El 3 de noviembre pasado, cuando se sentó frente al juez federal de Dolores Martin Bava, Mauricio Macri hizo algo más que presentar un escrito de 44 páginas y señalar su indagatoria en la causa por espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan como parte de la campaña del gobierno.
Algo más importante, que lo delataba: mirar al juez desafiante, en un gesto de omnipotencia que en el juzgado interpretaron enseguida. Con la mirada, Macri les decía que a él no le podían hacer nada. Casi un mes después, el ex combatiente de Malvinas que ocupa el juzgado de Dolores acaba de responder al desafío con un procesamiento de 171 páginas, un embargo de 100 millones de pesos y la prohibición de salir del país. Ayuda memoria de una fragilidad que es general y no reconoce excepciones.
Denunciado como muestra del lawfare kirchnerista por los adoradores del ex presidente, el procesamiento se inscribe en una saga de expedientes judiciales que registran la obsesión de Macri y sus colaboradores más estrechos por recabar información incluso en forma ilegal. Otra constante que se advierte en la mayor parte de los que lo antecedieron en el cargo, pero con una diferencia: a Macri le gustaba escuchar y saber más sobre su gente más cercana, incluidos familiares y dirigentes de su propio partido.
Al margen del show polarizador y las audiencias redundantes, la respuesta de Bava a la mirada de Macri impacta sobre todo dentro de la alianza Juntos, donde los rivales internos del ingeniero confirman una tesis que amasan desde hace tiempo: “Cuando Mauricio dice que quiere jugar su segundo tiempo, lo que quiere decir es que si abandona la política es boleta en Tribunales”.
Nada más forzado en ese marco que el tuit guionado que publicó Horacio Rodríguez Larreta: “Mauricio Macri no espió ni mandó a espiar a nadie. Confío plenamente en él. Claramente detrás de este procesamiento hay una fuerte persecución política”. El jefe de gobierno fue uno de los que en 2020 se presentó como querellante en la causa del juzgado de Lomas de Zamora en la que se investiga el espionaje de una banda de policías, narcos y miembros del Servicio Penitenciario -que trabajaban para Gustavo Arribas y Silvia Majdalani- a casi todo el sistema político. Con problemas en su propia familia debido a ese grupo de aventureros que dejaron todos los dedos pegados, Diego Santilli no se animó a tanto. Si Larreta lo hizo fue porque lo afecta su propia debilidad después del resultado de las elecciones y está dispuesto a todo para ser presidente.
El sucesor de Macri en la Ciudad impuso a sus candidatos a los dos lados de la General Paz y mostró su vocación de ser jefe, pero la remontada modesta del Frente de Todos lo golpeó más que a nadie. Al día siguiente, sus competidores amanecieron empoderados y con ganas de frenar su carrera hacia la Casa Rosada. Ungirse como candidato natural hacia 2023 le resulta bastante más difícil que transformar a la Legislatura porteña en una escribanía que aprueba cada fin de año una nueva lista de negocios inmobiliarios. Mientras parte del gobierno se empeñó en festejar un triunfo que no existió, la oposición se lanzó a una pelea nada diplomática por apropiarse de la victoria.
Con su sermón en Exaltación de la Cruz, Elisa Carrió acaba de demostrar que el contrato de alquiler que selló con Larreta demanda una indexación urgente. Más importante que eso es el desafió del radicalismo al jefe de gobierno porteño, que lideran el siempre oficialista Gerardo Morales y el neurólogo Facundo Manes: los dos están dispuestos a cualquier cosa para resistir la jefatura de Larreta.
