En la agenda de reformas demandadas por el FMI como parte del acuerdo Stand-By firmado con la Argentina existen tres pilares prioritarios: la reforma laboral, una reforma previsional y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. En el caso de las primeras dos es difícil pensar que el gobierno disponga del plafón necesario para introducir cambios que suponen un recorte de derechos para los trabajadores activos y pasivos en un año electoral. Es un secreto a voces que, en caso de ser reelegidos, ambas iniciativas liderarán la agenda de gobierno a partir de 2020.
Más insistente se presenta, en cambio, la posición de los funcionarios del FMI exigiendo al Poder Ejecutivo que envíe un proyecto de ley para modificar la Carta Orgánica del BCRA. El principal cambio que se introdujo en 2012 con la sanción de la legislación vigente fue la reincorporación de un mandato múltiple. Desde entonces el texto obliga a ocuparse no sólo de la estabilidad monetaria sino también del crecimiento, la equidad, el empleo y la estabilidad financiera. En la práctica eso implicó que el Banco Central pueda regular las condiciones del crédito bancario, su asignación, las tasas de interés que se cobran y también las que se pagan por los depósitos.
Avanzar en el camino propuesto por el FMI formalizaría un preocupante recorte de capacidad de maniobra de la política económica que sería heredado por el próximo gobierno. Bajo el argumento de “fortalecer” el BCRA, el acuerdo con el FMI plantea el compromiso de modificar la carta orgánica dándole mayor autonomía, claro está, respecto al poder político. Los dos ejes principales de la propuesta pasan por “reforzar la estabilidad de precios como el mandato principal”, lo que implicaría volver a subordinar las condiciones de la economía real al objetivo de estabilización monetaria. En realidad, las sucesivas conducciones del BCRA ya han abrazado sin mucho éxito esta postura a lo largo de los últimos tres años. Con la falsa premisa de que si se logra la estabilidad, el crecimiento y el empleo vienen por añadidura, la política monetaria, cambiaria y financiera se ha desentendido de la economía real. Si formaliza en una ley ese nuevo mandato único que “de hecho” está ejerciendo el BCRA se perderían, entre otras, las atribuciones de esta entidad para regular el crédito y las tasas de interés.
La reciente decisión oficial de impulsar una línea de financiamiento para las pymes con subsidio de tasa es un buen ejemplo de como el BCRA se ha corrido de cualquier responsabilidad vinculada al mundo de la producción y el trabajo. De la información preliminar que se dispone surge que no es una iniciativa que impulsa el Central, los bancos pueden o no participar en la licitación de cupos y no habría penalidad alguna por la no utilización de los mismos. El despliegue de la línea, en consecuencia, no está garantizado y dependerá en gran medida del costo de oportunidad de las entidades de usar su liquidez en nuevos créditos o continuar aprovechando el rendimiento de las Leliqs que ya supera el 50 por ciento –según publica Página 12-.
El otro eje de los cambios propuestos pasa por achicar la capacidad del BCRA para financiar al Tesoro Nacional. En el texto del acuerdo se explicita la necesidad de “suspender la financiación directa o indirecta del BCRA al Tesoro”. Esta postura súper ortodoxa insiste en ignorar que la gran mayoría de los bancos centrales desempeñan la función de financiar a sus Tesoros para que lleven adelante los gastos e inversiones que consideren necesarios.
La insistencia en que se legisle en ese sentido persiste a pesar de que “de hecho” el Banco Central ya ha optado por resignar sus atribuciones para financiar al Tesoro. A mediados del año pasado, por ejemplo, en una demostración de buena letra con el FMI, se dejaron de transferir 112.000 millones de pesos en concepto de adelantos al Tesoro. Ese financiamiento a tasa cero fue reemplazado por la ampliación de la deuda con el sector privado. De formalizarse en una nueva ley esta inhibición para asistir al financiamiento del gasto público, se cristalizaría una mayor dependencia del financiamiento del mercado, achicando los espacios para la gestión de la política económica del próximo gobierno.
Uno no puede dejar de preguntarse cuál es el apuro del gobierno y de los funcionarios del FMI por cambiar la carta orgánica cuando en los hechos ya se están implementando las principales líneas de acción propuestas: se dejó de financiar al Tesoro, la política monetaria se desentiende de cualquier meta vinculada a la economía real y lejos de cancelar deuda con reservas, el endeudamiento se ha transformado en el único mecanismo para engrosarlas. No hay que tener una mirada demasiado conspirativa para pensar que el objetivo es garantizar que el próximo gobierno, particularmente si es de otro signo político, se encuentre con restricciones formales para reemplazar financiamiento del mercado por financiamiento intra sector público, o para apartarse de la lógica monetarista en el manejo de la política monetaria y cambiaria, entre otros severos condicionantes.
