El 64 por ciento de las 22.500 viviendas de desarrollos urbanísticos del ProCreAr que heredó el macrismo, están terminadas y sin entregar. Desidia oficial y falta de voluntad política.
En medio de la crisis habitacional que profundizó Cambiemos y que afecta actualmente a una de cada tres familias, el gobierno finaliza su mandato sin entregar 14.300 viviendas listas del plan ProCreAr. Se trata del 64 por ciento de las 22.500 viviendas de Desarrollos Urbanísticos del programa que heredó el macrismo del gobierno anterior. Las obras estaban terminadas en su gran mayoría -el resto tiene un nivel de avance del 70 por ciento-, pero la desidia oficial dejó que cuestiones burocráticas de habilitación de servicios se amontonen y sólo se hayan entregado las que estaban pre-adjudicadas. También hay una lógica comercial que frena el programa: el gobierno no las quiere entregar al costo. En estos cuatros años se modificó el esquema de entregas por un sistema de scoring, con un carácter pensado menos en lo social y más en lo financiero, pero tampoco así se avanzó en nuevas adjudicaciones. La crisis económica además aleja a las familias de la posibilidad de acceder a un crédito, aunque sea subsidiado, para una vivienda.
El déficit habitacional en la Argentina no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, el problema del acceso a la vivienda propia se agudizó y hoy muchas familias no tienen posibilidad siquiera de contar con un techo, aunque sea alquilado. El deterioro en los ingresos de las familias, la pérdida de empleos y el aumento constante de los precios hacen imposible pensar en comprar una casa. Las tasas de interés del sistema superan el 70 por ciento, las obras estás paralizadas y las constantes devaluaciones hacen subir los valores de las propiedades. Esto además se refleja en el precio de los alquileres. Tal como hace con la ley de emergencia alimentaria, el gobierno tiene a mano y no usa una herramienta para dar solución a muchas familias, aunque sea alquilando las propiedades, como propone un ex técnico del ProCreAr.
Para Todos
El Programa de Crédito Argentino (Procrear) se lanzó en 2012 con un objetivo de 400.000 viviendas. Dentro de ese programa había una línea de compra de terreno y construcción de vivienda, financiando el 100 por ciento del valor de ambos. Los Desarrollos Urbanísticos eran parte de esta línea. Entre 2012 y 2015 se realizaron 172.000 viviendas del ProCrear, de las cuales 22.500 se construyeron en 67 desarrollos urbanísticos ubicados en Ciudad y Gran Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Corrientes, Santa Fe, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan, Misiones, Chubut, Chaco, Santa Cruz, Tierra del Fuego, San Luis, la Pampa, Tucumán, Neuquén y Entre Ríos.
El plan buscaba beneficia a grupos sociales medio y medio-bajo de la población, a partir de una preselección en la que se tomaba en cuenta casos de enfermedad o composición de riesgo de las familias y, después, se adjudicaban por sorteo. Entre 2012 y 2015 el gobierno invirtió en este programa 56.000 millones de pesos, equivalente a unos 5600 millones de dólares al tipo de cambio de fin de 2015, cifra similar a la que hoy mendiga el país al Fondo Monetario. El programa generó entonces 200.000 puestos directos.
Macri modificó el programa, haciendo necesario un ahorro previo del 10 por ciento de la propiedad para acceder a los planes y, para el caso de construcción, había que tener el terreno propio o de familiar directo. Se imponía además un sistema de scoring (puntaje crediticio), lo que desnaturalizaba el plan. Según señalaron fuentes que estuvieron en el diseño de estos desarrollos, al asumir el gobierno la decisión era que no se entregarían “al costo”. De todos modos, el programa estuvo congelado casi desde que sumió Cambiemos.
Para Nadie
“Lo más llamativo es que estando terminadas todavía nos las hayan asignado a ningún beneficiario, negándole el derecho a la vivienda a la población”, comenta uno de los técnicos desplazados de esa área por la administración macrista. No son sólo viviendas. Se construyeron barrios completos. La línea de Desarrollos Urbanísticos cuenta con áreas para el uso público, locales comerciales, áreas destinadas para alojar equipamientos de salud, educación, recreativos además de contar con adaptación a personas con capacidades diferentes. Se construyó una vivienda por cada 50 adaptada para personas con movilidad reducida, lo que los ubica en la vanguardia mundial respecto a parámetros de desarrollo urbano y vivienda del mundo.
El gobierno además se encontró con un fideicomiso financiero a 30 años administrado por el Banco Hipotecario, que permite que la obra se autofinancie con el pago de los créditos. Hoy el rendimiento de ese fideicomiso se gasta en buena medida en seguridad y mantenimiento de casas y locales vacíos en esos barrios, que en el sector estiman en unos 350 millones de pesos al año. Dado que se trata de casas de hasta tres habitaciones con 90 metros cuadrados edificados en promedio, esas 14 mil viviendas equivalen a negarle el derecho a vivienda a más de 60 mil personas.
“El problema es que, conceptualmente, para el gobierno esas viviendas no se tienen que entregar al costo, como hacía la anterior gestión”, agregó la fuente. Entre las causas de la negativa, según explican, hubo muchas dilaciones para culminar los trámites municipales o con empresas prestatarias de servicios. Por otro lado, la devaluación del actual gobierno dejó afuera a un importante conjunto de familias que, al momento de iniciar la construcción, podía pagarlas y hoy, con el sistema UVA, se encuentra fuera de toda posibilidad. “También hay un tema de insensibilidad del gobierno, que considera que estas viviendas son muy suntuosas para la clase social a la cual fueron apuntadas”, concluyó la fuente consultada.
En el actual contexto es difícil pensar que se pueda reactivar en el corto plazo, y vía crédito, la compra de viviendas, pero para la próxima gestión ya hay 14.300 viviendas de las que podrá disponer para dar atención a las familias más necesitadas. Una opción podría ser que el Estado se haga cargo de las obras y permita un acceso también para alquiler (incluso de comercios) , al menos en una primera instancia, informa Página12.
