Tal como estaba previsto, este lunes el Gobierno nacional prorrogó por otros 60 días la normativa que agilizó los trámites y la homologación de las suspensiones de trabajadores sin tareas durante la cuarentena, con una rebaja del 25 por ciento en sus salarios. La medida se hizo efectiva a través de la Resolución 475/2020, publicada hoy en el Boletín Oficial.
Esta decisión, firmada por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, había sido acordada días atrás entre las autoridades nacionales, empresarios y sindicalistas ante el vencimiento del convenio original, que estuvo en vigencia hasta el primero de junio pasado.
El acuerdo estableció que las empresas podrán solicitar la suspensión de aquellos empleados que no puedan cumplir ninguna tarea como consecuencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio. En este caso, las compañías les deberán abonar una prestación no remunerativa equivalente al 75% del sueldo neto.
Para justificar esta medida, el Gobierno adjuntó a esta Resolución una carta firmada por los representantes de la CGT, Héctor Daer, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez y Antonio Caló, y los de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo y Daniel Funes De Rioja.
En ese texto, los dirigentes le solicitaron al ministro Moroni continuar con este convenio “con el objeto de preservar los puestos de trabajo existentes y garantizar a la sustentabilidad de las empresas en serios problemas económicos” por la pandemia del coronavirus y sus efectos.
Ambos organismos coincidieron en que algunas medidas adoptadas por el Gobierno en este contexto, como la cuarentena, “generan un funcionamiento anómalo del sistema productivo y la prohibición de desarrollar diferentes actividades económicas”.
Por esta razón -señalaron- se promovió “el dictado de normas instrumentales en relación a la posibilidad de acordar la forma de garantizar el mantenimiento de ingresos laborales y puestos de trabajo a aquellos trabajadores que no pudieran prestar tareas”.
“Analizada la marcha de las medidas, el impacto favorable para trabajadores y empresas, el sostenimiento de los puestos laborales, la protección social derivada de la conservación de la relación de trabajo y teniendo en cuenta que en los próximos días vence el acuerdo por el agotamiento del plazo establecido, entendemos que resulta necesario promover el dictado de nuevas normas que sostengan los lineamientos oportunamente propuestos como pautas razonablemente posibles de protección así como su ágil implementación en todo el territorio nacional para preservar las unidades productivas con su dotación de empleo, evitando de este modo, tanto las desvinculaciones de personal como el cierre de las empresas”, remarcaron la UIA y la CGT.
En este sentido, consideraron necesario “renovar por 60 días la vigencia de las herramientas que se utilizaron” hasta el momento, principalmente aquella que agiliza la homologación de las suspensiones para empleados sin tareas.
“Una vez más y por no corresponder a éstas partes la elaboración, redacción o adecuación de los instrumentos idóneos para plasmar esta petición en un cuerpo normativo, solicitamos por intermedio del Sr. Ministro al Poder Ejecutivo canalice la formalidad por ante quien corresponda”, finalizó la carta.
Este tema ya había sido tratado durante la reunión que tuvieron el jueves pasado el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y la cúpula de la CGT en la Casa Rosada. La comitiva sindical para ese encuentro estuvo integrada por los cotitulares de la central obrera, Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña(estaciones de servicio), más Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (construcción) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias).
El encuentro se produjo apenas 24 horas después de uno similar que el funcionario nacional tuvo con el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, un rival de la conducción de la CGT que antes de reunirse con De Pedro había criticado a sus colegas cegetistas: «Los que firmen rebajas salariales tendrán que rendirles cuentas a sus afiliados”, advirtió.
