El Gobierno de Javier Milei anunció el despido de 2.400 empleados dependientes del Ministerio de Justicia y eliminó un incentivo que apuntaba a capacitaciones, con el argumento de que en la práctica no se concretaban. Además, a través de una resolución de la Secretaría de Transporte, le quitó a la UTA la exclusividad en las capacitaciones de los conductores profesionales.
«Se eliminaron dos nuevos curros de la política relacionados al rubro automotor. El Ministerio de Justicia finalizó más de 2.400 contrataciones irregulares a través de ACARA. Estos empleados habían sido contratados de manera espuria durante décadas por fuera de los mecanismos previstos por el sistema nacional de empleo público», enfatizó el vocero presidencial Manuel Adorni, en una conferencia de prensa realizada este martes en la Casa Rosada.
Además, informó que «se suprimió el pago de incentivos al personal del Ministerio que representaban un gasto anual de 15.600 millones de pesos».
El portavoz señaló que inicialmente este monto se pagaba para que los empleados se capacitaran, «pero como todas estas cosas en el Estado se terminaron desvirtuando. Se convirtieron en parte del sueldo sin que del otro lado haya ningún tipo de capacitación que haga que eso se justifique. Como dijimos siempre, toda caja que encontremos que es negocio de pocos en detrimento de muchos, se va a eliminar».
La reducción de la planta estatal es uno de los puntos centrales del plan de motosierra que viene promoviendo Javier Milei desde la campaña que le permitió llegar a la Casa Rosada.
El anuncio se hizo en la conferencia de prensa en la que también se mostró un relevamiento hecho en Chaco sobre las pensiones que se otorgan por discapacidad laboral. Se notificó y citó a un total de 2.689 beneficiarios, de los cuales 2.344 (un 87.17%) asistieron a la convocatoria. De los auditados, revelan que «únicamente 365 (el equivalente al 13.58%) han resultado favorables; es decir que han cumplido con los requisitos para continuar recibiendo el beneficio».
Además, el portavoz anunció una medida de la Secretaría de Transporte, que le quitó a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) la exclusividad de las capacitaciones a conductores profesionales. Según el Gobierno, el sindicato recibió alrededor de 11 mil millones de pesos anuales desde 2019.
«A partir de ahora cualquier prestador del sistema que quiera ofrecer capacitaciones a los conductores podrá hacerlo. Para tal fin, y continuando con las medidas para una mayor desregulación dentro del Estado y libre competencia, se creará un Registro de Prestadores de Evaluación y Formación Profesional de los Conductores de Transporte Automotor de Pasajeros», detalló la Secretaría a través de un comunicado.
