El Equipo Argentino de Antropología Forense, reconocido en todo el mundo, anunció la suspensión de sus actividades en el país –que incluyen la identificación de víctimas de Malvinas, AMIA, femicidios y desaparecidos– porque el Gobierno aún no le giró los fondos acordados por lo realizado en 2018.
El Equipo Argentino de Antropología Forense, que desde hace casi 35 años trabaja en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante el terrorismo de Estado, anunció ayer la suspensión de sus actividades en la Argentina porque el gobierno de Cambiemos no le giró los fondos acordados por actividades que desarrolló durante todo el año. “El EAAF no podrá continuar con la identificación de los soldados de Malvinas, la búsqueda de desaparecidos de la dictadura y la colaboración en casos de femicidios, trata de personas, desapariciones actuales o causas complejas como AMIA, entre otras”, informó.
Organismos de derechos humanos y de ex combatientes de Malvinas manifestaron de inmediato su preocupación por el anuncio y su reclamo para que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos respete el convenio que firmó. La cartera que encabeza el ministro Germán Garavano difundió un comunicado en el que confirmó que recién ayer “procedió a la autorización del pago”, léase que continúa el trámite administrativo, y no precisó cuándo se concretará. “Esperamos que esto haya sido solamente un traspié en la relación con el Estado”, se esperanzó Luis Fondebrider, miembro fundador y director ejecutivo de la institución.
El EAAF es una organización científica no gubernamental que actúa desde el retorno de la democracia como perito en causas judiciales y que brinda una meticulosa asistencia a familiares de víctimas en el proceso de búsqueda, identificación y recuperación de sus seres queridos. El organismo es reconocido en el mundo por su trabajo en el hallazgo de fosas clandestinas de la dictadura y por la identificación de más de 400 desaparecidos.
Desde 2005, presidencia de Néstor Kirchner, el EAAF firma cada año un “Convenio de Cooperación y Asistencia Financiera” con el Ministerio de Justicia a través de la Secretaría de Derechos Humanos, que le permite solventar en parte sus actividades en el país. En el marco de esos acuerdos prestó colaboración en causas como la de Santiago Maldonado, el atentado de la AMIA, la investigación sobre la muerte de Carlos Menem Jr. o la recuperación e identificación de víctimas de la caída de una avioneta en el Delta. En los últimos años tuvo además un rol clave en la identificación y restitución de los restos de soldados caídos en Malvinas y enterrados como NN en el cementerio de Darwin.
Mientras los convenios se negociaban normalmente en los primeros meses del año y se firmaban en abril, en 2018 por demoras ajenas a la institución la firma se concretó a fines de octubre. A lo largo del año el EAAF, además de sus trabajos históricos, asumió la tarea adicional de capacitar en ciencias forenses a personal judicial y de fuerzas de seguridad. El organismo “realizó estas actividades a la espera de la transferencia de la asistencia acordada, quedando en una situación financiera crítica para sus trabajos en la Argentina”, explicó.
La novedad en el tercer año del gobierno de Mauricio Macri es que a diez días de fin de año el Estado no liberó aún los fondos comprometidos: 20 millones de pesos. “El EAAF es completamente independiente en su trabajo, que se basa en criterios científicos. Contamos con personal especializado, gastos operativos e insumos que deben ser cubiertos y no estamos en condiciones de hacerlo sin esos fondos”, argumentó el EAAF, que tiene una planta de 65 trabajadores (una tercera parte en el exterior). Si bien recibe financiamiento privado de fundaciones de Europa y Estados Unidos, y de algunos estados europeos, esos fondos no son para los programas en la Argentina, que cubre esencialmente el Estado ya que las intervenciones son en el marco de causas judiciales o bien a pedido de Cancillería, como ocurrió este año en Bolivia en la causa por la búsqueda de María Cash.
“Todos los pasos administrativos del convenio con el ministerio se han visto demorados y todavía no sabemos si nos transferirán lo correspondiente a 2018. Tampoco si la transferencia será por el total comprometido”, explicó Fondebrider. “Los funcionarios consultados señalan que van a transferir la mitad del monto acordado”, relató. Hasta ayer esa promesa no se cumplió. “Es una situación muy delicada porque afecta expectativas de familiares y trabajos ya iniciados”, agregó el director ejecutivo.
El Ministerio de Justicia difundió anoche un comunicado en el que confirmó el incumplimiento a su manera. Detalló que las actuaciones se iniciaron en la secretaría a cargo de Claudio Avruj el 29 de agosto (omitió decir que demoró cuatro meses, ya que el EAAF presentó el proyecto en abril), que se acordaron dos pagos de 10.091.205 pesos, que el convenio se firmó el 30 de octubre y llegó a la dirección administrativa el 5 de noviembre. Agregó que el Ministerio de Hacienda sólo autorizó el pago de la primera cuota y que ayer “el Ministerio de Justicia procedió a la autorización del pago”, sutil admisión de que el proceso sigue en trámite y que los fondos no llegaron al destinatario. “La transferencia de la segunda cuota queda supeditada a la rendición y aprobación de los gastos de la cuota anterior”, advirtió Garavano en el comunicado.
“Para miles de familias que seguimos buscando la verdad sobre las víctimas desaparecidas y esperamos encontrar sus cuerpos lo anunciado es una noticia terrible. El EAAF tiene reconocimiento mundial pero el gobierno de Macri lo desconoce”, alertó HIJOS Capital. “¿El presidente Macri va a cerrar la búsqueda de los desaparecidos? ¿Esto es parte de su política negacionista: no solamente negar a las víctimas sino también el derecho de las familias a encontrar sus cuerpos?”, planteó. El diputado y nieto recuperado Horacio Pietragalla recordó que “gracias al EAAF pude encontrar los restos de mi mamá y mi papá”, que “hay miles de familias que sueñan con enterrar a sus seres queridos” y lamentó que “este proyecto neoliberal sigue demostrando que es incompatible con políticas de Memoria, Verdad y Justicia”.
