En el último comunicado que el FMI publicó con relación a la Argentina, luego de llegar a un acuerdo y realizar un desembolso de US$7300 millones, el organismo pidió al país que tome determinadas medidas económicas. Entre las “acciones previas” que propuso, pidió limitar los incrementos salariales de los empleados públicos para disminuir el gasto.
El reporte elaborado por el staff del FMI, conocido luego del envío del desembolso, volvió sobre el tema. “Tras el rápido crecimiento real de la masa salarial del gobierno federal en el primer semestre (7% interanual), será fundamental garantizar que los incrementos salariales en los próximos meses sean limitados y consistentes con un aumento real anual general de como máximo el 3%”, afirmó.
El FMI recalcó que hace pocos días el Gobierno emitió una resolución administrativa para centralizar y coordinar la política salarial del sector público. Durante su breve gestión al frente del ministerio de Economía, Silvina Batakis ya había acordado con el FMI que se congelaría el ingreso de nuevo personal al Estado y organismos descentralizados. Incluso, la exfuncionaria firmó un decreto donde dejó firme la prohibición.
Pese a ello, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo, entre mayo de 2022 y el mismo mes de 2023 (último dato disponible) se sumaron más de 76.300 asalariados al sector público, que totalizó 3.429.800 puestos de trabajo. En términos porcentuales, el crecimiento fue de 2,3% en el año.
Más empleados, pero menos gasto
En ese contexto, un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea detalló que, si bien la planta del sector público aumentó en los últimos años, su peso en términos de gasto para el Estado decreció.
“La licuación del gasto salarial en el sector público argentino en los últimos años se debe a la caída del salario real, porque (…) la planta de agentes estatales aumentó casi sin interrupciones, especialmente hasta 2015, y nuevamente desde 2020″, señaló el trabajo.
Los economistas del Ieral añadieron que esa licuación salarial era “esperable en un país que agotó la posibilidad de aumentar la presión tributaria y que exhibe de todos modos un alto déficit fiscal que no puede financiar: el exceso de personal, así como la fuerte suba en la cantidad de jubilados, termina impactando, a mediano o largo plazo, sobre el nivel de los salarios públicos y de los haberes jubilatorios”.
El reporte indicó que el gasto del sector público en personal representa el 27% de las erogaciones totales del Estado. Los analistas del Ieral puntualizaron que esa proporción está por encima del 23% promedio entre los países de la OCDE. En consecuencia, la Argentina se ubica en el octavo lugar, entre las 37 naciones que integran esa organización multilateral, en términos de gasto en empleo público.
Precisamente, el gasto es la verdadera preocupación del FMI, que pretende que al término de este año las erogaciones por salarios representen el 3% del PBI. Según el organismo, hubo una aceleración en los primeros meses del año.
Por el contrario, Ieral detalló que ese indicador tuvo una tendencia descendente desde 2015, cuando representaba el 3,3% del PBI. “Suponiendo que en 2023 el gasto en personal presente la misma estacionalidad que en los 8 años previos, durante el segundo semestre se ejecutaría un 57% del gasto anual, lo que llevaría a un gasto estimado de 2,2% del PIB”, estimó el instituto.
En cambio, al analizar el gasto en moneda constante, la tendencia no siempre fue bajista. “En 2021 y 2022 aumentó respecto al año anterior, y la mayor reducción ocurrió entre 2017 y 2020, cuando subió fuertemente el tipo de cambio oficial y la inflación”, cerró Ieral.