El trabajo, realizado en 2019, abarcó todo el país y participaron 1443 mujeres y personas LGBTIQ+. Las experiencias de discriminación, persecución y violencia de mujeres e identidades feminizadas. La destitución del juez acosador Claudio García de Olavarría.
“Me escribía cuando terminaba el horario de tribunales. “¿Cómo te fue en el día?”, ponía y me mandaba corazoncitos, emoticones. Yo me ponía muy nerviosa. No quería saber nada con él. Estoy casada y tengo dos hijos. El, también. Yo sé que esto puede pasar en cualquier trabajo, pero si los dos están de acuerdo. Yo no quería. Hasta me pidió que descargara la aplicación de Telegram para comunicarnos por ahí porque era más seguro. Me negué. Era muy desubicado. Me mandaba mensajes diciendo que tenía el corazón partido. Le pedía por favor que no siguiera. Cuando asumió como juez, me hizo la vida imposible. “Estas hermosa”, “mirá que lindo vestido”, “estás muy linda”… Cosas así me escribía. Me llamaba a su oficina y me decía:
El relato a Página/12, es de la secretaría del juzgado de Familia de Olavarría, Marcela González Hoffer. Ahora puede respirar tranquila. Su acosador, el juez de Familia de Olavarría, Claudio García, fue destituido por unanimidad el jueves en un jury histórico en la provincia de Buenos Aires: por primera vez se aplicó esa sanción durísima por un caso de acoso sexual y violencia laboral contra un magistrado. Lo que vivió la funcionaria judicial no es un hecho aislado. Una de cada cuatro mujeres y disidencias encuestadas –en un relevamiento realizado en el país– contestó que recibió hostigamiento laboral por negarse a un intercambio sexual. En el 58 por ciento de las respuestas, se señaló al jefe o jefa como la persona que ejerció el acoso y el 41 por ciento un par. Con el acompañamiento del sindicato y su familia, González Hoffer logró poner fin al acoso y que el agresor tenga castigo. Pero no es lo más habitual que suceda ante hechos similares: casi 6 de cada 10 personas encuestadas dijo que en su lugar de trabajo no hay políticas o programa de prevención, erradicación del acoso y violencia laboral. Ni tampoco canales de denuncias disponibles, como una línea telefónica, un buzón, o una casilla de correo electrónico.
Invisible
Las estadísticas surgen de un estudio exploratorio –no es una muestra representativa— sobre experiencias de discriminación, acoso y violencia de mujeres e identidades feminizadas mayores de 18 años que residen en Argentina, elaborada por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y NODOS. “El acoso y la violencia laboral afecta de manera desproporcionada a las mujeres y disidencias sexuales, de acuerdo a los datos preliminares que elaboró la OIT en el marco del trabajo que tuvo como corolario la reciente aprobación del Convenio 190 sobre Violencia y Acoso en el mundo del trabajo. Sin embargo los datos en la Argentina son escasos y parcializados por diversos motivos: por un lado, por las dificultades u obstáculos que tienen muchas mujeres para denunciar o buscar ayuda para poner un corte a las situaciones de violencias; por otro lado, por miedo a las represalia o a perder el empleo; y finalmente porque hasta hace muy poco la violencia y el acoso en el ámbito del empleo no era un tema visible, no tenía un lugar en la agenda pública y por lo tanto había muy pocos espacios donde plantear una denuncia o pedir asesoramiento”, señaló la abogada y directora ejecutiva de ELA, Natalia Gherardi.
En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Página/12 pone la lupa en esta modalidad de la violencia machista menos visibilizada. En contextos de crisis económica y alto desempleo, y ante la falta de instrumentos que protejan a las víctimas del acoso y la violencia laboral, la vulnerabilidad de quienes la padecen es creciente. Se imponen silencios y gana la impunidad.
En ese sentido, Gherardi consideró que el Estado tiene que asumir el compromiso y la responsabilidad de otorgar, no solo marcos normativos para la prevención sino también mecanismos efectivos para garantizar la reparación de las distintas situaciones de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Pero, además, señaló que las empresas y ámbito laborales deben trabajar en prevención. “Hay un abanico de acciones que tienen que implementar”, indicó.
La encuesta que hizo ELA y NODOS se aplicó a través de una plataforma virtual y se distribuyó principalmente por redes sociales, e-mail y WhatsApp. Fue contestada en el mes de noviembre de 2019 por 1443 mujeres y personas LGBTIQ+ distribuidas en todo el territorio nacional.
¿Cuáles fueron los hallazgos más significativos?
· Entre las jóvenes crece la exposición ante malos tratos por parte de clientes (33 por ciento).
· Casi el 62 por ciento no pudo realizar la queja, reclamo o denuncia y el 34 por ciento sí lo hizo, pero casi el 84 por ciento de estás ultimas no recibió una respuesta por parte de la empresa.
· Para 2 de cada 3 encuestadas, la denuncia no redundó en un cese de la situación de acoso o violencia y para el 47,5 por ciento hacer la denuncia trajo aparejado alguna consecuencia negativa, represalia o desventaja laboral.
