Las restricciones cambiarias y su fracaso demostraron la incapacidad del gobierno para implementar los controles. Dólar múltiple, trepada imparable de los paralelos y expectativas de nueva devaluación y más inflación.
Hubo quien dijera que los equipos económicos de Cambiemos carecían de todo conocimiento de política economía productiva y que solamente podían manejar términos de negocios financieros y especulativos. La realidad de estos días demostró que esa sentencia era injusta: la extrema ineptitud demostrada en la aplicación de las restricciones cambiarias revela que tampoco en este campo son duchos. Los errores operativos y de criterio han derivado en que el mercado cambiario se abra en abanico en, al menos, cuatro tipos de cambio simultáneos, uno oficial y tres paralelos (el blue, el contado con liqui y el MEP), y mientras el primero se frena los otros aceleran el alza. Mientras tanto, y pese a las prohibiciones dispuestas el 1º de septiembre, la pérdida de reservas y la fuga de divisas sigue. Y los dólares de los exportadores, pese a la obligación de liquidar el producto de sus ventas en un plazo máximo de cinco días hábiles, siguen sin aparecer. Los controles están, sólo falta quien sepa ejecutarlos.
Las elecciones del 11 de agosto señalaron que al gobierno actual se le agota el tiempo, lo cual aceleró la toma de posiciones defensivas de los capitales financieros, ante el temor de la reacción de un gobierno que se veía perdido (tanto en los resultados, como por falta de respuesta a la pregunta ¿y ahora, qué hacer?). La primera reacción oficial fue dejar correr el dólar, como si hubiera «un punto de equilibrio» suficiente como para poner calma. En esa primer semana post PASO la cotización osciló en torno a los 60, acomodándose finalmente entre 57 y 58 pesos, pero con una fuga acelerada que se comió una paerte signficativa de las reservas. Frente a un recorrido que llevaba directamente al abismo, el gobierno y su autoridad monetaria optaron por medidas de restricción a la compra de dólares para atesoramiento: diez mil dólares por mes para compras particulares, y prohibición absoluta para empresas e instituciones.
No es que el dólar MEP (por Mercado Electrónico de pagos) o el «contado con liqui» (CCL) no existieran previamente, pero mientras hubo «libertad de mercado» para operar en compraventa de dólares y compraventa de acciones y bonos, las diferencias de valor entre esas distintas modalidades no eran tan marcadas. El dólar MEP es el cambio implícito que resulta cuando un particular, que compra dólares en el mercado oficial (58 pesos, valor del martes pasado) y utiliza las divisas para comprar una acción o título de deuda que cotiza en el extranjero, y finalmente vende esos activos localmente pero a un valor (equivalente a 62,60 pesos, valor del martes pasado, por cada dólar invertido) superior al que pagó ese mismo día al comprar los dólares. Cuanto mayor es la desconfianza en el país, mayor es la diferencia entre los valores de esos activos financieros en el país y en el exterior. Y mayor es la ganancia por hacer esas operaciones combinadas en forma de rulo, comprando dólares para adquirir activos financieros, que luego se venden para recuperar los pesos pero a una cotización mayor por dólar.
Al habilitar la compra de hasta diez mil dólares mensuales a los particulares, el Banco Central «invitó» a especular con esta operación a los pequeños inversores. ¿No lo sabía? Finalmente, esta semana le puso cerrojo a esa operación poniéndole un «corralito» (mal que le pese el término a las autoridades) de cinco días hábiles a los dólares vendidos a particulares en el mercado, período por el cual no pueden comprar esos papeles con los dólares así obtenidos. Y una vez comprado, no podrán revenderlos antes de otros cinco días hábiles, esto último por disposición de la Comisión Nacional de Valores. El «rulo» pareciera un asunto desterrado, hasta que se creen nuevas variantes.
Instituciones y empresas, impedidos de comprar dólares para atesoramiento, recurren a otro camino: el CCL. Compran activos en pesos, los transfieren al exterior para venderlos allí en dólares, y de ese modo pasar su liquidez de pesos a dólares. Esta transferencia tiene un costo, porque compran en pesos lo que en el exterior vale menos (son bonos y acciones argentinos). El costo en pesos por dólar que obtienen en el exterior es la llamada cotización (implícita) del «contado con liqui», que el martes 10 era de 65,80 pesos y el viernes trepó por sobre los 71 pesos. En este caso, no es una retribución sino un costo, y es el precio que están dispuestas a pagar empresas e instituciones para dolarizar sus activos monetarios, mediante una operación legal. El elevado precio es un reflejo de las expectativas de devaluación que tienen en un corto plazo. Es más que una señal de alarma.
Otra vez, la pregunta es: ¿no sabía el gobierno y el Banco Central que existían estos otros mecanismos de dolarización de activos financieros de empresas e instituciones, que las prohibiciones no evitarían? Podría entenderse que se conforman con evitar que esta dolarización se haga a expensas de las reservas, y que tengan que obtenerse los dólares en compraventas «entre privados». Pero, ¿no registra el gobierno que las restricciones no hacen más que elevar las expectativas de devaluación, lo cual explica la ampliación de la brecha entre el dólar MEP y el «contado con liqui» con respecto al oficial?
Mientras esa expectativa de devaluación se consolida, sigue el retiro de depósitos en dólares de los bancos, sigue cortada la posibilidad de endeudamiento del gobierno y siguen los vencimientos de deuda, con lo cual las reservas continúan cayendo. Muchos, operadores y analistas, descuentan que habrá nuevas restricciones para postergar la debacle; esto es, una ampliación del cepo. ¿Con qué consecuencias? Posiblemente con aumento de la brecha entre el dólar oficial y los paralelos, salvo que se deje trepar al oficial. Eso significa más devaluación y presiones inflacionarias en el horizonte. El panorama es trágico, y este gobierno no está dotado de las mejores habilidades para enfrentarlo.
