La calificadora de riesgo Fitch redujo a la mitad sus proyecciones de crecimiento para la Argentina en 2018. La cifra prevista por la compañía pasó de 2,6 a 1,3 por ciento frente a un escenario que define como «débil y volátil». La profunda desaceleración en el nivel de actividad será acompañada por mayores aumentos de precios. La inflación llegará este año para la consultora hasta 27,5 por ciento. Devaluación mediante, el guarismo representa un incremento de 4 puntos porcentuales frente a los pronósticos publicados por la empresa el mes pasado. «Esto erosionará los salarios reales y la confianza, mientras que el ajuste monetario y fiscal pesa sobre el consumo y la inversión», expresa el informe de la firma, exponente del establishment financiero internacional.
A contramano del eufórico relato oficial, el comunicado de Fitch sostiene que «la popularidad del presidente Macri ha caído marcadamente y las protestas sociales se han intensificado. Aún no está claro si la oposición respaldará o si se resistirá a los ajustes en el año previo a las elecciones de 2019». A comienzos del mes pasado, en pleno tembladeral financiero, la misma calificadora mantuvo su nota para la deuda en moneda extranjera de largo plazo en «B» pero rebajó su perspectiva de «positiva» a «estable». Los cambios, explicó entonces, reflejaron «fricciones macroeconómicas y viento de frente político que se han intensificado». El mes pasado celebraba el éxito del gobierno para avanzar con «medidas impopulares» como la suba de tarifas o la modificación de la fórmula de actualización de las jubilaciones, pero entonces advertía que «existe un margen limitado para un ritmo más ambicioso de ajuste o reformas impopulares».
El informe distribuido hoy mantiene escepticismo. Desde Fitch sostienen que «el acuerdo que alcanzó Argentina con el Fondo Monetario Internacional mitiga los riesgos que afronta el país tras un deterioro de la confianza de los mercados». Además, consideró que «el gobierno necesita tomar más medidas para restaurar la credibilidad en su política económica». Estas advertencias generan preocupación en el Gobierno porque provienen del corazón de las finanzas internacionales. Dentro de dos semanas, otra de esas entidades, la evaluadora MSCI, tiene que resolver si eleva a la Argentina de la categoría de mercado de frontera a emergente. Informes como el de Fitch generan una incertidumbre adicional sobre cuál será la determinación de MSCI. Si no hubiera un alza en la nota, sería un golpe para el Gobierno.
Menos crecimiento y más inflación es una fórmula que comparte el propio FMI y el Palacio de Hacienda. A finales de abril, el Fondo se anticipó a las calificadoras de riesgo y bancos de inversión cuando redujo de 2,5 a 2,0 por ciento sus estimaciones para el producto. La revisión a la baja se quedó corta a la luz de la corrida cambiaria y la profundización del ajuste fiscal. El jueves pasado el ministro Nicolás Dujovne se cubrió al señalar que el objetivo es conseguir un piso de 0,4 por ciento de crecimiento para este año para asegurar el cumplimiento de la meta fiscal. La hipótesis de máxima, dijo el ministro, es que el PIB suba 1,4 por ciento.
Las calificadoras de riesgo representan un engranaje ineludible en el sistema financiero global. Los países, provincias, municipios y empresas interesados en emitir deuda para financiarse están obligados a «legitimar» sus iniciativas a través de los servicios de evaluación y puntaje otorgado por compañías como Fitch, Standard and Poor’s y Moody’s. A lo largo de los últimos años esas empresas quedaron involucradas en el fraude registrado en sus evaluaciones de los activos elaborados con hipotecas subprime en Estados Unidos y fueron cómplices en la profundización de la crisis estructural de la Eurozona.
