La Secretaría de Energía ultima los detalles para reducir el beneficio fiscal que les da a las productoras de gas; ya no se les garantizará un precio base sobre el gas extraído.
A casi un mes de que asumió como secretario de Energía, Gustavo Lopetegui está ultimando los detalles del principal cambio que impulsará en el sector. En concreto, el exvicejefe de Gabinete mantiene constantes reuniones con las empresas productoras de gas para anticiparles lo que será un cambio en las reglas de juego que rigen en Vaca Muerta.
«Es la opción menos mala», admiten algunos actores del mercado. La otra alternativa no es vista con buenos ojos por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Consiste en mantener los contratos a costa de que sigan aumentando los subsidios en dólares que el Estado paga al sector.
Para este año, el Gobierno tiene estimado destinar en subsidios al gas US$2464 millones, lo que igualmente significa un desembolso de más de US$211 millones sobre 2017, según datos oficiales.
En pos de cumplir con la meta de déficit fiscal cero, en el Ministerio de Hacienda no quieren tener sorpresas. Es por eso que la Secretaría de Energía, ahora bajo la órbita de ese ministerio, avanza en cambios en la resolución 46, que es el esquema de subsidios que ideó a comienzos de 2017 el entonces ministro Juan José Aranguren para incentivar proyectos de extracción de gas no convencional -conocido como shale o tight gas-.
Nadie imaginó entonces la productividad que tendrían los pozos de Vaca Muerta. Tecpetrol, por ejemplo, la petrolera del grupo Techint, obtuvo los beneficios del subsidio al presentar su plan del yacimiento de Fortín de Piedra. Tras una inversión de US$1800 millones, en menos de dos años la producción que inició desde cero a comienzos de 2017 ahora produce 13 millones de metros cúbicos por día. Es cerca del 30% de la producción total de gas no convencional.
«El éxito nos condena», es otra frase que circula en el sector. La mayor oferta de gas impactó de lleno en las finanzas del Estado. La resolución 46 le garantizaba a la empresa que recibe el subsidio un precio base, que tenía un sendero a la baja de US$0,50 cada año. Para 2019, el valor estaba fijado en US$7 el millón de BTU (medida que se utiliza en el sector). Es decir, el Gobierno desembolsaba la diferencia entre el precio del mercado y esos US$7.
Por lo tanto, a medida que aumentó la producción, no solo el subsidio creció por cantidad, sino que el precio del mercado también cayó al haber más oferta. Esto generó una mayor diferencia entre el valor del mercado y el precio mínimo garantizado.
En la nueva resolución 46 que está trabajando la Secretaría de Energía, la producción subsidiada estará limitada a la cantidad inicial declarada por las empresas al solicitar los beneficios fiscales. De esta forma, el Estado tendrá una mayor precisión del monto que desembolsará este año y no estará sujeto a la productividad del pozo.
Para el cálculo, otro cambio que será fundamental será el de eliminar el precio base. El mecanismo del sendero se respetará, pero esta vez se establecerá un subsidio fijo sobre el valor de mercado. En este caso, la petrolera recibirá US$2,50 este año, US$2,25 en 2020 y finalizará en US$2 en 2021, como anticipó el portal EconoJournal.
La modificación es necesaria para implementar luego el mecanismo de subastas para la compra de gas por parte de las distribuidoras, que el Gobierno ya convocó para mediados de febrero.
Sucede que el precio base que se les asegura hasta ahora a las empresas distorsiona el sistema que quiere implementar la cartera de Energía, ya que las incentiva a ofertar un precio muy bajo en la subasta para ganar el contrato. Luego, de seguir el esquema actual el Estado les debería pagar la diferencia hasta llegar a los US$7.
Con el precio actual de mercado de US$4,56 el millón de BTU, el subsidio que daría el Gobierno de US$2,50 equivaldría a los US$7 actuales de la resolución.
El costo de importar gas -algo que se deberá hacer, ya que la producción no alcanza a cubrir la demanda en invierno- se sitúa entre US$7,50 y US$8, que es lo que cuesta el insumo en el exterior, junto con la licuefacción (el paso del estado gaseoso a líquido), el traslado al país en barco, y la posterior regasificación.
Una alternativa que está en discusión es quitar el tope del subsidio a la producción en los meses de invierno, como una manera de incentivar la inversión. El problema ocurrirá nuevamente el verano que viene, cuando la demanda de gas caiga y vuelva a sobrar producción.
Con la nueva regulación, también se aprobarán ocho proyectos productivos en Vaca Muerta que no entraron en la anterior resolución. Entre las empresas que están a la espera están YPF (que ya tiene proyectos aprobados, aunque no se le pagó el subsidio), Pluspetrol, Pampa Energía y Exxon Mobil. Ellas se sumarían a Tecpetrol, Total, Panamerican Energy y Capex.
Según datos del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), para los próximos 20 años se esperan inversiones anuales en la industria por US$10.000 millones, aun con los cambios en las reglas de juego.
Una industria con nuevas reglas de juego
US$2464 millones
Es el gasto en subsidios a la energía que tiene estimado el Gobierno para este año. Hacienda no quiere que se generen sorpresas y suba el costo.
Limitar el subsidio
A diferencia de la resolución 46, que ideó el entonces ministro Juan José Aranguren, esta vez se buscará limitar el subsidio a la producción declarada por las empresas a la hora de pedir el beneficio fiscal.
Cambiar el sendero
El Gobierno no les asegurará un precio base a las productoras, sino que les ofrecerá un subsidio extra sobre el valor del mercado. De esta manera busca que haya más competencia por la baja de precios.
