El lunes, dos juezas presentarán un escrito con la resolución sobre Juan Luis Ale. El abogado defensor pide la prescripción, mientras que la fiscal argumentó la «Ley Piazza».
El ex Jefe de la Policía de Chubut y ex diputado provincial Juan Luis Ale está acusado del abuso sexual de dos menores que fueron sus hijas adoptivas. Si bien Ahora pidió que se aparte a la jueza Patricia Reyes, ahora deberán resolver otros dos jueces. En tanto, la Fiscalía se opone y quiere llevarlo a juicio.
La causa podría elevarse a juicio oral y la decisión se conocería como máximo el próximo lunes. El defensor de Ale, el abogado Adrián Sandoval, insistió en la la prescripción de los delitos, cometidos entre 1998 a 2001, cuando las víctimas eran menores de edad.
En la audiencia, realizada en la mañana del Jueves Santo en Tribunales, el abogado de Ale argumentó que no corresponde aplicaría la «Ley Piazza», bautizada así por el diseñador de modas Roberto Piazza, porque en ese entonces no estaba vigente.
El abogado de Ale argumenta que no corresponde aplicar la «Ley Piazza» -bautizada así por el diseñador de modas Roberto Piazza- porque en ese entonces no estaba vigente. Esa ley es una modificación al Código Penal que prevé una regulación especial en cuanto suspende el plazo de prescripción para estos delitos a la integridad sexual cuando la víctima es menor de edad.
La fiscal María Alejandra Hernández afirmó que el planteo de Ale es «extemporáneo» y que busca dilatar el proceso. La jueza Reyes hizo lugar a la Fiscalía, pero de todas formas dispuso que resuelvan dos jueces. Es así que la decisión la tomarán Marcela Pérez Bogado y Stella Eizmendi, que resolverán por escrito.
La fiscal Hernández, de la oficina de Violencia de Género e Integridad Sexual, acusa al comisario retirado por la presunta comisión del delito de «abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia en modalidad de delito continuado en perjuicio de dos menores».
Hernández pide que el ex jefe policial vaya a juicio oral, quien en caso de ser condenado estaría expuesto a una pena de 15 años de prisión. «La ley 27.206 apunta a que los plazos de prescripción de los delitos contra la integridad sexual, en víctimas menores, empiezan a correr una vez que la víctima denuncia, independientemente de su edad», explicó.
«Estamos en una nueva etapa y la ley busca proteger a los niños y adultos que pasaron por este tipo de delitos. Las víctimas que no hayan podido defenderse durante su niñez pueden hacerlo siendo mayores sin que el delito prescriba», indicó la fiscal.
