«Ahí están nombradas sesenta personas y no todas consideramos que hayan tenido la conducta que debe ser reprochada penalmente», dijo el fiscal de la Unidad Anticorrupción que investiga las causas «El Embrujo» y «Revelación».
El fiscal Marcos Nápoli, que integra la Unidad Anticorrupción para investigar las causas «El Embrujo», «Revelaciones» y sus derivados, afirmó que las planillas Excel y anotaciones que fueron encontradas en los allanamientos son un elemento importante para detectar testigos y rastrear pruebas. En diálogo con El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3 MHz, Nápoli detalló cuáles son los avances en las investigaciones.
«Estamos conformes con la resolución judicial, consideramos que ha sido suficiente desde el punto de vista jurídico y que completa la resolución», apuntó el fiscal. «A quienes consideramos principales actores de la asociación ilícita son quienes han quedado con seis meses de risión preventiva y además son las personas que consideramos que tienen mayor incidencia para intervenir en el entorpecimiento de la investigación», explicó. Se refiere a Víctor Cisterna, Gonzalo Carpintero, Pablo Oca, Federico Piccione, Patricio Musante y Andrés Ninín.
Uno de los abogados defensores, Guillermo Iglesias, mencionó el delito de concusión: cuando un funcionario abusa de su cargo y exige pagos indebidos a una persona. «Es cuando el empresario se queda coaccionado por la exigencia del funcionario público y en un estado de necesidad accede a pagar un retorno o una coima para no quebrar, no fundirse o seguir pagando sueldos».
«A quienes les hemos tomado entrevistas, han podido demostrar a través de sus dichos y de la contabilidad de las empresas que justamente estaban inmersos en esta figura de concusión. No eran ellos los que provocaban la acción del funcionario, no eran proactivos en ofrecer la coima. Por eso es tan difícil diferenciar las situaciones, por eso tenemos que afinar la mirada para no ser arbitrarios», describió. «Algunos se comprometieron con el hecho y otros se involucraron».
«Estamos observando, mirando y analizando toda la maniobra de compra de Canal 9 a través de Protel. Ninín actuaba entre funcionarios del Estado y dueños del canal para hacerse de las acciones de esta sociedad, pero esto no significa que no haya otros actores y que no estemos evaluando cuál va a ser su situación procesal», detalló.
El fiscal Nápoli señaló que existe una difícil tarea para dilucidar las maniobras entre privados y funcionarios públicos puesto que es una cantidad muy grande. «Habían tomado al Estado como botín de repartija de un motón de dinero, bienes, servicios, actividades», dijo. Es por eso que la Unidad Anticorrupción imputó a funcionarios por malversación de fondos.
«Ocurre que alrededor de estos casos se crean imaginarios colectivos de responsabilidades. Y una vez que se les pone el mote, es muy difícil quitárselo. No defiendo a nadie en particular, hablo de mi experiencia cuando me tocó ser defensor público», opinó Nápoli. «El inicio de este caso para nosotros fue la planilla lisa y llana sin ningún aditamiento. Ahí empezamos a cruzar información, a llamar, a ver porqué decía determinado nombre, determinado evento, determinado gasto. Ahí empezamos a destejer la trama que había detrás de ello».
«No hemos dejado de ver esa planilla, pero ocurre que ahí están nombradas sesenta personas y no todas consideramos que hayan tenido la conducta que debe ser reprochada penalmente. Hay montos muy pequeños, de personas que cobraron para hacer un trabajo y realmente lo hicieron. Estar en la lista de Correa es estigmatizante para aquel hizo un trabajo, se lo pagaron en negro y de yapa aparece ahí», expresó en la entrevista radial.
«No es el caso de funcionarios que cobraban grandes sumas de dinero y que si son sujetos de investigación: la señora Raquel Di Perna, el ex ministro Oca, algunos legisladores, gente que cobraba entre 200 y 250 mil pesos. AM Publicidad que se ha visto que había una productora que cobra 350 mil pesos por mes. Eso provocó el esclarecimiento de la compra de Canal 9 porque vimos que figuraba un millón», repasó el fiscal.
