La Cámara Baja aprobó límites al aumento de las tarifas. El proyecto opositor declara la emergencia tarifaria, retrotrae a noviembre de 2017 los precios de los servicios públicos y ata los futuros aumentos a la suba de los salarios. El Gobierno confía en convencer a los gobernadores para evitar que la iniciativa sea sancionada en el Senado y así evitar el costo político del veto presidencial.
Los bloques opositores de la Cámara baja lograron aprobar el proyecto que pone límites al tarifazo sobre los servicios básicos y giraron la iniciativa al Senado, donde el Gobierno espera contar con el respaldo de los gobernadores para inclinar la votación y evitar el costo político del veto presidencial. «Para el Fondo Monetario Internacional, el ajuste tarifario se hizo más rápido de lo que ellos pensaban», resaltó la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, cruzando los dos temas que dominaron la sesión. Mientras el bloque oficialista continuó denunciando la «irresponsabilidad» del proyecto y tildándolo de «demagógico», desde la bancada del Frente para la Victoria (FpV), señalaron que la economía saldrá adelante a partir de la recomposición del poder adquisitivo de la gente y advirtieron sobre el impacto del retorno al FMI. «Van a endeudarse más, van a ajustar más y va a haber más recesión económica. En el medio va a haber más fuga de capitales y se van a beneficiar los mismos de siempre», vaticinó el jefe del principal bloque opositor, Agustín Rossi.
En la votación en general el proyecto de la oposición recibió el apoyo de 133 diputados. En contra votaron 94 legisladores y hubo 3 que se abstuvieron.
«¿Por qué dicen que el Fondo es diferente? Porque el ajuste en vez de ser muy brutal va a ser sencillamente brutal?”, denunció en el arranque de la sesión especial el diputado Leopoldo Moreau, del FpV, quien criticó al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, por los elogios con los que se refirió al organismo financiero que preside Christine Lagarde durante la conferencia de ayer. En ese sentido, el legislador de origen radical pidió al oficialismo que «reconozca el fracaso» de su modelo y cambie el rumbo.
El repudio opositor a la decisión de volver a negociar un préstamo con el FMI, que implicará mayores condiciones de ajuste, quedó instalado en el inicio de la sesión especial cuando el diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño pidió un apartamiento del reglamento para votar una declaración de rechazo, que fracasó con 66 votos a favor, 114 en contra y 44 abstenciones.
A su turno, los diputados del oficialismo respondieron a las críticas ratificando la política de reducción de subsidios en las tarifas para acompañar el achique fiscal. «Los autores ideológicos del proyecto son los que nos llevaron a esta situación catastrófica”, cargó el diputado PRO Luciano Laspina, volviendo sobre la teoría de la pesada herencia. Laspìna aseguró que “los subsidios fueron un descontrol», que dejaron al país «sin energía para poder crecer, sin dólares en la balanza comercial, sin reservas».
«Hoy a las familias no les alcanza la plata porque los costos fijos son altos, ha aumentado mucho la luz, el agua, el gas, el transporte, los alimentos, el combustible, y entonces las familias se endeudan», bajó la discusión a términos de la gente de a pie el diputado Daniel Arroyo, mientras que su compañero de bancada José Ignacio De Mendiguren también lo puso en términos de política energética: «No tenemos ninguna estrategia energética para avizorar en el futuro qué inversiones son viables o no».
El proyecto opositor declara la emergencia tarifaria en los servicios públicos, retrotrae las tarifas a noviembre de 2017, propone estabilizarlas por un año y ata los futuros aumentos al índice de variación salarial para los hogares y al índice de precios mayoristas para Pymes, cooperativas y empresas recuperadas.
Los diputados federales y el Frente Renovador quitaron del texto original la rebaja del IVA (del 21 por ciento al 10,5) en las facturas de luz, gas y agua. La decisión que apunta a vencer la resistencia de los gobernadores que no quieren resignar los recursos coparticipables que el impuesto aporta a sus provincias. A pesar de eso, los diputados del oficialismo continuaron repitiendo a coro que el proyecto perjudicaba a las provincias.
Mientras la sesión se desarrollaba, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ofreció una conferencia de prensa en Casa Rosada en la que ratificó que el presidente Mauricio Macri vetará la ley en caso de ser aprobada en la Cámara alta, pero dijo esperar con «tranquilidad» el debate en el Senado, donde esperan poder ejercer una mayor presión sobre los legisladores que responden directamente a los gobernadores. En ese tono, Peña les recordó que el proyecto va en contra el pacto fiscal aprobado en diciembre y envió el mensaje de que el «gradualismo» continuará su avance «de forma permanente».
El reflejo de la estrategia oficial de no oponer mayor resistencia ante una votación que el Gobierno dio por perdida y sobre una ley que Macri ya dicidió vetar, lo mostró la artífice de la alianza gobernante Elisa Carrió, quien defendió incondicionalmente la vuelta al FMI, y decidió no escuchar las críticas de la oposición porque poco después que se sancionaran las leyes impulsadas por el oficialismo, se levantó de su banca y se fue.
“Volvimos al mundo de la peor forma, con la cabeza gacha, a las corridas y subiéndonos en un avión para llegar a Washington y pedirle al Fondo que nos salve las papas porque este gobierno no fue capaz de resolver los problemas que tenemos”, manifestó, a su turno, la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, quien exhibió los titulares de los principales diarios internacionales, que se hicieron eco de la novedad.
