La señal resulta, de mínima, contradictoria y desgastante. Sergio Massa trabajó intensamente para cerrar el trato con el FMI que reduce la meta sobre los niveles de reservas del Banco Central. Fue difundido como un alivio, económico y también político, ya con el año electoral en marcha. Apenas hecho el anuncio, La Cámpora cuestionó con dureza el acuerdo. Cuarenta y ocho horas antes, Cristina Fernández de Kirchner había centrado su discurso en el delicado cuadro económico. Ninguno de los dos cuestionó al ministro de Economía, aunque sí a la gestión presidencial. Todos sabían que el número de la inflación de febrero sacudiría el tablero y que ese no es el único dato preocupante: en conjunto, una prueba corrosiva para el juego simultáneo de diferenciación y disputa de liderazgo en el oficialismo.
El dato del IPC resultó incluso unas décimas por encima de las estimaciones que circulaban en medios del Gobierno. Y rompió en la estadística interanual la barrera de los 100 puntos porcentuales, algo que el microclima de la comunicación destacaba como un elemento central. Con todo, el informe del INDEC expone un dato más alarmante: el salto y la evolución del rubro de alimentos y bebidas, muy por encima del índice general.
Los escalones ascendentes de la inflación arrancaron después del 4,9% de noviembre, que parecía un indicio a la baja, y anotaron 5,1 en diciembre, 6 en enero y 6,6 en febrero. En alimentos y bebidas, fue más pronunciado: 3,5 en noviembre, 4,7 en diciembre, 6,8 en enero y 9,8 en febrero. Eso genera alarma y seguramente se verá reflejado en la medición que será difundida mañana sobre la evolución de las canastas básica total y básica alimentaria, que marcan la línea de pobreza y la de indigencia.
Para fin de mes está prevista la publicación del nivel de pobreza e indigencia que corresponde al segundo semestre del 2022. Todo indica que las cifras estarían por encima del primer semestre del mismo año (36,5% y 6,8%) y oscilarían en niveles parecidos a los de finales del 2021, marcados aún por la carga de los efectos de la pandemia -según publica Infobae-. Importan dos consideraciones: la primera es otra vez el aumento de la cifra, con consecuencia en la afirmación de la pobreza estructural; y la segunda refiere a las malas perspectivas que expone el arranque del 2023.
La cuestión es más que discursiva para el propio oficialismo y sus diferentes espacios. Reactiva las tensiones internas, como acaba de exhibir el documento de La Cámpora, aunque sin mínima reflexión sobre el impacto de esas batallas políticas sobre la economía. Precisamente esa declaración y los días previos indicarían la falta de tal registro.
Los cruces entre el kirchnerismo duro y el círculo más próximo a Alberto Fernández ya venían creciendo en intensidad. El reclamo a Olivos es que el Presidente se corra definitivamente de la carrera 2023 y, más aún, que deje de lado cualquier pretensión de pesar en las decisiones electorales del frente gobernante. Aníbal Fernández se terminó de convertir en el funcionario más frontal en la pelea y hasta llegó a descalificar a Máximo Kirchner ironizando sobre su falta trayectoria laboral. Desde la otra vereda, Andrés Larroque, subió el tono al punto de sugerir que el Presidente no apuesta precisamente a un triunfo del peronismo.
Eso mismo resultaba alarmante frente al efecto de malestar social que generan los espacios políticos ensimismados en sus internas. Y agregaba un mensaje desgastante hacia el exterior. El caso del acuerdo para modificar la meta de reservas comprometida con el FMI resultó más expresivo e inquietante. Insumió negociaciones técnicas y políticas. Y fue difundido como un objetivo crucial, además de realista, frente a un cuadro agravado por los efectos de la sequía.
Como era de esperar, la flexibilidad del Fondo -al igual que las negociaciones, técnica y política- vino acompañada por exigencias de sostenimiento de la línea de ajuste, con cuidado de los dólares, recorte más profundo de subsidios y reparos a la moratoria previsional que acaba de aprobar el Congreso, con impulso del Frente de Todos.
Esa última referencia al trato en el comunicado del FMI fue tomada como punto central de la declaración difundida el mismo lunes por la agrupación que encabeza Máximo Kirchner. El texto tiene una redacción algo enrevesada, pero es claro en su objetivo y también sugerente. Afirma que todas las decisiones, al margen del voto, son condicionadas por el Fondo, anticipa de hecho que estarán atentos a la concreción de la moratoria e insinúa que la inflación estaría operando como un elemento disciplinante para lograr -se supone que por temor al precipicio- la aceptación social de la línea impuesta por el organismo internacional.
Dos días antes, al hablar en un acto organizado por la Universidad de Río Negro, CFK había señalado que debería ser un objetivo político la revisión del acuerdo con el FMI. También, había pegado sobre la inflación y admitido cierto crecimiento económico, pero con empleo precario y pérdida en materia de ingresos.
El kirchnerismo vuelve a mostrar así su intento de parecer además de crítico, ajeno a la gestión, pero a la vez reivindicando el lugar de la ex presidente como principal figura del frente gobernante. En paralelo -y tal como los reiteraron las últimas exposiciones públicas-, siguen en primera línea las cargas sobre la Justicia. La ofensiva sobre la Corte Suprema unifica a todos los espacios del oficialismo en Diputados.
En esa línea dominada por la interna, la atención se ha vuelto a correr de manera explícita hacia la economía. Es llamativo, pero no es evaluado el efecto de esas tensiones institucionales y de las batallas internas. Tampoco, que la inflación desviste el juego, expone lejanía o desconsideración del contexto social. Es un doble problema.
