El fiscal Alex Williams brindó algunos detalles de la causa. Un millón de pesos por mes se llevaba Diego Correa.
La recaudación por maniobra de corrupción, en la causa denominada «El Embrujo», empezó con $7,5 millones por mes y en los últimos meses superaba los $10 millones. «El total de recaudación arroja cerca de 240 millones de pesos -en los casi dos años de función pública de Correa-«, describió el fiscal a cargo de la investigación, Alex Williams, en contacto con La 100.1.
«Respecto a Correa, que él mismo se autoseñala en sus planillas se llavaba un millón por mes, calculamos un promedio 24 millones de pesos», agregó en el contacto radial.
«La obra pública es una de las fuentes, no me animaría a descartar que el dinero provenga de otros lugares», agregó. «Hay una referencia a la obra pública porque la misma contabilidad lo señala», explicó en La 100.1. En esa contabilidad, el ex secretario privado del fallecido gobernador Mario Das Neves detallaba las empresas con fechas, montos y método de cobro.
«El abanico no está limitado a la obra pública, por más que provenga de ese lugar. No hay una exclusividad a la obra pública o a infraestructura», advirtió el fiscal de la causa «El Embrujo». «Todavía no hemos podido trabajar intensamente sobre lo que es la otra matriz de recaudación que fue la catástrofe climática en Comodoro. Y ahora se abre otra línea de investigación en relación a la contabilidad que llevaba Correa», apuntó.
«Nosotros vemos a partir del jueves de la semana pasada nos da una idea de cómo funcionaba el sistema de recaudación», indicó. El fiscal comentó que falta todavía para detallar bien todo ese funcionamiento, como por ejemplo gran parte de la documentación secuestrada en Playa Unión. «Fernando Gatica era la persona que se ocupaba de blanquear el dinero a Correa y su grupo. La matriz que empezamos a ver es que recibía dinero espúreo y lo repartía», dijo.
METODOLOGÍA
Cholila Online difundió la connivencia entre empresarios y políticos en el negocio de la construcción. Según un informe de ese sitio, el Gobierno enviaba a la Cámara de la Construcción -presidida mucho tiempo por Patricio Musante, ex funcionario de Das Nevess en Vialidad- el listado de licitaciones y ahí se repartían entre sus distintos miembros según sus capacidades de obra y especialidades.
«Asignadas las obras, solo resta organizar la licitación: se ponen de acuerdo quienes son las empresas que “acompañan”, es decir, que también comprarán el pliego y se presentarán a mayor precio para que parezca una licitación real», indica Cholila Online. «¿Qué reciben los funcionarios políticos a cambio de esta connivencia? Entre el 3% y el 5% de cada certificado de obra pagado».
«Es decir, todos los meses las empresas constructoras certifican su avance de obra, y una vez percibido el mismo, deben devolver/reintegrar al Gobierno (sus funcionarios en realidad) del 3% al 5% de cada certificado», apunta el medio de la cordillera.