Es probable que los dardos de Lilita contra Enrique “Coti” Nosiglia -a quien parte de sus correligionarios declaran prescindente en esta batalla- para defender a Mario Negri como titular de bloque terminen con una ruptura comandada por Emiliano Yacobitti y con Cristian Ritondo -otra cepa contagiosa según los lilitos- como jefe del interbloque opositor. Para eso, Larreta tendrá que recuperar su sintonía con Carrió sin quebrar su alianza con Martin Lousteau, uno de los que se dice dispuesto a enfrentar a la cúpula radical en todos lados. Si la fractura se concreta el próximo martes, en la nueva etapa la bancada de Juntos ya no estará conformada por tres bloques sino por ocho, incluidos tres unipersonales como el de Ricardo López Murphy. También al reincidente Macri le facturan haber perdido en Córdoba, Santa Fe, Neuquén y La Rioja. ¿Diversidad, intereses contradictorios o falta de liderazgos en el espacio que ya se arremanga para volver a gobernar?
Aliviado por un resultado electoral que no profundizó su propia crisis, el Frente de Todos tampoco tiene tanto para festejar como creen algunos intendentes que salvaron la ropa. En el Senado, el peronismo no sólo perdió la mayoría por primera vez desde 1983 sino que se asoma a una diáspora que puede ser mayor, síntoma de la tensión que renace entre el gobierno del AMBA y las provincias.
El entrerriano Edgardo Kuedier, el correntino Carlos “Camau” Espinola y el jujeño Guillermo Snopek son los primeros rebeldes de una lista que se extiende a todos los distritos donde el oficialismo nacional no tiene gobernador propio. La rionegrina Silvina García Landaburu y los salteños Sergio “Oso” Leavy y Norma Gimenez también figuran como candidatos a emigrar. Hasta Anabel Fernández Sagasti, dicen, está disconforme. Cuestionan la falta de democracia interna y dicen que la alianza de Alberto Fernández con los gobernadores que se inició en pandemia se extendió después a la política, con los resultados a la vista. Tras la derrota, dicen los separatistas, el gobierno no cambió nada.
Enfrentado al radical Morales en Jujuy -otro gran amigo de Sergio Massa- y a su socio del PJ Guillermo Rivarola, Snopek le escribió en los últimos días a un funcionario clave del gobierno un mensaje de texto:
-¿Tengo que ser oposición para que me convoquen?
El jueves último, después de un encuentro frustrado, lo recibieron en la Rosada el ministro del Interior Eduardo De Pedro y el jefe de Gabinete Juan Manzur. La reunión fue larga pero Snopek cree haberse ido con las manos vacías y una sola certeza, que es posible advertir sin parte del gobierno: todo está supeditado al acuerdo con el Fondo.
A una semana de la última carta, la vicepresidenta defrauda las apuestas del Círculo Rojo. Ni se radicalizó para tomar el gobierno ni se alejó del albertismo en forma estruendosa. También ella da señales de que busca caminar por el centro el campo minado que le queda por recorrer al Frente de Todos.
La falla que la dirigencia opositora nota en el gobierno, que este peronismo no tiene nada que ver con los anteriores, también se advierte al otro lado de la polarización. Como dice un dirigente de la UCR que sobrevivió a todo: “Hay una descomposición del liderazgo tradicional. Hoy nadie puede construir un liderazgo que discipline”. La falta de conducción iguala tanto al gobierno como a la oposición y se apodera de todo el sistema político en un marco de alta inflación, 40% de pobreza, caída de reservas y presión devaluatoria. Son muy pocos los que destacan el vaso medio lleno de la recuperación, como hizo el empoderado Matías Kulfas ante la platea llena de ausencias de la UIA.
Sobre ese cuadro, que incluye el retroceso a los axiomas económicos del menemismo, se proyecta la urgencia de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La resurrección de López Murphy, las citas de autoridad a Domingo Cavallo, la irrupción de Javier Milei, el deambular en oferta de Martín Redrado y la llegada de Carlos Melconian a la Fundación Mediterránea coinciden con un gobierno que viaja de apuro a Washington.