· El 15 por ciento de las encuestadas afirmó que le solicitaron favores sexuales a cambio de un beneficio laboral, duplicando estas experiencias entre las encuestadas con discapacidad (33 por ciento) y personas LGBTIQ+ (34,7 por ciento).
Del silencio a la denuncia
“Los fines de semana me escribía a cualquier hora. Yo sentía muchísima angustia. Estaba muy incómoda y me hacía sentir condicionada. La sensación de culpa que me producía recibir esos mensajes, la intromisión a mi intimidad, la agresión se prolongaron durante meses. Tenía malestares digestivos, y cada vez que mi superior –porque él era mi superior—no hacía caso a mis negativas sentía un nudo en la garganta”, recuerda la secretaria del juzgado de Familia, en diálogo con Página/12.
Todavía no puede creer la decisión del jury de enjuiciamiento que destituyó al juez García. En su caso, fue fundamental el apoyo familiar, de compañeras y compañeros del juzgado y del gremio durante todo el proceso.
–-¿Cómo la afectaba la situación de acoso y hostigamiento? –le preguntó este diario.
–Estaba muy mal anímicamente. Me afectó mucho. Querían darme una licencia psiquiátrica pero ¿por qué iba a tener que ir yo al psiquiatra? Al final, la Corte me dio una licencia especial. Volví un mes después, a otro juzgado. Finalmente lo suspendieron y a mí me restituyeron en mi cargo — contó González Hoffer.
El acoso comenzó en 2016. Después del fallecimiento de la jueza de Familia de Olavarría, García anunció que iba a concursar el cargo. Mientras tanto, se había nombrado a un juez interino que la nombró a ella secretaria del juzgado. Su designación quedaba supeditada a que quien asumiera como titular la ratificara. Ese era el contexto.
–¿Compartían la oficina?
–No pero teníamos jerarquía similar. No le tenía empatía, pero tampoco nos llevábamos mal. Trabajábamos en la Secretaría de Violencia de Género de ese juzgado. Él era consejero de familia. Le fue bien en el concurso y empezó a buscar apoyos políticos. Cuando ya sabía que lo iban a designar, empezó con los mensajes. Me escribía por WhatsApp. Durante la mañana no nos cruzábamos. Al principio yo no entendía, los interpretaba como mensajes del ámbito laboral. Me mandaba frases como “persevera y triunfarás” o alguna estrofa del Martín Fierro. Hasta que un día, me llamó a su despacho y me dijo que yo le gustaba, que quería ser sincero conmigo. Me puse muy incómoda, le dije que me disculpara, que para mí solo era un compañero de trabajo, que mi relación con él era estrictamente laboral. Sentí alivio. Finalmente, se aclaraban las cosas. Pero él se puso peor, nunca lo aceptó. A las 15 terminaba el horario de trabajo, y a las 15.05 me escribía: “¿Cómo te fue en el día?”. Me mandaba corazoncitos, emoticones. Me ponía nerviosa. Yo no quería saber nada con él. Fueron varias las veces que me puse firme y logré que por un tiempito dejara de hostigarme, pero después volvía con más mensajes, cuestionamientos. Esa forma de proceder me torturaba. Mis compañeras del juzgado me venían triste. Hasta que un día exploté, me puse a llorar y les conté. Yo decía: “Ya se le va a pasar” –relató a Página/12 la mujer.
El acosador suele insistir. No acepta que un no es no.
“Tuve que contarle a mi marido”
–¿Y habló del tema con su familia? –le preguntó este diario a González Hoffer.
–Tuve que contarle a mi marido. Quería preservar mi trabajo, pensaba que se le iba a pasar, que se solucionaría el tema. Cuando lo supo, mi marido lo llamó, él lo citó y se encontraron. El minimizó la cosa, pero al mismo tiempo reconoció su actitud.
La denuncia contra García la hizo la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de la provincia en junio de 2017. Pero como no le dieron una licencia compulsiva, como se hizo en otros casos, el sindicato presentó dos meses después un pedido de jury. Finalmente, el jueves lo destituyó el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires. García también fue inhabilitado para ejercer la función pública.
–¿Cómo está ahora, después de la decisión del jury?
— Cuando escuché el veredicto no caía. Todavía no tomo dimensión de que esto es algo histórico, nunca visto en el Poder Judicial. Sé que hicimos historia, no solo yo, sino toda la gente que me acompañó siempre, mis compañeras y compañeros de trabajo, el gremio, mi familia, mis amigos y amigas. Todos se pusieron en mis zapatos. Y me sentí reconocida, que mi palabra fue escuchada, que la verdad se impuso ante todo. Desde el momento en que decidí denunciar no sabía a qué puerto iba a llegar… Desde que lo pude hablar, siempre tuve la convicción de que el límite para esa persona era la denuncia. Si no lo denunciaba, iba a continuar, si no conmigo con otra persona. Yo seguramente no iba a estar más en ese tribunal, me hubiera ido, y seguramente habría otra víctima.
