Las autoridades locales asumieron el control de la oficina central de la petrolera recién intervenida y cuya expropiación ha sido decidida este lunes. El gobierno de Rajoy protestó por este gesto, que calificó de «hostilidad».
Distintos medios españoles reportaron que una delegación del gobierno argentino llegó a la sede empresarial de Buenos Aires tras el anuncio de la presidente Cristina Kirchner. Según El País, traían consigo un listado de nombres de los directivos de la firma para expulsarlos inmediatamente. Antonio Gomis, director general de Repsol en Argentina, fue el primero en dejar el lugar. Fuentes consultadas por la agencia Europa Press afirmaron que la comitiva argentina ordenó cambios en los sistemas de seguridad.
El grupo estuvo encabezado por Roberto Baratta, representante del Estado en el directorio de YPF y subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal. El titular de esa cartera, Julio De Vido, fue el elegido por Kirchner para oficiar de interventor de la firma, tarea que compartirá con el viceministro de Economía, Axel Kicillof.
Las circunstancias en las que las autoridades locales tomaron el control de la sede de la compañía no están del todo claras. La prensa argentina indicó que los directivos españoles se retiraron sin objeciones del edificio y que ya habían recibido un llamado telefónico para que lo hicieran. Sin embargo, el gobierno de Mariano Rajoy dio a entender que había sido poco amable.
«Arbitraria, hostil y discriminatoria»
Tras una reunión en La Moncloa, el Ejecutivo ibérico respondió de inmediato a lo que consideró una medida «arbitraria, hostil y discriminatoria». «Nosotros esperamos que este clarísimo gesto de hostilidad de las autoridades argentinas hacia una empresa española no sea el principio de una escalada de una grave situación», dijo en conferencia de prensa el ministro de Industria, Juan Manuel Soria.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, señaló que su país planifica represalias. «Quiebra el clima de confianza necesario para atraer las inversiones. Es una pésima decisión para España, para Argentina, y una malísima noticia para la seguridad jurídica que debe regir en los negocios».
Al ser consultado sobre la posibilidad de llamar al embajador a consultas, el canciller respondió: «Este gobierno no suele tomar decisiones en reuniones de urgencia». Pero se mostró escandalizado porque los directivos de Repsol hayan sido desalojados manu militari del lugar. Según dijo, es algo que no vio en su vida.
Fuente, Infobae.com
