Maximiliano González está acusado de vender adjudicaciones de casas del IPV junto a otras personas que están imputadas. El fiscal del caso pidió mantener su prisión preventiva por un mes, pero el juez la redujo a sólo 10 días.
La audiencia de revisión estuvo presidida por el juez Miguel Caviglia. El fiscal Héctor Iturrioz recordó que los delitos que se investigan datan de mayo de 2019 cuando el funcionario del IPV junto a otras tres personas se asociaron para cometer ilícitos.
Recaudaban dinero mediante la realización de transacciones comerciales ilegales respecto de viviendas sociales construidas o a construirse por el IPV cuando González era agente. Cobraban “coimas” de viviendas ya adjudicadas o dadas en tenencia precaria a sus ocupantes, y cuya comercialización estaba prohibida por la ley FONAVI, según comenta Con Sello Patagónico.
Según la acusación fiscal, vendían legajos personales a los que nominaban comercialmente “Carpetas Adjudicadas”, y sorteaban el procedimiento establecido por el ente rector. Sustrajeron elementos del organismo provincial como sello oval y documentación para dotar de apariencia de legalidad a los instrumentos confeccionados por los integrantes de la banda.
González era el “jefe” de la organización y decidía los cambios en el reparto de tareas, la incorporaron nuevos miembros a la banda delictiva. A fines de 2019, “se incorporó a la empresa criminal, Griselda Fanny Jonás” para “ofrecer a distintas personas Carpetas Adjudicadas del IPV, correspondientes todas ellas a distintos planes de viviendas sociales que el organismo construyó y construye en la zona norte de esta ciudad, más precisamente en el barrio Kilómetro 12”, detalla la información oficial.
El cobro de dinero por la vivienda prometida rondaba los $ 150.000 y hasta $ 300.000. “Para garantizar el éxito del emprendimiento inmobiliario ilegal, Jonás fue sumando integrantes a la sociedad venal, los que se encargarían de conseguir interesados, explicarles los ‘beneficios’ de acceder a conformar la transacción, y finalmente ponerlos en contacto directo con Jonás quien concluía la operación”.
El fiscal sostuvo que se concretaron al menos 200 operaciones ilegales, todas ellas con el mismo modus operandi. González está imputado de los delitos de estelionato, falsificación de documentos, falsedad ideológica de documento público y exacciones ilegales bajo la modalidad concusión, en carácter de coautor y autor; y de exacciones ilegales bajo la modalidad concusión, como autor.
