Los acusados fueron detenidos este sábado por cometer dos robos armados en los barrios Roca y Juan XXIII. Ambos fueron imputados y recibieron 3 meses de prisión preventiva. El primero tenía libertad condicional por la condena que cumple por el crimen de Ana Molina, y su cómplice -también condenado- estaba prófugo.
Según informa Consello Patagónico la apertura de investigación contra Martín Nicolás Vargas y Pablo Luciano Gauna se celebró a partir de las 11 horas de este lunes en la Oficina Judicial. Ambos fueron investigadores y detenidos por el personal de la División Policial de Investigaciones (DPI) de Comodoro Rivadavia.
En el inicio la funcionaria fiscal Laura Martini expuso los dos robos cometidos por los acusados entre el martes 23 y el jueves 25 de marzo. En el primer asalto Vargas y Gauna amenazaron al empleado y un cliente del local “Barbería Baires”, ubicado sobre la calle Teniente Levalle 369.
El trabajador del comercio recibió un culatazo en la cabeza. Los sospechosos se alzaron con dinero, máquinas de cortar el pelo, celulares con cargadores y la mochila del cliente.
Apenas transcurrieron 48 horas y los acusados perpetraron otro golpe. Fue la noche del jueves 25, en una casa de la calle Galina al 1000, donde obligaron a los integrantes de la familia a arrojarse al piso. Se llevaron celulares, una Play Station 3, un televisor Smart de 55 pulgadas, entre otros elementos.
Martini los imputó por el delito de robo agravado, cuya actitud de disparo no puede tenerse por acreditada, dos hechos. Argumentó las filmaciones obtenidas para identificar a Vargas y Gauna, testimonios y los elementos secuestrados durante los allanamientos como las prendas de vestir utilizados y el auto en el que se movilizaban.
La representante fiscal detalló que desde el 27 de julio de 2020 Vargas gozaba del beneficio de la libertad condicional por la condena que cumple por el asesinato de Ana María Molina, baleada el 21 de enero de 2012 en el barrio Isidro Quiroga. Recién en 2023 concluye esa pena.
Mientras que Gauna fue condenado el año pasado y estaba alojado en un centro de rehabilitación de la ciudad, de donde se fugó. Por ello, el sujeto tenía un pedido de captura, dictado por la jueza Daniela Arcuri.
Ante los evidentes incumplimientos judiciales, la gravedad de los delitos, los peligros procesales de fuga y entorpecimiento; Martini requirió 3 meses de prisión preventiva para los acusados. Además, solicitó el plazo de 6 meses para concluir la investigación, dado que restan conocer las pericias de las pruebas recolectadas.
Los defensores María de los Ángeles Garro de Vargas (asistió a Vargas) y Romero (representó a Gauna), cuestionaron la prisión preventiva, y pidieron el arresto domiciliario de sus clientes.
El juez Alejandro Soñis formalizó la investigación en los términos planteados por la representante fiscal, y decretó 3 meses de prisión preventiva para los imputados.
