La incidencia del costo de la vivienda en los presupuestos familiares tiende a crecer. Y cada vez más inquilinos buscan saltearse la inmobiliaria.
Así como llega, casi la mitad de lo que cobramos rápidamente se va. Una encuesta concluyó que, en promedio, el 42% de los ingresos totales de las familias inquilinas se destinan solo al pago del alquiler. Y a eso le tienen que sumar las expensas, impuestos y tarifas de servicios públicos.
Al hilar más fino, resulta que las condiciones no son iguales para todos. El porcentaje -de lo que ocupa el alquiler en el salario- se eleva en jóvenes (48%), adultos mayores (45%) y mujeres (43%), mientras que los hombres destinan el 38%.
¿Este 42% se explica porque los alquileres están por las nubes o porque los sueldos están por los pisos? ¿O una conjunción de ambas cosas? «Habría que plantearlo en términos más generales», analiza Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados.
«Los salarios aumentan una vez por año, en cambio los alquileres aumentan dos veces por año, en forma semestral. El metro cuadrado en la Ciudad, o sea el valor del suelo, es el más caro de la región. La vivienda está dolarizada: no solo aumenta en pesos, sino también en dólares. Y en la Ciudad tenemos una desregulación absoluta del mercado inmobiliario», continúa.
Según sus registros, los valores promedios de alquiler son 14 mil pesos los monoambientes, 17 mil los dos ambientes y 25 mil los tres ambientes. A estos montos hay que agregarle las expensas que -según Muñoz- son muy difíciles de calcular porque «cambian todos los meses».
Estos números se vuelven, para muchos vecinos, imposibles de afrontar. «La gente suspende cualquier cosa para poder pagar el alquiler. Dejan de pagar la obra social para pasarse a la salud pública. O dejan de pagar los servicios o las expensas. Estamos viendo sectores medios empobrecidos», dice Muñoz.
Además, la encuesta expone que gran parte del mercado inmobiliario se mueve dentro de la informalidad.
Por ejemplo, la evasión impositiva es un dato «alarmante». El 89% no recibe una factura al pagar el alquiler. Desagregando los resultados, el 54% recibe un comprobante no válido como factura, el 18% paga por depósito o transferencia y se queda con el comprobante que emite el banco y el 16% paga en efectivo y no recibe ningún comprobante. Solo el 11% obtiene una factura legal.
También es notorio el aumento del «dueño alquila». Apenas el 57% de los encuestados lo hace a través de una inmobiliaria, un número inferior al 63% que había resultado en la encuesta de la Federación de Inquilinos Nacional hecha en territorio porteño a principios del 2018. Del resto, el 38% alquila con dueño directo y el 5% intermedia con un abogado o una administración.
Muchos incumplen con la legislación vigente. El 24% de los encuestados aseguró que –a pesar de estar prohibido por la Ley 5859- la inmobiliaria les cobró una comisión para firmar o renovar un contrato.
Esto se relaciona con la falta de chequeos: el 97% de los inquilinos considera que el Estado no controla la actividad de las inmobiliarias.
La encuesta demostró, también, que hay varios requisitos difíciles de cumplir por los inquilinos y que representan barreras de acceso al mercado formal de alquileres.
Uno de ellos es la garantía. El 79% tuvo que presentar un garante con título de propiedad de un inmueble, algo que aumentó cuando el contrato se firmó a través de una inmobiliaria (84%) y descendió cuando fue por dueño directo (72%).
Las familias tienen un problema aparte. El 70% de los encuestados manifestó tener hijos y, de ellos, el 21% afirmó que tuvo dificultades para encontrar una vivienda por tener niños a cargo. Desagregando por género, se observa que son las mujeres las que más sufren esta discriminación (24%) en comparación con los varones (15%).
«Queremos que se vote la ley de alquileres, que el Gobierno tome el proyecto y lo ponga en discusión en el Senado. Tuvimos media sanción en Diputados hace pocos días. Y es urgente», reclama Muñoz.
Los principales lineamientos de esta ley son la regulación del precio de alquiler por promedio entre inflación y salario, la extensión del plazo del contrato de alquiler (de dos años a tres años), el registro de todos los contratos de alquiler en la AFIP, y la regulación de las expensas.
