El Gobierno tomó la decisión de avanzar sobre los Registros del Automotor y anunció que se cerrará el 40% de los mismos, además de otros cambios importantes para conductores, como la eliminación de la «cédula azul».
«Se cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos», anunció el Ministerio de Justicia en un comunicado. En ese marco, confirmó que «se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas».
Según explicó el Gobierno la decisión tiene «el objetivo de reducir costos y eliminar trámites burocráticos», y se suma a otras medidas para el sector automotor que tomó en los últimos días. Por caso, a fines de abril se eliminó el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP.
«Los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. El Ministerio de Justicia podrá controlar, en todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros», agregó el comunicado oficial.
También informó que «se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos». Como novedad determinó además que ya no será necesaria la «cédula azul» para que un conductor pueda manejar un vehículo que no sea de su propiedad. Bastará con mostrar la «cédula verde» en formato digital. Asimismo, ya no tendrán vencimiento estas últimas.
El Gobierno señaló que propondrán a las Provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia.
Por último, se implementará un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función. Y se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales.
