“Que la Justicia investigue a fondo y con total libertad” los presuntos casos de corrupción de funcionarios de su gobierno, pidió el gobernador Mariano Arcioni. Además se defendió de acusaciones en su contra sobre supuestos sobreprecios en la obra pública y consideró que las denuncias presentadas en la provincia constituyen “una patraña que solo busca perjudicarme”.
“Les pedí la renuncia a los funcionarios sobre los que había una sospecha fundada. Ya no están más en mi gobierno”, afirmó el mandatario que reconoció que su nombre figura en una lista que investiga la justicia sobre supuestos cobros de sobresueldos provenientes de “retornos” por sobreprecios en la obra pública.
En ese marco, afirmó que “jamás” cobró “un peso de manera indebida”, aunque reconoció que aparece en esa lista, que investigan fiscales de la unidad anticorrupción de la provincia, “cobrando durante 5 meses 100.000 pesos”.
La nómina en la que aparece el gobernador del Chubut contiene nombres de funcionarios, periodistas, diputados y punteros políticos de la provincia, con fechas en las que habrían recibido los supuestos sobornos.
La documentación fue secuestrada hace pocos días en una vivienda de Playa Unión, en el marco de una causa en la que la Procuración de Chubut investiga delitos contra la administración pública, por la cual ya hay siete detenidos, entre ellos tres ex funcionarios provinciales.
Según fuentes vinculadas a la investigación, el listado secuestrado -que forma parte de una megacausa por corrupción, sobreprecios y lavado de activos- sorprendió por la meticulosidad con la que se redactó, y fue incautado junto a documentos públicos, chequeras oficiales y bienes de empresas presuntamente utilizadas para “blanquear” dinero.
Arcioni insistió con la “poca veracidad que tienen esas listas” y pidió que la justicia “investigue hasta las últimas consecuencias para saber si existe esa plata negra para el pago y de dónde vino”.
“Lo vivo con un dolor muy grande. Para descubrir esto la Justicia tiene total libertad para ir al fondo de la cuestión y si alguien cometió un delito que lo pague”, aseveró ante Télam en su despacho.
La causa se inició con un sobre que fue dejado en la Legislatura provincial en septiembre del año pasado que contenía facturas con sobreprecio en la compra de elementos para los damnificados por las inundaciones de Comodoro Rivadavia.
En el marco de la causa, ya fueron detenidos el ex subsecretario de la Unidad Gobernador, Diego Correa; el empleado de la oficina privada, Diego Luthers; el representante estatal ante el directorio de empresas Federico Gatica y cuatro particulares.
Las detenciones fueron ratificadas en sucesivas audiencias de control y confirmadas en posteriores apelaciones.
