El fiscal Carlos Stornelli denunció a Marcelo D’Alessio por defraudación, tras la filtración de audios, fotos y llamadas en las que se presenta como operador de quien lleva adelante la investigación de la causa por coimas en la obra pública durante el kirchnerismo. Según trascendidos periodísticos, D’Alessio cobraba a empresarios millones de dólares para «salvarse» de preventivas y allanamientos.
El ex ministro de Seguridad de Daniel Scioli, por entonces gobernador bonaerese, denunció penalmente al operador Marcelo D’Alessio, quien supuestamente se presentaba en nombre del fiscal federal para cobrar coimas a empresarios involucrados en la causa que se los investiga -junto a funcionarios K- por sobreprecios en la obra pública.
La denuncia recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 10, de Julián Ercolini. La denuncia está hecha en base al artículo 173, inciso 10, con pena de hasta 10 años de prisión.
Sobre el sorteo, el kirchnerismo abrió un manto de dudas: «Ercolini es de los más furiosos anti-K, está concursando para ser camarista y sua esposa era asesora del ministro de Justicia Germán Garavano», disparó el portal K El Destape Web.
«Sobreseyó al Grupo Clarín y a La Nación en la causa Papel Prensa y es un ferviente antikirchnerista. En 2016, el juez procesó a la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner por presunta corrupción en el reparto de la obra pública de la provicnia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Además, tiene a su cargo otras causas como Hotesur», enfatizó.
En tanto, La Coalición Cívica, el partido político de Elisa Carrió, denunció ante la Justicia que la acusación contra Stornelli es una “operación” que se armó desde la cárcel de Ezeiza, el lugar de detención de Baratta.
Las legisladoras Mariana Zuvic y Paula Olivetto entregaron en Tribunales transcripciones de escuchas telefónicas en las que se puede leer cómo Baratta le pregunta a un interlocutor -con el que se comunicó desde su lugar de encierro- varias veces en las últimas semanas sobre lo que metafóricamente llama “el dolor de muelas”, aseguró el periodista Nicolás Wiñazki.
D’Alessio reconoció cobrar dinero a empresarios involucrados en la causa de los cuadernos pero justificó en varios medios que «se trataba de un protocolo para investigar de dónde venían los fondos». Quien era su abogado Rodrigo González renunció a su defensa. Aparentemente, también era su socio.
