivo es el recaudatorio”, agregó el funcionario.
En lo que atañe al financiamiento el Gobierno propone que haya aumento de topes de aportes privados, que se eliminen los espacios de publicidad electoral que por ley tenían que ceder los medios de comunicación a los partidos y la eliminación del financiamiento público para las campañas. El único aporte que quedaría vigente sería por año, proporcional a los resultados electorales. Además establece que la prohibición de hacer encuestas se reduzca de los 8 días a los 3 días anteriores de la elección y la creación de la figura del fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral.
Si a pesar de las primeras voces que se elevaron en contra de la iniciativa el Gobierno consigue la sanción, todas las medidas comenzarían a regir “de forma automática”, con injerencia en las elecciones legislativas de medio término previstas para octubre de 2025. Los partidos igualmente tendrían unos meses más, hasta junio de 2026, para adecuarse a los nuevos requirimientos.
