Un abogado de Puerto Madryn denunció al gobernador Arcioni por el delito de «abuso de autoridad» por la emisión de 11 DNU prorrogando la Emergencia Económica que suspende las ejecuciones al Estado. La denuncia recayó en la Fiscalía de Rawson.
El abogado de Puerto Madryn, Ricardo Gabilondo, denunció penalmente al gobernador Mariano Arcioni por presunto «abuso de autoridad» al considerar inconstitucional el mecanismo que el mandatario empleó durante todo el 2019 para prorrogar la Emergencia Económica, valiéndose de 11 Decretos de Necesidad y Urgencia que no fueron refrendados por Diputados.
La denuncia fue presentada en diciembre pasado, antes de que el gobernador Arcioni consiguiera aprobar una nueva emergencia económica con la nueva composición legislativa. La acción judicial primero recayó en la Fiscalía de Puerto Madryn y, a comienzos de este año, fue derivada a jurisdicción Rawson.
En diálogo con Diario EL CHUBUT, Gabilondo comentó que la denuncia fue presentada a título personal, y reparó que se trata de un «delito de acción pública», que podría haber denunciado cualquier abogado o funcionario judicial. El denunciante aseguró que hay jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación que convalida su denuncia, que es extensiva a todos los ministros del gabinete que firmaron los 11 DNU. «El único que está en condiciones de resolver sobre la posiblidad de regular el tema de obligaciones incumplidas es el Estado Nacional», esgrimió el abogado el criterio de la Corte Suprema.
Irregularidades
El gobierno anterior de Mario Das Neves consiguió que la Legislatura apruebe una ley de emergencia económica, que impedía la ejecución de las sentencias contra el Estado provincial, y también ordenaban levantar cualquier medida cautelar.
Según explicó Gabilondo, cuando Arcioni lo sucedió al frente del gobierno, «se venció la ley de emergencia económica, y no tenía la mayoría parlamentaria para aprobarla». Eso llevó al nuevo Gobernador a emplear un nuevo mecanismo de prórrogas, a través de DNU, que no consiguieron la mayoría parlamentaria necesaria de dos tercios.
El abogado de Puerto Madryn explicó que, en primer término, la Constitución de Chubut prohíbe al Ejecutivo dictar actos de carácter legislativo en materia penal, electoral y presupuestaria. «La Constitución de Chubut dice que el Ejecutivo no puede dictar actos de carácter legislativo, y podría hacerlo en caso de necesidad y urgencia excepto en determinados temas que son penales, electorales. También incluye como supuesto vedado a la DNU la materia presupuestaria», describió.
De igual forma, Gabilondo reparó en que el Ejecutivo provincial incurrió en una «intromisión» en la órbita del Poder Judicial, al amenazar con sancionar a aquellos jueces que dieran curso a las ejecuciones contra el Estado. «Por un lado, un Decreto obliga a los jueces a no trabar medidas cautelares, lo que significaba una intromisión del Ejecutivo en la esfera del Poder Judicial, amenazándolo con denunciarlos ante el Consejo de la Magistratura», explicó el abogado.
El caso Alpesca
Curiosamente, Gabilondo reparó en que las normas dictadas en la emergencia «siempre dejaban a salvo la posibilidad de indemnización para la expropiación de Alpesca», lo que vendría a violentar el principio constitucional de igualdad ante la ley.
Sobre el caso de Alpesca, la denuncia penal expresa que «el referido expediente no tiene siquiera sentencia de primera instancia, sin embargo a quien resulte titular de las acciones de dicha empresa se le abonará seguramente una indemnización millonaria, mientras que a otras personas con sentencias favorables, en muchos casos por daños y perjuicios padecidos o bien por servicios prestados o bienes vendidos al Estado provincial nada les corresponderá y verán cómo el paso del tiempo licua sus acreencias».
Reclamo de los magistrados
La denuncia penal contra Arcioni podría reactivar las ejecuciones millonarias de los magistrados de Chubut que litigaron contra el Estado provincial en reclamo de la media patagónica, y los sucesivos decretos le pusieron un freno.
De igual forma, el litigio tendría incidencia directa en los reclamo que vienen llevando adelante los comercios y las empresas por los montos adeudados por el Estado.
Al iniciar el nuevo mandato, el gobernador Arcioni consiguió que la Cámara de Diputados sancionara una nueva ley de emergencia económica, pero la denuncia penal apunta a las prórrogas realizadas durante el 2019, que se constatan en los 11 DNU emitidos desde enero hasta diciembre de ese año.