Dos años después de haber llegado al gobierno y a quince meses de la reestructuración de la deuda privada, la comitiva del gobierno que encabeza Sergio Chodos tiene que ir a rendir examen a Washington en un contexto de notoria fragilidad. Según la consultora Equilibra, mientras la brecha cambiaria ronda el 100%, el Banco Central quemó en noviembre US $1.205 millones de reservas entre lo que vendió en el mercado oficial (US $889 millones) y en el de bonos (US $317 millones). Le quedan US $4.350 millones de reservas netas, lo que explica que haya dejado de intervenir en el mercado paralelo y haya prohibido los viajes en cuotas al exterior. A eso se le suma la ofensiva que ahora suma fake news como la que costó en los primeros tres días de diciembre la salida de U$S 600 millones de los depósitos privados.
Si esa dinámica no puede seguir, acelerar el ritmo devaluatorio sin certezas de ningún tipo como anunció Migue Pesce puede ser una política temeraria, de acuerdo a lo que advierten tanto en el oficialismo como en la oposición.
Más que al abogado Chodos le tocará a los economistas Raúl Rigo, Fernando Morra y Jorge Carrera dar respuesta a las preguntas de directora adjunta para el Hemisferio Occidental Julie Kozack. Todos saben que, cuando se atraviesan las puertas del Fondo y se entra en los despachos de la burocracia, mueren todos los relatos. Planillas, números, proyecciones y supuestos están atravesados por una pregunta clave: ¿de dónde vas a sacar los recursos?
Acreedor privilegiado y actor principal de la política argentina, el Fondo vuelve para disciplinar a un sistema político que se autoanula producto del desconcierto, la tiranía del corto plazo y la falta de claridad para salir de la crisis. Si se aprueba como todo indica, el ajuste que exige el organismo va a poner en caja al gobierno actual y al próximo, a tono con las demandas del establishment local, que está cansado de sus políticos.
La única variante que parece clara es la de reducir subsidios vía aumento de tarifas en 2022, lo que Martín Guzmán intentó hacer sin éxito durante el año que se va, cuando chocó con La Cámpora. Los últimos datos de la consultora Economía y Energía que dirige Nicolás Arceo muestran que los subsidios al sector energético llegaron a 9.000 millones de dólares durante 2021. Es lo que cuesta el “sistema de subsidios pro ricos” -Guzmán dixit- que sigue vigente y es además una montaña que no para de crecer: en 2021 se destinó a ese fin un 75% más de lo que se había destinado en 2020 y un 131% más que en 2019.
La sintonía fina en Washington no será un trámite, como acaba de anunciarlo la propia Georgieva. Quienes conocen a la burocracia del organismos sostienen que todo el proceso interno del Fondo demanda por lo menos seis semanas. En las primeras cuatro, que son las que ya están corriendo, opinan el staff, la auditoría y todas las áreas que deben pronunciarse sobre el memorándum de entendimiento. En las últimas dos semanas, es el directorio el que decide. Con suerte, el acuerdo podría estar en la tercera semana de diciembre, aunque sin la aprobación del board. En ese momento, el proyecto iría al Congreso y la oposición tendrá que tomar postura.
Aunque hoy aparece reticente a cualquier acuerdo y exige con razón que primero sea el oficialismo el que logre consensuar una postura común, la dirigencia de Juntos sabe que no tiene mucho margen para oponerse, tal como lo prevé el propio gobierno. A grabador apagado son mayoría los políticos que reconocen que rechazar el acuerdo sería empujar a la Argentina hacia el default con el Fondo y admiten que les conviene que sea el peronismo el que inicie el sendero de ajuste. Crease o no, hoy para algunos es Cristina la garante de que el pacto con el organismo va a ser digerible para toda la dirigencia.
Habrá que verlo. Si el Fondo logra imponer sus criterios y ordenar en tiempo récord a un sistema político polarizado en torno a la austeridad fiscal, todavía quedará pendiente el último veredicto: el de una sociedad que viene de largos años de padecimientos, tiene los ingresos pulverizados y la paciencia saturada.
