Mientras analiza eventuales medidas para comenzar a revisar los gastos de las universidades nacionales, el Gobierno de Javier Milei avanza con una auditoría “paralela” sobre una serie de convenios que ministerios y organismos públicos firmaron con diferentes casas de estudio de todo el país en los últimos años.
Según pudo saber TN, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) lleva adelante una revisión de 2245 acuerdos entre universidades y reparticiones de la Administración Pública Nacional para determinar de qué manera se utilizaron los fondos y si se cumplieron los objetivos pactados en los convencios, que iban desde los $2 millones hasta los $170 millones cada uno.
Del análisis se desprendió una primera conclusión: los acuerdos son sin licitación y se realizaron de manera directa, lo que despertó interrogantes en el organismo de control que dirige Miguel Blanco. La SIGEN mantiene bajo estricta reserve el resultado del análisis que busca determinar si existió desvío de fondos y malversación de caudales públicos.
El Gobierno acelera auditorías sobre universidades: analiza 2200 contrataciones sin licitación con ministerios
En particular, la SIGEN revisa estos convenios para determinar si se cumplió el objetivo por el que fueron creados, qué resultados se obtuvieron, si la ejecución del dinero estuvo a cargo de la universidad o si se realizaron subcontrataciones a terceros. “El objetivo es ver la correcta y completa aplicación de los fondos entregados”, aseguraron desde el organismo.
No se trata de una revisión sobre el presupuesto de las universidades, sino de contratos a través de los que ministerios y organismos les pagaban a estas casas de estudio a cambio de capacitaciones, trabajos de consultorías, desarrollo de sistemas y diplomaturas, entre otros servicios requeridos. Se trata de un mecanismo que le permite al Gobierno tener más control sobre las casas de estudios sin violar ninguna reglamentación, como el dictamen de noviembre de 2022 firmado por Carlos Zannini entonces procurador del Tesoro que determinó que la SIGEN no podía auditar a las universidades nacionales al dejar a las casas de estudio fuera del artículo 100 de la ley 24.156.
La Sigen ya le requirió a todas los ministerios y dependencias de la APN que entreguen los acuerdos y los resultados obtenidos.
Como sea, la SIGEN colocó la mira en acuerdos como los que firmó la Biblioteca Nacional y la Universidad de La Matanza por $170 millones para la ejecución de transferencia tecnológica en materia de digitalización de documentos e informatización documentaria o el convenio para que trabajadores del ex Ministerio de Desarrollo Social mejoren en el diseño, implementación y evaluación de proyectos a la gestión pública. El acuerdo se firmó entre esa cartera y la Universidad Nacional de Guillermo Brown por $22.480.000. Toda la cursada era virtual.
Fueron numerosos los ministerios que contrataron a universidades. En la lista están el Ministerio de Ciencia; la Secretaria General de la Nación; INDEC; Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social; INADI; Ministerio de Turismo; Desarrollo Productivo; Seguridad, Agencia de Acceso a la Información Pública; jefatura de gabinete; Min de Desarrollo Territorial y Hábitat; Administración de Parques Nacionales; Ministerio de Mujeres; Ministerio de Desarrollo Social, Biblioteca Nacional; Ministerio de Cultura; entre otros.
Entre las casas de estudios contratadas se encuentran la Universidad Nacional de La Matanza; General San Martín; UBA – Económicas; General Sarmiento; Universidad Nacional de Mar del Plata; Tres de Febrero; la Universidad de Quilmes; la Universidad Nacional de La Plata; de Hurlingham; Chaco Austral; Lanús; Luján; Guillermo Brown, entre otras.
Otro de los ejemplos es el convenio entre el Ministerio de Mujeres y la Facultad Regional de Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional para tareas de capacitación y formación de personal. Se trató de un posgrado en gestión de proyectos, Diplomatura de políticas públicas y gobierno digital, estudios de género a cambio de $2.093.000.
Al auditar estos convenios, el Gobierno sostiene la presión sobre las casas de estudio nacionales, a las que ya les comunicó su intención de revisar sus gastos. “Hace casi 10 años que no se hace una auditoría”, se quejó el miércoles el presidente Javier Milei.
En noviembre de 2023, la gestión de Alberto Fernández firmó un convenio con la SIGEN para fomentar acciones de control sobre universidades. De un total de 62, se adhirieron 27. La UBA no suscribió a ese convenio. Estos gastos comenzarán a auditarse en breve, pero mientras tanto el Ejecutivo busca avanzar con la auditoría paralela sobre contratos directos. De los 2245 convenios de asistencia técnica firmados con ministerios, 354 corresponden a la UBA.
