En un hecho inédito, dos gremios petroleros desafiaron el derecho constitucional que todo trabajador tiene de realizar una huelga: es que el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, y el referente de los petroleros jerárquicos, Manuel Arévalo firmaron un convenio para evitar los conflictos gremiales que perjudican la productividad en Vaca Muerta. Por el sector empresario, firmaron representantes de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y de la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (Ceope). También estampó su firma el gobernador neuquino, Omar Gutiérrez.
Según consigna Télam, el escrito rubricado menciona que las partes deberán asumir el compromiso de «no realizar o adherirse a medidas de acción directa, en cualquiera de sus formas o naturaleza, sea convocada en carácter local o nacional, que puedan afectar directa o indirectamente la exploración y/o la explotación de hidrocarburos no convencionales en toda la extensión geográfica de Vaca Muerta». A su vez, Gutiérrez aseguró ante la prensa local que la firma del acuerdo «es un gesto de confianza para afianzar reglas de juego claras y anticipar la llegada de inversiones», y agregó que «Vaca Muerta, además de ser un desarrollo hidrocarburífero, productivo y energético, es la realidad industrial del país por excelencia por los próximos treinta años».
Pereyra, quien además es senador y fue el primer sindicalista que firmó, allá en enero de 2017, readecuaciones a la baja de su Convenio Colectivo de Trabajo para estimular las inversiones en Vaca Muerta. Este martes dijo: «Los petroleros no somos agitadores sociales y queremos trabajar» y para que no queden dudas agregó: «Habrá diálogo permanente con paz social y entendimiento, si no los inversores no van a venir para seguir desarrollando las riquezas de la provincia».
En el sector energético y por lo bajo salen los detrás de escena: Por ejemplo, desde un sindicato del sector comentaron a Clarín que «el gremio de Pereyra tiene una demanda de YPF por un paro de 4 días que le costó a la petrolera 30 millones de dólares y este acuerdo serviría para pisarlo».
Por otro lado y por lo que reconstruyó este diario de fuentes del sector es que «la idea es que Vaca Muerta sea una política de estado y se vote una ley que presentarían los gremios nucleados en la CATHEDA previo compromiso de todas las bancadas. Este compromiso involucra obligaciones de las empresas respecto a inversiones y mantener las fuentes de trabajo hasta la radicación para evitar los traslados y los turnos 14 x 14 pero nada se habla de que no vaya a haber huelgas en caso de conflicto».
¿Y entonces lo que firmó Pereyra y Arévalo?
«La presión del Gobierno nacional y provincial es muy fuerte porque básicamente se está yendo de las manos la crisis con los mapuches y el Gobierno quiere que los gremios jueguen un rol de contención frente a ellos y la injerencia de la izquierda en las bases».
