Justo cuando el escándalo de los aportantes truchos pasó del terreno penal al electoral, el Gobierno refuerza la presión para que un nuevo régimen permita a las empresas poner dinero en los procesos electorales.
El Gobierno nacional vuelve a insistir, ahora en extendidas sesiones extraordinarias, en impulsar un proyecto de ley sobre financiamiento electoral. Su punto medular es el de permitir los aportes empresariales, que en la actualidad solo son legales para financiar actividades partidarias ordinarias.
Desde la asunción de Mauricio Macri como Presidente, Cambiemos impulsó dos reformas centrales y coqueteó con una tercera. Tienen un rasgo en común: implican alejar a los ciudadanos de las elecciones. Estas reformas son:
- Instaurar el voto electrónico.
- Eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) o bien convertir en optativo el voto en esa instancia.
- Permitir el financiamiento de las campañas electorales por parte de empresas.
Un sistema en el que exista el voto electrónico, donde se permita a las empresas financiar las campañas electorales y que erosione la institución del voto obligatorio se parece mucho al modelo electoral de países como Estados Unidos, donde en la actualidad cada vez más dirigentes y analistas opuestos a las políticas de Donald Trump exigen una vuelta al voto en papel, reclaman poner límite a la “captura democrática” que implica el dinero de los grandes donantes y sueñan con que el voto sea obligatorio y no sea obstaculizado por artimañas para alejar a los afroamericanos de las urnas, al tiempo que pueda ejercerse en días feriados.
No casualmente, con este proyecto de financiamiento político, al igual que en el caso del (hasta ahora) fallido intento por instaurar el voto electrónico, el oficialismo parece ir a contramano de las tendencias internacionales y regionales. Al respecto, aunque en América Latina prevalecen sistemas de financiamiento mixto –aportes públicos (en ascenso) y aportes privados (de personas físicas y/o jurídicas)– hay una clara tendencia en los últimos años a prohibir los aportes empresariales. México es pionero, con un sistema en el que predomina el financiamiento público y solo se admiten aportes de personas (no de empresas).
En Brasil, el Supremo Tribunal Federal declaró inconstitucionales las contribuciones empresariales en un fallo histórico, en septiembre de 2015, en el que no solo cuestionó que las empresas gocen de los mismos derechos políticos que los ciudadanos, sino que también alertó sobre la patrimonialización del sistema político brasileño. Chile siguió el mismo camino en 2016, prohibiendo los aportes de empresas. En Uruguay, el Senado aprobó en diciembre de 2017 un proyecto de reforma similar y la Cámara de Representantes se apresta para convertirlo en ley. En Perú, se dio algo levemente diferente, pero que apunta en el mismo sentido restrictivo: se prohibieron los aportes de empresas extranjeras. Como telón de fondo regional, está el escándalo que involucró a la empresa Odebrecht.
En el proyecto sobre aportes empresariales es llamativa la urgencia que muestra el oficialismo por aprobar la reforma sin dar a conocer un diagnóstico certero sobre el estado de situación en materia de financiamiento político.
Algunos antecedentes parecen explicar tal premura: en la campaña de 2015, según la propia Justicia electoral, el informe de Cambiemos estuvo plagado de irregularidades, vinculadas centralmente con la recepción de aportes empresariales ilegales. Dos años después, Cambiemos incluyó en sus balances a monotributistas y beneficiarios de planes sociales como supuestos donantes. Este escándalo, conocido como “la causa de los aportes truchos”, plantea dos quiénes fueron los verdaderos aportantes en 2017. ¿hubo empresas/empresarios, que en virtud de los problemas judiciales evidenciados en 2015, no quisieron figurar como donantes de Cambiemos en 2017?
El Presidente fuerza el tratamiento de una reforma que genera rechazos, previsiblemente, en sectores que tienen menos vínculos que el PRO con las grandes empresas de la Argentina, muchas de ellas beneficiadas por decisiones de la Casa Rosada desde 2015. Por eso, la iniciativa es cuestionada a uno y otro lado de “la grieta”. El Poder Ejecutivo incluyó el tema en una extensión del período de sesiones extraordinarias a partir de proyectos del Senado, luego de que no prosperara una iniciativa propia en Diputados, en donde se evidenció el firme veto de Elisa Carrió y de sectores de la UCR. Asimismo, algunos gobernadores peronistas se tienen fe con el nuevo esquema propuesto por el macrismo y se aprestan a respaldarlo movilizando el voto de los senadores.
Alejados de la urgencia, se podría elaborar transversalmente un diagnóstico que amplíe la agenda de temas a reformar en materia de financiamiento político. Por ejemplo, la revisión integral del débil e ineficiente sistema de controles y sanciones, la inclusión de la compleja cuestión de la regulación del uso de redes sociales, y la divergencia en los marcos normativos que existen entre Nación y las jurisdicciones provinciales, fuente de severas distorsiones y nocivo en términos de equidad y transparencia.
El proyecto que analizan los senadores no se priva de dedicar un artículo a un reclamo de las empresas de medios de comunicación: reducir a la mitad el tiempo diario de programación que deben ceder a los partidos políticos en tiempos de campaña. De los intereses de los ciudadanos, poco y nada.
