La Secretaría de Energía contará con un relevamiento con la situación en 4.800 estaciones. Por ahora, descartan desabastecimiento, pero temen por el stock. Ya analizan medidas para compensar $40.000 millones en perjuicios a compañías. La batalla contra el DNU de Macri llegó al Congreso.
Directivos de las principales petroleras se reunirán con funcionarios de la Secretaría de Energía para analizar los niveles de abastecimiento de combustibles en todo el país y los mecanismos posibles para compensar el congelamiento de precios en el sector por 90 días.
Según revelaron fuentes del sector, el secretario Gustavo Lopetegui recibirá en las próximas horas un detallado informe con la situación de cada estación de servicio del país. El monitoreo a cargo de Cecha recopiló datos de cada una de las 4.800 bocas de expendio, a una semana del congelamiento. En concreto, se preguntó a cada estacionero en qué estado se encuentran, por provincia y por petrolera:abastecimiento, quiebre de stock o desabastecimiento.
Fuentes de la Confederación minimizaron una reciente advertencia de una entidad empresaria bonaerense, que alertó por faltantes de nafta súper y gasoil común de YPF y Axion en Olavarría y Tandil. “En la provincia de Buenos Aires no se registraron denuncias formales. Puede haber algún problema con las estaciones blancas o demoras en la entrega, pero no hay una situación generalizada, como sí hubo en otros momentos”, aclararon los voceros consultados por Ámbito.
En qué precios quedan las naftas y los gasoils en la Ciudad y el Interior
Desde la petrolera estatal, el mayor jugador del rubro con más de 55% del mercado, aseguraron a este medio que el abastecimiento de combustibles es normal y aclararon que si hay faltantes en una estación no significa que haya un desabastecimiento a nivel general.
El presidente de Fecac, Gabriel Bornoroni, explicó el panorama en Córdoba. “Tenemos 50 estaciones con quiebre de stock, que no llegaron a desabastecimiento pleno. Nos dan el producto hasta un cupo y si ese cupo se cumple, nos quedamos sin producto. En un mes se pude complicar esa situación”, manifestó ante la pregunta de Ámbito.
El quiebre del stock ocurre cuando los clientes no encuentran el producto que compran habitualmente en el punto de venta con el tamaño, variedad y forma deseada.
En San Juan el abastecimiento es “relativamente” normal, según expresó la titular de la cámara provincial, Analía Salguero. “Hemos tenido cupo en el sector de YPF. No hubo una demanda exagera y la época ayuda, no hay cosecha. Si tenemos que pedir más, creo que no nos venderían. Hubo alguna demora con algún camión, pero estamos abastecidos normalmente”, señaló.
Pedro Llorvandi, de la cámara de estacioneros de Santiago del Estero, dijo que el canal mayorista redujo los volúmenes de despacho de hasta 50% en algunos casos puntuales por la incertidumbre con los precios. “El 70% de las estaciones abanderadas están cubiertas. El problema base lo llevan las blancas y las mayoristas. Las blancas, como no tienen contrato y se abastecen de las petroleas, se hacen los distraídos para entregar. Y los mayoristas, que no consiguen producto, dejan sin producto a las blancas, porque es una cadena. Todos se ajustaron al volumen base”, afirmó el presidente de Cepase.
La batalla por el congelamiento de los precios de combustibles llegó al Congreso
En medio de la evaluación del abastecimiento, legisladores de la oposición presentaron proyectos de ley para anular el Decreto de Necesidad y Urgencia 566/2019, publicado el viernes 16 de agosto en el Boletín Oficial. Esta norma fijó que las entregas de petróleo crudo “deberán ser pagadas” al precio convenido entre las productoras y refinadoras al 9 de agosto anterior, aplicando un tipo de cambio de $45,19 y un barril de Brent u$s59.
La diputada del Movimiento Popular Neuquino Alma Liliana Sapag propuso suspender por los 90 días que dura el congelamiento la percepción del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, establecidos por la ley 23.966. “La decisión del Gobierno ha colocado en un serio riesgo la política energética», dijo la secretaria de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara baja.
El sindicalista petrolero Guillermo Pereyra, senador coterráneo de Sapag, presentó otro proyecto para derogar el DNU. “Atenta contra las economías regionales, el sector trabajador, el federalismo y la autonomía provincial”, argumentó al coincidir con los amparos judiciales de los gobernadores de Neuquén, Río Negro, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego. “Es una medida inconsulta”, agregó Pereyra. Lo mismo creen los petroleros.
El Gobierno analiza un descongelamiento parcial y una compensación a provincias y petroleras
Al mismo tiempo, en la Secretaría de Energía analizan cómo flexibilizar el congelamiento de precios. Todo dependerá de la estabilidad del tipo de cambio, hoy alrededor de $57, y el barril Brent en u$s59.
Fuentes oficiales explicaron que las decisiones que se tomarán deberán contar con la aprobación del nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, hoy muy preocupado por el reacomodamiento macroeconómico y la atención de las restricciones fiscales.
Entre los cambios en estudio, se destacan:
- Incrementar los combustibles Premium (nafta y gasoil), pero mantener el precio de los Súper y grado 2.
- Descongelamiento segmentado, como por ejemplo el gasoil mayorista, principal insumo del agro, minería y la pesca.
- Compensación a las provincias por la baja en la recaudación, como emisión uy oferta de compra de un bono de deuda pública.
La última opción de rescate anticipado de bonos fue propuesta por el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez, para compensar a petroleras y refinadoras. La iniciativa consta en que las compañías compren Bonar 2020 a bajo precio en el mercado abierto, se los revenden al Estado -que necesita rescatarlos- y el Gobierno les paga un valor más alto a modo de compensación.
Con estas medidas y la “jugada” financiera de YPF se desactivarían los reclamos de provincias y empresas, que como Vista Oil&Gas, presentaron demandas judiciales por el perjuicio que el congelamiento les provoca. Solamente YPF calculó un perjuicio por u$s120 millones. En total, en el sector se habla que la brutal intervención de Mauricio Macri en el mercado, tiene un costo por atraso de precios de entre u$s500 millones y u$s 700 millones. Unos $40.000 millones al tipo de cambio actual.
