El Gobierno publicó este lunes en el Boletín Oficial la resolución que desregula el transporte de larga y media distancia. En ese contexto, la medida ya empezó a generar bastante malestar entre los empresarios del sector, que expresaron: “Más que hacer crecer el sistema, lo van a precarizar”.
La normativa derogó el decreto 958/1992 y tiene, entre sus objetivos, “liberar y desregular” el sistema de transporte automotor. Establece, por ejemplo, que los transportistas y empresas pueden fijar libremente los precios, horarios, recorridos y duración de los servicios.
Los detalles de la normativa
En primer lugar, se eliminó la obligación de cumplir con ciertas pautas, como la de respetar un valor tarifario máximo, por lo que las compañías puden establecer los costos de venta de los pasajes sin topes.
Por otra parte, los vehículos pueden iniciar o finalizar el viaje y hacer paradas en cualquier terminal. Asimismo, remarcaron que se mantienen las exigencias en materia de seguridad ya establecidas en la normativa vigente.
Otro de los puntos es la creación del Registro Nacional del Transporte de pasajeros, que ahora es de acceso público, sin costo y online en donde deberán informar la capacidad de transporte, detallar el tipo de vehículo, cantidad de asientos, seguros contratados, la nómina de conductores a asignar y la información relativa a las licencias de conducir de los mismos, la periodicidad de los servicios declarados, el origen, las paradas intermedias y el destino del viaje.
Las empresas y transportistas que ya estaban registradas no tienen que hacerlo nuevamente, pero sí deben registrarse las nuevas que, una vez inscriptas, obtendrán de manera automática la habilitación para operar luego de cinco días post inscripción.
Por ello, no se podrán ofrecer al público servicios que no se encuentren informados en el Registro Nacional del Transporte de pasajeros.
La reacción de los empresarios
“Lo más importante es que el servicio público de larga distancia deja de existir, eso no es menor. O sea, se elimina el servicio público de larga distancia y se cambia por un registro simple de proveedores de empresas de transporte”, señalaron a TN fuentes del sector.
“Esto tiene algunos aspectos que pueden ser positivos para las empresas, y otros que no. Principalmente, lo que ocurre es que ya no hay obligatoriedad. El servicio público cumplía con dos cuestiones básicas: obligatoriedad de las empresas de prestar los servicios y regularidad. Ahora las empresas dicen a dónde van, cómo van y cuánto quieren cobrar”.
Al eliminarse la tarifa máxima, indicaron con relación a los precios de los boletos que “ahora dependerá del mercado o de lo que la empresa considere que es el máximo”. “Habrá que ver si esto es bueno para el pasajero o no”, dijeron.
La lógica del Gobierno es abrir la competencia para que más actores puedan brindar el servicio. Sin embargo, representantes de algunas compañías plantearon: “A nosotros particularmente lo que nos preocupa es que se abre el sistema y vos que tenés una empresa de 20, 30, 50, 100, 300 colectivos vas a tener el mismo carácter que un monotributista que se compró una combi usada y se anotó en el registro”. “Si vos no pones barreras de entrada que den un nivel a la jerarquía del transporte, corres el riesgo de que una empresa grande sea lo mismo que un señor que se compró una combi”, sentenciaron.
Por su parte, en la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotriz (AAETA) lanzaron un comunicado en el que destacaron la necesidad de que se otorgue “mayor protagonismo al sector empresarial y reduzca la burocracia que dificulta la prestación eficiente del servicio”. De todas formas, expresaron: “Consideramos que cualquier apertura en el mercado debe ser gradual para evitar saturaciones que podrían poner en riesgo la viabilidad de los transportistas actuales”.
