Así lo confirmó el fiscal Héctor Iturrioz, quien integra la oficina Anticorrupción de la provincia de Chubut.
«Bajamos las sospechas una vez encontrada la caja negra, ahora estamos en el estado de probabilidad que tiene que ver con la actualidad, donde hay que analizar las medidas de condena”, dijo el fiscal general Héctor Iturrioz, integrado al grupo de investigación por corrupción en el Estado provincia, en una entrevista con Radio del Sur.
El fiscal recordó que la causa deriva en otras, en este caso El Embrujo II que tiene que ver con las coimas que se le cobraban a las empresas de la construcción para poder ser beneficiados con la licitación de obras. “Si bien todavía hay que confirmar la lista de los valores, es claro cómo funcionaban” expuso Iturrioz. “Hay más de 20 casos comprobados por cohecho”, agregó.
“Hasta que los empresarios no pagaban la coima -describió el fiscal-, el pago adelantado de la obra no se generaba, por lo cual eran pagos atrasados que no se destrababan hasta que la obra se terminara. Esta era la causa que inhabilitaba al empresario el abono de los sueldos y la inversión”.
Iturrioz explicó que en materia penal, el cohecho está definido como delincuencia, donde el funcionario es infiel. Por otro lado, al empresario se lo toma como víctima sólo en los casos donde justifique que actuó bajo presión. “En la modalidad de concusión, el derecho penal lo reconoce como víctima al empresario con un sustento objetivo. Lo que exime al empresario de su responsabilidad penal, siendo contratista del estado”. En Argentina no existe la responsabilidad empresarial que afecte directamente a las empresas, sí en otros países.
Iturrioz reconoció que esta modalidad en la provincia existe hace 15 años y que se descubrió en el caso Skanska, donde “las facturas eran truchas con una modificación en el IVA del 12%”. “En el Embrujo II, la tarifa dependía del estamento y de la obra que se hacía, pero eran menores como por ejemplo del 5%”, subrayó el fiscal comodorense.
