El Gobierno denunció al titular del gremio de los pilotos, Pablo Biró, por extorsión y amenazas

El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia contra el sindicalista en medio del conflicto que se generó luego del decreto que declaró esenciales los servicios aéreos.

miércoles 18/09/2024 - 17:01
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El Ministerio de Seguridad de la Nación, liderado por Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra Pablo Biró, Secretario General de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). Al gremialista lo acusan de la posibilidad de haber cometido un acto ilícito bajo la figura del delito de amenazas extorsivas, contemplado en el artículo 149 bis del Código Penal.

La demanda, realizada a través del director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales, Fernando Oscar Soto, se radicó en el Juzgado Criminal y Correccional N°12, a cargo de la jueza Elizabeth Paisán, en base a declaraciones de Biró que podrían constituir delitos de acción pública.

Las declaraciones del sindicalista, en el marco de un conflicto relacionado con la decisión del Gobierno de declarar el transporte aéreo como un “servicio esencial”, fueron consideradas como una advertencia de “males futuros” que podrían afectar a Aerolíneas Argentinas y al público en general. El gremialista había manifestado en medios de comunicación: “Esto se va a poner mucho peor”, lo que motivó la denuncia por supuestas amenazas extorsivas, amparada en el artículo 149 bis del Código Penal.

Desde el Ministerio de Seguridad sostienen que las acciones de Biró podrían exceder el derecho constitucional de huelga, al tratarse de un servicio esencial como el transporte aéreo. La presentación judicial subraya que cualquier interrupción abrupta en este sector podría tener un impacto considerable en la seguridad pública, y destaca la necesidad de que las medidas de fuerza sean razonables y proporcionadas.

Con esta denuncia, el Ministerio busca preservar la estabilidad de los servicios esenciales y proteger los derechos de los ciudadanos. El gobierno enfatiza que cualquier huelga que afecte un servicio público sin agotar vías previas podría ser catalogada como “huelga salvaje”, quedando fuera del amparo de la Constitución Nacional.

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