Fueron 11 meses de un juego de ajedrez definitivo con piezas celestes y blancas. Y como en toda partida, cuando el tablero está desierto, los últimos movimientos siempre son a todo o nada. Así transcurrió el tiempo entre la administración de Javier Milei y los gremios de Aerolíneas Argentinas e Intercargo, entre avances, retrocesos y pausas. Pero el año pasó, los conflictos recrudecieron y llegó el tiempo de las decisiones finales.
“El Presidente se cansó del asunto”, se sinceró un hombre de su entorno. Según distintas fuentes consultadas, hay varias personas dedicadas a la búsqueda de opciones para que el mandatario decante la decisión final. Y entre las posibles salidas figuran desde una intervención hasta la posibilidad de la creación de otra empresa estatal, temporaria y con futuro privado, que salga al mercado con condiciones nuevas, que sea más ágil y que, a su vez, haga las veces de una ambulancia que recoja los heridos que deje Aerolíneas Argentinas. Sucede que esta solución implica decirle a la línea aérea estatal que ya no hay más dinero y que, desde ahora en más, la única caja es la que genere.
“Eso llevará a que la compañía tome medidas fuertes como la reprogramación de destinos y cancelación de vuelos al exterior. Y entonces, el que prefiera, que se pase a la nueva empresa que será temporaria, apenas como para volar y abastecer el mercado. Luego, se vende”, explicaron quienes trabajan en el proyecto.
El pensamiento del Gobierno es el siguiente. Los gremios de pilotos (APLA), aeronavegantes (APA) y personal aeronáutico (AAA) no tienen fuerza sin la línea aérea de bandera e Intercargo. Pues entonces, la idea sería dejarlos sin ellas y crear otras a las que se acercarán algunos de sus afiliados y tendrán condiciones nuevas.
Unas 15 personas trabajan en el pulido final de la norma que la podría crear. De hecho, en estas horas habrá una nueva reunión entre algunos especialistas que ya redactaron un borrador de decreto que establece que la compañía sería 100% estatal y que a los 180 días de creada sería puesta en venta. “Que al Estado nacional corresponde evitar situaciones en las que la concentración del transporte aéreo, la posición dominante o la ausencia de una competencia adecuada, puedan derivar en situaciones perjudiciales para los usuarios”, dice aquel borrador que hoy se discutirá en los pliegues de la administración pública.
El diseño del asunto está bajo el mando de Diego Chaher, el exinterventor de los medios públicos –Télam, Radio y Televisión Argentina (RTA) y Educ.Ar– que desde junio controla las empresas del Estado en una “Unidad Ejecutora” .
Para que se entienda, en la Casa Rosada ya le bajaron el martillo a la compañía estatal. No creen que sea posible algún tipo de acuerdo marco con los gremios que genere condiciones como para hacer de la firma una empresa que compita en condiciones de mercado. Quienes confiesan que el presidente Javier Milei se cansó del asunto sostienen que el mandatario es partidario de una intervención.
El punto es que los técnicos legales que trabajan sobre la solución sostienen que no es tan sencillo el remedio porque la empresa es una sociedad anónima, con participación estatal mayoritaria, pero que se maneja por el derecho comercial.
No tan lejos de la Casa Rosada, el grupo técnico avanzó con otras propuestas. El desafío es cómo mantener la conectividad aérea en medio del conflicto con Aerolíneas. La semana pasada hubo varios análisis. Por caso, un abogado ligado históricamente a Aeropuertos Argentina 2000 puso en debate la posibilidad de volver a romper la unión de Aerolíneas y Austral. Es decir, desandar el camino de la fusión que hizo la gestión de La Cámpora y avanzar en la escisión. En esa mesa apareció una idea que tienen varios. Primero, al analizar los balances de Aerolíneas, surge una situación determinante: la compañía tiene patrimonio neto negativo. Eso significa que podría ser causal de liquidación.
Si ese es el camino, piensan, habría que tener un sustituto. Se llegó entonces, a la creación de la nueva empresa o a la posibilidad de la escisión de Austral. Fue cuando llegó la discusión sobre una idea que da vueltas desde hace tiempo: integrar a al menos siete provincias para que sean accionistas de la nueva empresa. Interesadas en vuelos a sus territorios, los gobernadores ya fueron sondeados por el asunto. Uno del centro y otro del norte habrían mostrado interés.
Pero no parece ser fácil el escenario planteado. Separar a Austral no es un camino sencillo. Además, hay algo que tiene que ver con la propiedad de los aviones, especialmente de los Embraer, la flota que se compró en épocas de Cristina Kirchner. No es fácil pasar esas aeronaves que se compraron con dinero del Estado nacional y aportarlos como capital a una sociedad que tendrá otros dueños, sean las provincias o un privado. Da lo mismo. En esa mesa se dijo que seguramente ese remedio necesita un paso por el Congreso, el lugar que sí o sí quiere evitar el Gobierno.
El proyecto que internamente se llama “ARSA Provincial” debería, además, contar con habilitaciones y certificaciones, además de un enorme impulso político de la iniciativa. Eso lleva tiempo, y el verano está a la vuelta de la esquina.
De hecho, uno de los que estaba sentado en la mesa habló de la situación del centro de capacitación, Cefepra, donde los pilotos validan sus licencias. Los certificadores son comandantes en actividad es decir, miembros del gremio. Por lo tanto, están bajo el paraguas del combativo Pablo Biró. Un experimentado consultor dijo que en diciembre habrá un 15% de pilotos que no podrán programarse por los paros en este centro. Por lo tanto, la operatoria en el verano está con una fuerte amenaza.
