Por orden del juez Miguel Caviglia, por un mes quedará detenido Maximiliano González, el segundo involucrado de la Causa Sueños Pagos que investiga la venta ilegal de carpetas de adjudicación de casas eludiendo los procedimientos del Instituto Provincial de la Vivienda.
En la audiencia de control de detención, por videoconferencia, el fiscal Héctor Iturrioz pidió imputarle ser jefe de una “asociación ilícita”. El defensor Guillermo Iglesias cuestionó las calificaciones jurídicas y solicitó el arresto domiciliario, señaló Jornada.
Banda
Según el parte de prensa de Fiscalía, al menos desde mayo de 2019, un grupo de tres personas comandado por González, funcionario de la Delegación Zona Sur del IPV con sede en Comodoro Rivadavia, se asociaron para recaudar dinero con transacciones comerciales ilegales respecto de viviendas sociales construidas o a construirse por el Instituto.
Los ilícitos incluían la comercialización/venta de viviendas de propiedad del IPV ya adjudicadas o dadas en tenencia precaria a sus ocupantes, y cuya comercialización prohibía la ley FONAVI; la venta de legajos personales denominados “Carpetas Adjudicadas” por hasta $ 300 mil que suponía –según el clan- la “adjudicación directa” de una finca sin cumplir el procedimiento legal y la sustracción de sellos y documentación del IPV para usarlos y dotar de apariencia de legalidad a los instrumentos confeccionados por la banda y que entregaban a las víctimas.
También falsificaron resoluciones de adjudicación, gracias a que González conocía el procedimiento administrativo por su labor en el IPV y el hardware y software propiedad del ente autárquico.
“Éxito económico”
Según la gacetilla, el “éxito económico” de los primeros meses de maniobra “motivó que su jefe, González, decida cambios en el reparto de tareas, por cuanto se incorporaron nuevos miembros para optimizar la operatoria al tiempo que le permitía permanecer al margen del contacto personal con los nuevos miembros y con los adquirentes de sus servicios”.
A fin de 2019 se incorporó Griselda Fanny Jonás, la otra detenida. Su labor fue ofrecer “Carpetas Adjudicadas” del IPV de planes de viviendas sociales en la zona norte, barrio Kilómetro 12.
“Para garantizar el éxito del emprendimiento inmobiliario ilegal, Jonás sumó integrantes a la sociedad que se encargarían de conseguir interesados, explicarles los “beneficios” de acceder a conformar la transacción, y finalmente ponerlos en contacto directo con Jonás quien concluía la operación”.
Recibida la documentación y el dinero por parte del funcionario público, confeccionaba las resoluciones apócrifas de adjudicación a quien pagaba. La banda “trabajó” al menos hasta el 10 de septiembre. Cerraron al menos 200 operaciones ilegales.
González, siempre según la gacetilla fiscal, también fue imputado de falsificación, falsedad ideológica de documento público, y concusión.
Según el defensor, “las presuntas víctimas en realidad son codelincuentes y este hecho no podría ser más que una estafa burda”
