Frente a la denuncia del sindicato de incumplimiento de la conciliación obligatoria, el ministerio decidió postergar una resolución y dejarle el problema a Alberto Fernández.
El ministerio de Producción y Trabajo decidió postergar la resolución del conflicto por los 600 despidos en Vaca Muerta y convocó a una nueva audiencia para el 12 de diciembre. En consecuencia, se desliga del problema y se lo deja a Claudio Moroni, el presunto titular de la cartera que elegiría Alberto Fernández.
En la reunión de este miércoles, el sindicato de los petroleros a cargo de Guillermo Pereyra denunció el incumplimiento de la conciliación obligatoria por parte de las empresas y exigió que se aplique el máximo de las multas establecidas, según dio a conocer La Política Online.
«Denunciamos que al menos 49 trabajadores jerárquicos y profesionales dependientes de la empresa Schlumberger que trabajan en la cuenca neuquina tienen cercenado su derecho salarial y de ocupación efectiva», sostiene el documento ministerial al que tuvo acceso este medio.
En concreto, el gremio asegura que la firma no le otorga tareas a dichos trabajadores ni los dejan ingresar a su lugar de trabajo. A su vez, intimaron a abonar «todas las remuneraciones remunerativas y no remunerativas sin disminución alguna».
Según fuentes al tanto de la negociación, el sindicato acordaría un adelanto de vacaciones y suspensiones rotativas como un parche hasta que haya una mayor certeza sobre la política energética del próximo gobierno.
Si bien esta señal será fundamental para que las petroleras determinen la continuidad o no de sus equipos de perforación, el Estado podría disminuir el nivel de conflictividad al exigir que YPF renueve los contratos con las empresas de servicios, que en estos momentos se mantienen en «stand by» hasta que asuman las nuevas autoridades de la compañía.
En ese sentido, Pereyra reconoció que ya está dialogando con «los interlocutores del área energética nacional». «Por un lado, está el tema de los telegramas y la necesidad de preservar las fuentes de trabajo. Pero atado a esto, el hecho de querer conocer la próxima política energética. Queremos saber cuáles son las soluciones que sen van a dar hacia adentro de la industria», afirmó.
«Seguramente se necesiten tres, cuatro meses para arribar a acuerdos y desarrollar una política para el sector. Van a necesitar ese respaldo para reencausar la situación», agregó, en declaraciones a Más Energía.
