El Fondo Monetario Internacional publicó su evaluación interna sobre la economía argentina. Postergar la rebaja de las retenciones a las exportaciones de soja, reducir la cantidad de empleados públicos y establecer un techo para los aumentos salariales de esos trabajadores del 8 por ciento hasta junio de 2019 son algunas de las medidas ofrecidas por el Ministerio de Hacienda para acceder al programa de financiamiento condicionado. El demorado paquete de documentos consta de 125 páginas donde los técnicos del organismo multilateral ofrecen detalles hasta ahora desconocidos del acuerdo que habilitó el crédito stand-by por hasta 50.000 millones de dólares durante tres años. El informe reitera la intención oficial de “amortizar” los activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la Anses y suma a ese listado la venta de tierras. Aunque el Staff del FMI afirma que la deuda externa es sustentable advierte que “no con una alta probabilidad”.
“Hay riesgos importantes para la sostenibilidad de la deuda”, advierte el documento del organismo conducido por Christine Lagarde. “El tamaño de las necesidades brutas de financiamiento fiscal en un escenario de estrés (financiero). La gran participación de la deuda en moneda extranjera (lo que hace que la dinámica de la deuda de Argentina sea susceptible a un debilitamiento sostenido del tipo de cambio real) y las grandes necesidades de financiamiento externo que, según la experiencia internacional, ha demostrado ser un fuerte predictor de una crisis de deuda”, afirma el documento al advertir sobre los riesgos asociados a los niveles de endeudamiento externo –según publica Página 12-.
De acuerdo al Staff Report, el programa de ajuste fiscal asumido por el gobierno con el FMI contempla:
-“Mantener el impuesto promedio a las exportaciones de soja en el 25,5 por ciento”.
-“Reducir más los ineficientes subsidios a la energía y el transporte”
-“Reducir la nómina salarial ajustando el empleo público a través del desgaste sostenido de empleados no prioritarios en 2018 y congelando las contrataciones en la administración federal»
-“Demorar la implementación de la recientemente aprobada reforma fiscal a 2020 como mecanismo para preservar ingresos (la postergación de las reducciones en los aportes patronales y la posibilidad de deducir del impuesto a las Ganancias a las transacciones financieras)”.
-“Racionalizar el gasto en bienes y servicios, con un recorte del 15 por ciento en términos reales en 2018 y continuando en 2019”.
-“Reducir los gastos de capital 0,6 puntos porcentuales del PBI para 2019 con la expectativa de que los proyectos de PPP protejan el nivel global de desembolsos en infraestructura pública”.
-“Reducir las transferencias discrecionales a las provincias en 1,2 puntos del PBI para 2019”.
