El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, dijo hoy que el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, miente sobre la deuda provincial y que la provincia tiene voluntad de pago e incluso propuso “cancelar totalmente” esa deuda.
Torres denunció que la Nación recortó en $13.500 millones los envíos de coparticipación por el descuento de una cuota de la deuda de la provincia, por $120.000 millones, con el “Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial”, a pesar de negociaciones que se habían iniciado con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y de propuestas que el ministro de Economía de la provincia, Facundo Ball, le enviara a Francos en notas del 16 y 22 de febrero, pidiéndole en esta última explícitamente que no procediera al recorte para cobrarse una cuota de la deuda con el Fondo Fiduciario.
El conflicto financiero tiene que ver con la resolución 1632 del exministro de Economía y entonces candidato presidencial, Sergio Massa, quien el 6 de noviembre del año pasado, dos semanas antes del balotaje que consagró presidente a Javier Milei, refinanció la deuda que Chubut no había pagado a lo largo de 2023, pero a solo 12 meses, ajustada por CER (esto es, atada a la inflación) con vencimiento a partir de enero de 2024.
Massa dispuso allí que los servicios de capital e interés “vencerán el último día hábil de cada mes y serán pagaderos a partir del décimo día hábil anterior al vencimiento hasta su total cancelación, mediante la retención de los recursos previstos en la Cláusula Quinta del convenio cuyo modelo se aprueba por la presente resolución”. Esta es la norma a la que se atiene Nación para retener fondos a Chubut, como cuota de pago de una deuda.
Sin “ventanilla validada”
El problema, dijo Torres, es que eso significa recortar en nada menos que un tercio los ya menguantes recursos de coparticipación a la provincia. Además, trató de “mentiroso” a Caputo y apuntó también al ministro del Interior, Guillermo Francos, cuando dijo: “es frustrante ver que del otro lado no hay respuestas; para negociar algo hay que tener una ventanilla validada, pero en el gobierno se desconocen entre ellos. Un ministro que hace de nexo un día te dice blanco, otro te dice negro”.
Hoy, el vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, expuso en un hilo de posteos en la red X las propuestas que la provincia hizo propuestas a la Nación sin obtener respuesta:
“El 15 de diciembre de 2023, el Gobierno del Chubut solicitó refinanciar las cuotas de diciembre y enero/24 del FFDP (por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial) para mejorar la curva de vencimientos”, escribió Menna.
“Posteriormente, y luego de una reunión mantenida con el Secretario de Hacienda de la Nación (Carlos Guberman, miembro del equipo económico que encabeza Luis Caputo), se presentó al Ministro del Interior el 16 de febrero (3 días antes de que se comience la retención de la coparticipación) otra nota (…) reiterando la necesidad de refinanciar la deuda con el Fondo Fiduciario, pues la actualización por CER que la misma prevé en momentos de altísima inflación hacía imposible la cancelación de la misma sin afectar los servicios esenciales del Estado Provincial”, escribió el vicegobernador chubutense.
Y concluyó: “por último, el 22 de febrero se solicitó la autorización formal para cancelar la deuda con el FFDP con recursos obtenidos de emisión de títulos de deuda garantizados con regalías, sin que hubiese contestación, ya que la intención es ahogar financieramente a la Provincia”.
Hoy, en entrevista radial, Torres reiteró la acusación y afirmó que ningún gobierno anterior decidió “ahogar” a la provincia, pudiendo cobrar la plata. “Lo que no tiene sentido es esa deuda pegada al CER. No pueden decirnos que no (a la refinanciación) y mientras tanto nos ahogan financieramente, quitándonos 3 escuelas por día. Eso es extorsión, aquí y en cualquier parte del mundo”, señaló.
La primera propuesta
En su primera nota a Francos, el 16 de febrero, Ball, el ministro de Economía chubutense, había propuesto amortizar la deuda en 96 cuotas mensuales (esto es, en 8 años) con un período de gracia de dos años, de modo que la primera cuota de amortización de la deuda cayera “el último día hábil de febrero de 2026″.
Chubut proponía allí salir del ajuste por CER y ajustar su deuda “a tasa Badlar (aquella que rige para los depósitos mayores a un millón de pesos), dual o dólar-linked, de acuerdo a condiciones imperantes en el mercado al momento de la emisión, garantizándose el mismo con los recursos de la Coparticipación Federal de Impuestos que le corresponden a la Provincia o con Regalías Hidrocarburíferas, para lo cual podría utilizarse la figura de un fideicomiso de Garantía”.
Luego, el martes pasado, 22 de febrero, Ball le envió otra nota a Francos proponiéndole usar un artículo de la reglamentación de la Ley de Responsabilidad Fiscal para “una nueva operación de endeudamiento consistente en la emisión de un bono, de entre 3 y 5 años de plazo, destinado íntegramente a la cancelación del saldo de deuda que la provincia mantiene con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, en virtud de los convenios suscriptos con fechas 16 de marzo de 2023, 5 de mayo de 2023 y 9 de noviembre de 2023″.
Sin respuesta
La propuesta no tuvo respuesta. Y la Nación procedió al descuento que desató el conflicto abierto entre Chubut, con apoyo explícito de las demás provincias, salvo por ahora Tucumán, amén de la advertencia de Chubut -y la posibilidad de que se le plieguen las demás provincias patagónicas- de cortar el envío de gas y petróleo al resto del país a partir del próximo miércoles.
No sería poca cosa. En diciembre pasado, según precisa un informe de la consultora Oil Production Consulting, las cuencas “Neuquina”, “Austral” y “Golfo San Jorge” (GSJ), todas situadas en la Patagonia, dieron cuenta del 98% de la producción de petróleo y 97% de la de gas de la Argentina. Y en materia de reservas, de acuerdo a los últimos datos anuales (correspondientes a 2022) de la Secretaría de Energía de la Nación, esas tres cuencas detentan el 89% de las reservas de petróleo y 98% de las reservas de gas de la Argentina.
Sin embargo, dijo a Infobae Francisco Romano, socio del Estudio Jurídico Pérez Alati, Grondona, Benites y Arntsen y codirector del Instituto de Energía de la Universidad Austral, la amenaza de recortar los envíos de gas y petróleo “no tiene sentido”.
Según el artículo 124 de la Constitución Nacional, subrayó Romano, las Provincias son dueñas de sus recursos, pero por el sistema de concesión han adjudicado la explotación a empresas privadas y estas tienen libre disponibilidad sobre los hidrocarburos que producen. Por lo tanto, el crudo producido ya no es de la provincia. Prohibir su salida del territorio provincial equivale a crear aduanas interiores, prohibidas por la Constitución”, alertó Romano. En todo caso, amplió, “lo que tiene que hacer la provincia es acudir a la Justicia; no generar medidas de acción directa violatorias de la Constitución”. Las provincias petroleras, concluyó, “cobran las regalías de las empresas todos los meses. Nación no tiene nada que ver ahí”.
Fuente: INFOBAE
