Una ONG denunció penalmente a Carlos Rosenkrantz por una supuesta quiebra fraudulenta de una empresa que tenía una franquicia de la hamburguesería McDonald’s en Pinamar y Villa Gesell.
La denuncia, de la que dio cuenta el diario Tiempo Argentino, es por el rol que tuvo el titular de la Corte Suprema cuando era el abogado de Arcos Dorados, que tiene en la Argentina la licencia de la casa de comidas rápidas.
Según la documentación presentada en dos expedientes judiciales, el juez -que atraviesa días complejos en la Corte- indicó en su momento la forma en que la empresa que estaba por quebrar debía transferir todos sus bienes para, de esa manera, perjudicar a los otros acreedores en el proceso de quiebra. Entre los afectados figuran la ANSES y la AFIP.
La denuncia la presentó Fernando Míguez, presidente de la Fundación para la Paz y el Cambio Climático, habitual recorredor de los tribunales con denuncias de corrupción. El expediente lleva el número 21968/2018 y quedó radicado ante el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Daniel Rafecas, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita.
A Rosenkrantz se lo imputa como «organizador de una asociación ilícita» mediante la cual se perpetró «una quiebra fraudulenta» con un perjuicio para los acreedores de más de 20 millones de pesos.
El texto explica que en octubre de 2015, cuando aún no había sido designado por decreto en la Corte, Rosenkrantz se contactó con los abogados de la firma Operadora de la Costa SA, franquiciantes de McDonald’s en dos localidades costeras y con graves problemas económicos que la encaminaban hacia la quiebra.
«Los Dueños de Operadora de la Costa y Arcos Dorados Argentina vaciaron la primera compañía con una compleja maniobra para eludir la Ley y evitar pagar millonarias deudas», indica y agrega que «una quiebra es una manera en la que una empresa dice ‘no puedo pagar’ y pone a sus acreedores en igualdad de condiciones. Dicen ‘hay tanto’ y se reparten en partes iguales para todos los acreedores. Cuando se beneficia a algunos de estos acreedores ocurre lo que en derecho penal se llama quiebra fraudulenta, que es aquella en la que no hay igualdad entre los acreedores», explica.
En ese sentido, aclara que «Rosenkrantz le dice a la parte que esta por quebrar que tienen que hacer toda una maniobra para que Arcos Dorados se quedara con la plata que le correspondía al resto de los acreedores», y esa supuesta maniobra se configuró mediante la creación de la empresa «40 Uno SRL», a la que le fueron transferidos todos los activos de Operadora de la Costa, la firma que estaba por quebrar.
«Operadora de la Costa puso a disposición para embargo sus inmuebles además sus bienes muebles y hasta el fondo de comercio. Luego del embargo, la empresa y la multinacional -asesorada por Rosenkrantz- hicieron desaparecer todos esos bienes y activos al igual que todo el dinero resultante, simulando falsas ventas a terceros», añade el escrito, que incluso menciona la supuesta utilización de «un acta de directorio y otra de asamblea falsificadas», dice-
De acuerdo con la denuncia, «Rosenkrantz es quien le dice a la parte que está por quebrar que tienen que hacer toda una maniobra, como por ejemplo pasarla a testaferros para que la empresa Arcos Dorados se quedara con la plata que le correspondía al resto de los acreedores. Buena parte del patrimonio se sustrae de la garantía común de los acreedores quedando en mano de la empresa que representaba Rosenkrantz».
El juez Rafecas deberá resolver en los próximos días si le «corre vista» al fiscal Pollicita para que decida si impulsa o no la investigación, o si directamente le delega a él la tramitación de la causa. En virtud de la cercanía de la feria judicial de enero, todo parece indicar que el expediente comenzará a moverse en febrero próximo.
