La devaluación de lunes pasado gatilló subas de precios desbocados en distintos rubros, suspensión de ventas y la urgencia por recaudar los programas de control de precios en los supermercados, una tarea que inició este miércoles en el Ministerio de Economía.
Igualmente, habrá dos bienes decisivos que también tienen un efecto automático del salto cambiario: las naftas y los servicios públicos, cuyo costo inicial, en el comienzo de la cadena, es en dólares. Las empresas del sector ya presionan por recomposiciones, según publica Infobae.
Dos compañías vendedoras de naftas al público ya aplicaron este miércoles a primera hora un aumento de 12,5 por ciento, de una sola vez.
Hasta ayer los precios de los combustibles en los surtidores estaban regidos por los acuerdos de Precios Justos, con alzas topeadas de precios de manera mensual. Tras quedar abstracto ese acuerdo y sin ese corset, Raízen (Shell) y Puma incrementaron sus precios, mientras YPF, por el momento, no tomó ninguna determinación.
Algunas fuentes del mercado aseguran que, más allá del incremento ya aplicado por esas dos firmas, el Ministerio de Economía buscará un acuerdo de precios en línea con lo que negocia con las empresas de consumo masivo.
Para este último caso, se trata de aumentos de 5% mensual como tope y medidas impositivas, entre ellas la exención del pago de impuesto PAIS para sus importaciones a las compañías que formen parte del paraguas de Precios Justos. La negociación comenzó este miércoles y continuará en los próximos días.
Sin embargo, para el caso de las naftas, el derrame de una devaluación hasta los surtidores está relacionado al precio del barril de petróleo que se paga en el mercado interno. Hay distintas variantes del camino entre el primer eslabón de la cadena hasta que llega al bolsillo del consumidor.
Para una empresa que vende naftas pero que no es refinadora, tiene que comprar, en dólares, ese barril y una devaluación aumenta los costos de esa transacción. YPF, por su parte, tiene en su estructura tanto producción como refinación y transporte, tiene sus costos más integrados y puede, eventualmente, financiar un sector con otro. Para ese caso, el traslado de una devaluación no necesariamente sea lineal.
Otro capítulo, central en la determinación de los precios y en eventuales impactos de “segunda ronda” de un movimiento cambiario, es el de las tarifas. Fuentes oficiales aseguraron a Infobae que tras la devaluación los equipos del Ministerio de Economía ya analizan el impacto que tendrá en la ecuación de costo de generación de la energía y la cuenta de subsidios.
“El 80% de los costos eléctricos está dolarizado y el 100% en el gas. Por ende, una devaluación implica un aumento de los costos en pesos. Ese aumento de costos puede o no ser trasladado a los usuarios”, mencionó a Infobae el economista especializado en energía Julián Rojo.
Fuentes oficiales ligadas al mercado eléctrico aseguran que la pulseada con las empresas distribuidoras para determinar un precio nuevo se iniciaron ya esta semana. De manera trimestral, la Secretaría de Energía suele determinar lo que se llama el precio estacional, aunque hay un valor vigente actualmente hasta octubre.
Según se pudo saber, las conversaciones -por el momento internas- en el equipo económico para determinar qué camino tomarán sobre tarifas y subsidios y, sobre todo, con qué velocidad, se iniciaron en las últimas horas.
“Para el caso eléctrico, o bien aumentan las tarifas vía resolución de la Secretaría de Energía; o se ‘come’ el costo y por lo tanto aumentan los subsidios”, planteó Rojo. La cuestión de la necesidad de incrementar o no la cuenta de subvenciones no es menor en contexto de restricciones presupuestarias y de límites al déficit marcados por el FMI.
“Hay que ver qué termina pasando en la negociación final en Washington para ver si hay algún margen más para subsidios”, planteó un integrante del equipo económico consultado al respecto.
Tanto para energía eléctrica como en gas, para hacer operativo una suba de tarifas primero el Gobierno tiene como requerimiento por ley llamar a una audiencia pública. Por lo pronto, si no hubiese cambios, queda una instancia de subas, en noviembre. El peligro en una demora para esa decisión es que un mayor gasto en subsidios tendría como consecuencia una situación fiscal más compleja.
Para Rojo, “lo relevante es el mercado eléctrico por la magnitud. Ahí la Secretaría de Energía tiene que resolver si pasa a mayores tarifas (y a qué niveles de segmentación le asigna) o si no pasa a tarifas e incrementa subsidios. Las industrias pagan el 100% del costo porque contractualizan directo, así que ahí se ajusta solo. Comercios no, porque entra en la lógica de residenciales”, mencionó.
En lo que va del año esa cuenta del gasto público tuvo una poda, en términos reales, cercana al 20 por ciento. El FMI auspicia un ajuste acelerado del gasto en subsidios energéticos y había proyectado, en la revisión técnica finalizada en marzo de este año, un ahorro para 2023 equivalente a 0,5% del PBI y que los subsidios cubran el 40% del costo de la energía, contra 70% que cubrían en noviembre pasado.
