Es un paquete que incluye la Ley Pyme, el blanqueo laboral, Lealtad Comercial, Defensa del Consumidor y la Economía del Conocimiento. Buscarán enviar los proyectos al Congreso a partir de marzo.
La polémica foto que circuló en las redes sociales en la que el Ministerio de Producción intentó graficar cómo un 20% de los contribuyentes aporta el 99,4% de la recaudación eclipsó el análisis del paquete productivo que existe detrás de esa imagen.
El ministerio que dirige Dante Sica prepara un conjunto de cinco leyes de «transformación productiva» que enviará al Congreso a partir de marzo, cuando arranquen las sesiones ordinarias, y que buscarán reducir el costo laboral e impositivo, además de fomentar la transparencia, competencia e incorporación de tecnologías. ¿Cuáles son esos proyectos?
– Ley Pyme: prevé un nuevo marco tributario para el desarrollo de emprendedores y pequeñas y medianas empresas. «Tenemos un sistema tributario regresivo que impide la creación de nuevas empresas y el crecimiento de las existentes. Fomenta la evasión impositiva y la competencia desleal», afirma el documento, que agrega que la propuesta apunta a aplicar la progresividad impositiva y avanzar en la simplificación.
Argentina es uno de los pocos países del mundo que no tiene un tratamiento impositivo diferenciado para las pymes, que generan la mayor parte del empleo. Según el documento, el 90% de las empresas nace microempresa y generan el 45% del empleo nuevo cada año.
En lo que respecta a las personas que están inscriptas como monotributistas, el objetivo es lograr que se pasan al régimen de autónomos. Para ello, habrá incentivos como crédito fiscal para amortigua el impacto, bloqueo fiscal y unificación de presentación y pagos de las declaraciones juradas con las provincias. Y para los autónomos, habrá una deducción especial pyme, que ascendería a $ 85.849. También habría progresividad en la cuota de monto fijo a porcentaje variable y bloqueo fiscal.
Hoy, para un monotributista que factura $ 1.151.067 anuales paga $ 66.787, mientras que si factura ese valor más $ 1, está obligado a pasarse al régimen general y abona por año $ 132.987. Según la propuesta, con una facturación de $ 1.151.067 más $ 1 pagaría $ 67.633 anuales.
Para las sociedades, el proyecto contempla alícuotas diferenciales de Ganancias según se trate de una micro (22%), una pequeña (25%) o una firma mediana tramo I (28%). Hoy todas pagan 30%, desde la reforma tributaria. Desde 2020 en adelante, las alícuotas bajarían incluso más hasta 17%, 20% y 23%, respectivamente. El proyecto también contempla una reducción en la tasa que pagan los socios por distribución de dividendos.
– Ley de «Blanqueo laboral» o Fortalecimiento de los derechos de los trabajadores informales. El objetivo es incentivar el blanqueo, desincentivar la litigiosidad laboral, disminuir la inseguridad jurídica y aumentar la recaudación del sistema previsional. Hoy hay 71% de informalidad en pymes de hasta 5 empleados y 45% de los juicios laborales son por trabajo no registrado.
Entre los puntos que destaca la presentación sobre este proyecto, se destaca la «condonación de las deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social»; la eximición de sanciones administrativas y contempladas en la ley penal tributaria; y la extensión de los beneficios dos años hacia adelante, con excepción de los aportes al sistema de salud.
En cuanto a las multas, el proyecto reduce el monto y las destina a la Seguridad Social en lugar de al trabajador. Entre otras medidas, figura la posibilidad de crear un fondo de cese laboral.
– Ley de Lealtad Comercial: buscará reforzar la protección a las pymes contra las grandes empresas. El Gobierno ya logró la sanción de la nueva Ley de Defensa de la Competencia, por lo que con este proyecto intentarán impulsar mayores controles.
Esta norma regula la exhibición de precios en comercios, las ofertas y promociones, la publicidad, los concursos, el rotulado de los productos, el contenido neto de productos, las diferencias entre el precio exhibido en góndola y el facturado en caja en supermercados, entre otras conductas. Con los cambios, buscarán endurecer las sanciones por incumplimientos y actualizar tipos de delito.
– Ley de Defensa del Consumidor: la ley 24.240 tiene 25 años de antigüedad y sólo se le hicieron algunos cambios en 2008. Con este proyecto, el Gobierno buscará hacer una reforma integral de la normativa para modernizarla.
Proteger a los sectores más vulnerables; actualizar el régimen sancionatorio establecimiento como unidad el Salario Mínimo Vital y Móvil (hoy las multas van desde los $ 100 a los $5 millones, pero los montos quedaron muy desactualizados); contemplar el e-commerce; posibilitar el arbitraje online y los reclamos digitales; y establecer un régimen más estricto para el funcionamiento de las asociaciones de consumidores.
– Ley de la Economía del Conocimiento: se tratará de una ley más amplia y moderna que la ley del Software, ya que busca incluir, además del software, a los sectores audiovisual, ingeniería para electrónica, minería y energía, centros de exportación de servicios profesionales, ensayos y análisis técnicos, investigación y desarrollo, fabricación de bienes 4.0, biotecnología y el sector aeroespacial y satelital.
El proyecto establece un mínimo no imponible de $30.000 para el pago de las contribuciones patronales; una alícuota del 15% en Ganancias; fomento a nuevas microempresas si acreditan el 70% de la facturación en economía del conocimiento; y la creación de centros de servicios de exportación.
El objetivo, remarcó el Gobierno, es duplicar el empleo en estos sectores (350.000 empleados); multiplicar por 2,5 las exportaciones (USD 14.000 millones) y aumentar 25% las ventas al exterior por trabajador. El costo fiscal sería de $ 4.290 millones el año próximo.
