Los legisladores aprobaron el texto en general con 134 votos positivos y 110 negativos. Ahora se realiza la votación en particular, artículo por artículo. Fue en una sesión maratónica de más de 15 horas en la que hubo negociaciones y modificaciones a la versión original impulsada desde la Casa Rosada.
Alberto Fernández puede empezar a festejar que el proyecto de emergencia económica que sustentará su programa de Gobierno va camino a ser ley. La Cámara de Diputados le dio media sanción en general y ahora se discute en particular, artículo por artículo. Los puntos más polémicos: retenciones y jubilaciones. Las negociaciones se extendieron a lo largo de toda la madrugada.
Bajo el lema de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el Gobierno logró aprobar el megapaquete de las nueve emergencias, de las que se hará cargo el Poder Ejecutivo: económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Minutos antes de las 6:30 de la mañana, con 134 votos a favor, 110 negativos y sin abstenciones, el oficialismo logró la media sanción de la iniciativa en general.
La primera etapa del programa económico de Alberto Fernández comienza a salir a la luz. Desde el Frente de Todos resaltaron la magnitud del proyecto, que abarca tanto el contexto interno de “tierra arrasada” como el externo con los compromisos de deuda que afronta el Estado. Según remarcaron, el nuevo esquema implica que las clases más pudientes y medias respalden a los sectores más vulnerables.
“Sin el apoyo del frente externo, las emergencias no se podrían haber tratado”, resaltó a Infobae un diputado del Frente de Todos, haciendo hincapié en que el Fondo Monetario Internacional comprendió el pedido público de Alberto Fernández y respaldó la iniciativa: Argentina pagará la deuda, pero para eso necesita crecer.
“Es una ley que sin lugar a dudas perjudica a la clase media, a aquellos que tienen pequeñas empresas, al campo, y a los abuelos, que le sacan una escala de movilidad que los hará perder más allá de los bonos de cinco mil pesos”, sostuvo por su parte el titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo. En diálogo con este medio, el ex ministro de Seguridad bonaerense enfatizó en que “se escondió una devaluación” con respecto al impuesto del 30% para el dólar para atesoramiento y para el turismo.
“Se enojan cuando hablamos de tierra arrasada, les duele porque es verdad, porque es una Argentina arrasada por ustedes”, cargó Leonardo Grosso contra los legisladores de Juntos por el Cambio, a quienes los acusó por intentar que se caiga la sesión.
Por su parte, José Ignacio De Mendiguren expresó: “Preferiríamos que nos hubieran escuchado cuando decíamos, desde 2016, que el camino que había elegido el gobierno de Cambiemos nos llevaba irremediablemente a esta situación”.
La maratónica sesión comenzó minutos antes de las tres de la tarde, cuando terminaron de jurar los 23 nuevos diputados en reemplazo de los que tomaron cargos ejecutivos en Ministerios y Secretarías. Pese al pedido de Sergio Massa para que los legisladores permanezcan en sus bancas y así dar inicio a la sesión especial, Juntos por el Cambio se levantó manteniendo su postura de no dar quórum. De todas formas, el Frente de Todos logró iniciar el debate gracias al apoyo del peronismo federal. Desde el oficialismo calificaron la actitud de buscar trabar el quórum como “antiética”. Por su lado, la oposición justificó que se necesitaba tiempo para debatir leyes de tal magnitud.
En paralelo, Alberto Fernández, atento a cada detalle de la negociación que estaban llevando a cabo Máximo Kirchner y Massa con Graciela Camaño y Eduardo “Bali” Bucca, sugirió -en una serie de tuits- “incorporar un artículo que disponga que el Poder Ejecutivo Nacional deberá establecer mecanismos de compensación de los efectos de los derechos de exportación específicos para pequeños productores y cooperativistas”. Un gesto para el agro. Además avisó que con los 131 legisladores que ya habían dado el quórum “contamos con los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley en su actual versión, pero queremos construir confianza entre todos y todas, y que nadie dude de nuestros propósitos sinceros. Unidos en el debate pondremos de pie a la Argentina”.
De esta forma, Fernández buscó dejar en evidencia a Juntos por el Cambio por no querer debatir el megaproyecto de ley. Una fuente allegada al Ejecutivo confió que “la ley es necesaria” y que tenía legisladores “suficientes para que salga” en su versión original, pero optó por negociar para que sea consensuada entre la mayor parte de las fuerzas políticas.
Entre pasillos se justificaba que el kirchnerismo puso el artículo 85, que faculta al presidente a reformar el Estado, a modo de anzuelo. Eso le permitía negociar su eliminación a cambio de sostener las facultades para, entre otros puntos, fijar jubilaciones, pensiones y tarifas, aumentar retenciones y aplicar impuestos a la compra de divisas.
En definitiva, el acuerdo entre el Gobierno, el peronismo que responde a Camaño y Bucca, y Unión para el Desarrollo Federal -conducido por el mendocino José Ramón-, se basó en garantizar el quórum a cambio de modificaciones en los puntos más polémicos del proyecto: retenciones y jubilaciones. Los mismos tendrían el visto bueno del referente de Consenso Federal, Roberto Lavagna.
Además, se detalló que el 67% del valor incremental de los derechos de exportación previstos en esta ley será destinado al financiamiento de los programas a cargo de la ANSES y las prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Por otra aparte, el 3% se destinará a la creación de un fondo solidario de competitividad agroindustrial “para estimular la actividad de pequeños y medianos productores, y cooperativas a través de créditos para la producción, innovación, agregado del valor y costos logísticos”. Dicho fondo será administrado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
