La propia Christine Lagarde anunció junto a Nicolás Dujovne el nuevo acuerdo con el FMI. A cambio de 7100 millones de dólares más y el adelantamiento de los desembolsos para alejar el fantasma del default, Argentina se compromete a un brutal ajuste fiscal y monetario.
Argentina recibirá 36.200 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional entre lo que resta de este año y todo 2019, y eleva a 57.100 millones de dólares el monto total del crédito Stand By otorgado al país. A cambio, el gobierno no sólo ratifica el plan presupuestario restrictivo para 2019, que elimina el déficit fiscal primario, sino que además asume una drástica política antiinflacionaria del Banco Central que reduce a cero la emisión monetaria desde ahora hasta junio de 2019, y pasa a un esquema de libre flotación cambiaria que limita las intervenciones de la autoridad monetaria en el mercado mayorista. La escasez de dinero circulante debería actuar como freno a la inflación, pero al costo de una fortísima caída en la actividad económica. El nuevo acuerdo con el Fondo fue anunciado por la directora gerente del Fondo junto a Nicolás Dujovne desde Nueva York. La instrumentación de la estrategia monetaria fue explicada, minutos más tarde, por el flamante titular del Banco Central, Guido Sandleris, en Buenos Aires.
Con la bandera argentina a su espalda, y el ministro de Hacienda a su izquierda, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, encabezó en el consulado argentino en Nueva York el anuncio del nuevo acuerdo con Argentina “para fortalecer el Programa Stand By de 36 meses aprobado el 20 de junio pasado”. Dueña absoluta de la situación, Lagarde asentía con leves movimientos de cabeza la lectura del comunicado que hizo Dujovne. “El nuevo acuerdo comprende desembolsos totales por 57.100 millones de dólares, lo que representa un incremento de 7100 millones con respecto al acuerdo previo”, indicó el ministro. “Además, bajo el nuevo esquema los desembolsos estarán disponibles de manera más anticipada: hasta 2019 el FMI asegurará financiamiento por 36.200 millones de dólares; con respecto al acuerdo previo, se incrementa en 19.000 millones el financiamiento disponible hasta fines de 2019”, explicó. Desembolsados ya 15.000 millones en junio, quedarían, en consecuencia, unos 6000 millones de dólares pendientes para 2020. Como en anteriores ocasiones, Dujovne se centró en explicar la “consistencia del programa financiero” entre los compromisos y las fuentes de financiamiento, pero sin considerar su impacto nocivo sobre la economía real.
Por el contrario, el ministro de Hacienda volvió a afirmar que el brutal ajuste y política de endeudamiento que presentó ayer forman parte de “un conjunto de políticas orientadas al fortalecimiento de la economía argentina”. Desde la mirada del actual equipo económico, Argentina padece dos problemas que están por encima de cualquier otro: déficit fiscal e inflación. En coincidencia plena con el FMI, las medidas anunciadas ayer buscan “resolver” de manera drástica ambos conflictos, sin detenerse en los costos sociales que traerán aparejados. Lo fundamental para su sostenimiento está dado en “el apoyo de la comunidad internacional, que permitirá dejar atrás este camino de turbulencias”, y la decisión del FMI de “continuar respaldando la atención a los sectores más vulnerables”, señaló Dujovne, desviando la mirada hacia Lagarde en busca de aprobación. La recibió.
Lagarde solo tuvo una breve intervención verbal en la conferencia en el Consulado. Tras ello, Dujovne la excusó “por compromisos de agenda” y continuó solo. Antes de irse, la titular del FMI anunció que el acuerdo había sido “aprobado por la Gerencia” del FMI, incluyendo los desembolsos anticipados. Indicó que el programa Stand By acordado estaba “respaldado por un presupuesto adecuado y sustentable”. También se refirió al compromiso del Banco Central con una política de tipo de cambio flexible sin intervención e indicó, ante una pregunta, que “la clave del nuevo acuerdo está en las cifras 19 y 19: los 19.000 millones de dólares que Argentina recibirá por adelantado hasta 2019, con lo que conseguirá estabilizar su economía”.
“Hemos acordado avanzar más rápido hacia el equilibrio fiscal para 2019”, anunció Dujovne, como contrapartida del adelanto del cronograma de desembolsos para atender las urgencias financieras del gobierno a partir de la corrida iniciada en mayo y que no se frenó con el primer acuerdo.
“En el terreno de la política monetaria y cambiaria, en las últimas semanas hemos enfrentado jornadas de mucha volatilidad que se han traducido en una importante depreciación del peso y un recrudecimiento de la inflación”, expresó luego el ministro. “En ese marco –anunció–, hemos decidido reemplazar el esquema de metas de inflación por una regla simple y verificable sobre los agregados monetarios, elemento que entendemos contribuirá decididamente a reducir la inflación”. Más tarde, en conferencia de prensa en el Salón Bosch del BCRA (ver nota aparte), su nuevo titular explicaba la implementación de “una banda de no intervención” ajustable por una “tablita” de aquí a fin de año, y una participación limitada cuando el valor mayorista saliera fuera de las bandas. “Mantenemos nuestro compromiso con el régimen de tipo de cambio flexible, aunque hemos incorporado elementos a la política cambiaria que nos permitirán evitar la excesiva volatilidad”, dijo confiado Dujovne.
El programa económico que surge del nuevo acuerdo con el FMI representa la renuncia del gobierno al “control de daños”. Asume todos los riesgos y sin red. Va hacia un recorte brutal en el gasto público en medio de un proceso recesivo. Se mete de cabeza en un proceso inflacionario, motorizado principalmente por la megadevaluación de los últimos cinco meses, soltando las amarras con las que pretendía controlar el dólar. Juega todas las fichas a la sequía monetaria, es decir congelar la emisión de dinero para que no haya dinero para convalidar nuevos aumentos de precios. Pero el propio Sandleris reconoció que hay un rezago de la devaluación previa que impactará en el nivel de inflación de septiembre, octubre y, “en parte”, en noviembre. La secuencia es previsible: aumentarán los precios, seguirá subiendo el dólar, se atrasarán los salarios, se profundizará la caída de la actividad y se expandirá la recesión con mayores suspensiones y despidos. Ahí, recién ahí, con muchas víctimas del desempleo y de la pérdida de capacidad de consumo, la escasez del dinero circulante podrá traducirse en atenuación de la inflación. Los costos en materia social son imposibles de proyectar. En los cementerios, dicen, no hay inflación.
