Comprar una vivienda es una meta que para muchas personas en la Argentina es imposible, esto a causa del deterioro en el poder adquisitivo y la suba de las cuotas de los créditos hipotecarios, por lo cual, la opción más común es alquilar.
Sin embargo, en los últimos años, el poder hacer un contrato de locación también se ha convertido en todo un drama, no solo porque la oferta es poca, sino porque es cara, indica Infobae.
Desde que entró en vigencia la Ley de Alquileres en julio de 2020 (hoy en revisión en el Senado nacional luego de que Diputados apruebe la media sanción para reformar dos artículos) un análisis privado determinó varios desacoples: entre ellos y a través de una encuesta reveló que el 60% de los inquilinos confirmó que deben aceptar aumentos por fuera de la ley por períodos inferiores a un año.
Este trabajo lo hizo sobre una encuesta en el el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Lo trabajaron la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) del Conicet, la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (Idaes) de la Universidad de San Martín (Unsam) y la Red Contested Territories sobre la situación de los hogares inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del Gran Buenos Aires.
Un parte del problema es la alta inflación que sufre el país que supera el 100% anual, motivando que el acceso a la vivienda sea cada vez más difícil, sobre todo porque los precios de los alquileres que según la ley vigente se ajustan anualmente a través de la variación del Índice de Precios al Consumidor que mide el INDEC y la de los salarios que establece la remuneración promedio de los trabajadores estables (Ripte).
Por ejemplo, quienes hayan firmado sus contratos en septiembre de 2022 tendrán un aumento del 112,5% al cumplirse el año, siendo este un nuevo récord de incremento, pues en agosto el alza se ubicó en 109%. De hecho, desde junio de este año los alquileres se mantienen en tres cifras.
Y es que desde que entró en vigencia la polémica Ley de Alquileres, que fue sancionada en 2020, se estiman que salieron 250.000 unidades del mercado para ser vendidas u ofrecerlas como alquileres temporarios o turísticos, todo debido a que resulta más rentable para los dueños.
Eduardo Urzagasti, analista económico de El Mejor Trato, empresa especializada en análisis económicos confirmó que “también crecieron los alquileres informales, aquellos que aceptan dos años de contrato y no tres como dictamina la ley, además de ajustes semestrales y no anuales”.
Organizaciones proponen soluciones
Ante esta crisis habitacional, organizaciones como el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), TECHO y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia presentaron sus propias propuestas para dar solución a la problemática.
La primera de ellas es promover la sanción de normativa de ordenamiento territorial, debido a que hay que tomar en cuenta que entre el año 2010 y el año 2016 los principales aglomerados urbanos en Argentina se expandieron hasta 1,5 veces en comparación a su crecimiento poblacional.
“Esto permitiría proyectar el mejor uso del suelo para cada área, garantizar el hábitat adecuado, detener y reorientar los procesos de crecimiento urbano descontrolados, y regular la gestión de suelo. Así, se evitaría que sean ciudades deficientes, fragmentadas y excluyentes”, indica parte del reporte presentado.
La investigación por parte de las organizaciones también indicó la necesidad de avanzar en el mejoramiento integral de viviendas, ya sea mediante la asistencia financiera a hogares -como, por ejemplo, subsidios o créditos- así como a través de asistencia técnica, la cual corrobore y garantice la refacción.
Un tercer punto sería promover un programa nacional de alquiler asequible. Para lograrlo plantean algunas políticas públicas como: restricciones tributarias al suelo ocioso, regulaciones de alquileres temporario, propiciar cobro en metros cuadrados, incentivos tributarios a quienes ofrecen alquileres accesibles, crear una oferta pública de vivienda y subsidios destinados al alquiler.
