El Senado acordó que la votación de la interrupción del embarazo se realizará el 8 de agosto. En una tensa reunión de jefes de bloque, definieron que el próximo 1º de agosto se firmará dictamen y que la semana siguiente llegará al recinto la interrupción voluntaria del embarazo. El conflicto por los giros a comisión se definirá en la sesión de hoy.
La legalización del aborto ya tiene fecha para su tratamiento en el Senado. Los jefes de los distintos bloques de la Cámara Alta llegaron ayer a un acuerdo para que la iniciativa aprobada por Diputados llegue al recinto el 8 de agosto. Durante la reunión de Labor Parlamentaria de ayer se estableció que esa será la fecha para la votación y una semana antes, el 1 de agosto, se pasará a la firma el dictamen. Más allá de eso, no se logró resolver el conflicto por las comisiones que intervendrán en el debate. La semana pasada la vicepresidenta Gabriela Michetti había girado el proyecto a cuatro comisiones, dos más que las solicitadas por los sectores que apoyan la iniciativa. El interbloque Argentina Federal, que preside Miguel Pichetto, y el FpV-PJ, que encabeza Marcelo Fuentes, impugnaron esa decisión, que podría ser debatida hoy por el conjunto de los senadores, previo a la sesión informativa especial del jefe de Gabinete, Marcos Peña.
Mientras afuera del edificio del Congreso se realizaba un nuevo pañuelazo, los principales senadores discutían puertas adentro el procedimiento para esta segunda etapa del histórico debate sobre el aborto. Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito volvieron a reclamar ayer al mediodía que no se dilate la discusión y proponían que, dada la enorme cantidad de expositores que ya habían pasado por Diputados y el trabajo de las comisiones allí, la votación se realizara a mediados de julio. El pedido fue acompañado por un grupo de senadoras y senadores, el colectivo de Actrices Argentinas y distintas agrupaciones del movimiento de mujeres (ver nota aparte).
Fuentes de distintos bancadas confirmaron a PáginaI12 la fecha para emitir dictamen y para votar el proyecto. La reunión de Labor, presidida por Michetti, tuvo algunos momentos de tensión, sobretodo cuando se planteó el tema de los giros. La vicepresidenta había dispuesto que, además de Salud y Justicia, se incorporen las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales. La primera la preside el macrista Esteban Bullrich, un cruzado antiabortista y la segunda el peronista catamarqueño Dalmacio Mera, que ayer ratificó su “posición personal a favor de la vida” pero agregó que no tiene “posiciones definitivas” de cara al debate. “Estoy dispuesto a escuchar ideas, posiciones, a poner en crisis mis verdades y estar dispuesto a encontrar y entender al otro”, afirmó Mera en declaraciones a radio Concepto. El senador se mostró cercano a la despenalización pero en contra de la legalización. “Hay una colisión de derechos con ese niño por nacer que, de acuerdo a mucha normativa existente tiene el derecho consagrado a la vida. Entiendo que hay un reclamo válido del colectivo que reclama por esta media sanción; y no creo en la criminalización y penalización de la mujer”, sostuvo.
Otro que ayer hizo pública su posición fue el radical jujeño Mario Fiad, pese a que la semana pasada había dicho que no lo haría por ser presidente de la comisión de Salud, que encabezará el plenario. “Me manifiesto categóricamente a favor de las dos vidas. No estoy de acuerdo con el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados”, aseguró Fiad en un comunicado donde sostuvo (contrariando a los propios fallos de la Corte Suprema de Justicia) que la media sanción “es cuestionable desde su constitucionalidad, lo que implica un retroceso en el respeto por el derecho a la vida, derecho éste primero, fundamental y condición indispensable para el ejercicio de otros derechos”. Otro senador que ayer hizo público su rechazo fue el ruralista Alfredo De Angeli. El entrerriano, fervoroso opositor a que el Estado recaude fondos por medio de las retenciones, argumentó que la legalización sería muy costosa y que el sistema de salud no podría enfrentar ese gasto. Este razonamiento fue desmentido por completo por el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, del mismo espacio político que De Angeli. Durante su paso por Diputados, Rubinstein explicó que los mayores costos se producen cuando deben atender a las mujeres que padecen complicaciones tras realizarse un aborto clandestino.
El tema de la cantidad de comisiones intervinientes se terminará de resolver hoy, cuando se defina si finalmente se mantiene la decisión de Michetti, se somete a votación del cuerpo y se modifica. O no.
